Zonas Calientes 2017: Turquía y el PKK

Las relaciones entre la Unión Europea y Turquía están marcadas por la incertidumbre, con la segunda inmersa en un mapa regional con líneas divisorias estratégicas cambiantes y enfrentada a multitud de retos. Los ataques del Estado Islámico, las presiones resultantes de acoger a tres millones de refugiados sirios, una economía en deterioro y una situación doméstica agitada tras el intento de golpe de Estado, a lo que hay que sumar una polarización social y política cada vez mayor. Por si fuese poco, a todo ello hay que añadir un recrudecimiento del conflicto entre el Estado y el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK).

Reflejando las animadversiones arraigadas históricamente, el estado interno del país –cada vez más agitado– y las consecuencias secundarias del cercano conflicto sirio, la reavivación de las disputas con el PKK han dejado ya aproximadamente 2.500 fallecidos y más de 300.000 desplazados desde julio de 2015. A fin de recuperar la estabilidad nacional, la violencia tiene que quedar bajo control y de nuevo encaminada hacia un arreglo sostenible del conflicto. En este contexto cargado de tensiones, la UE –cuyas relaciones con Ankara han sufrido mutuamente periodos de decepción y traición– tiene en su mano la posibilidad de perfeccionar y coordinar más eficientemente su estrategia hacia Turquía, con visos a calmar el conflicto en el sureste del país por un lado, y frenar el giro estratégico que parecen tomar las relaciones, por otro.

Un conflicto agravado por momentos

Además de las víctimas mortales y las personas desplazadas, los encontronazos violentos entre las fuerzas de seguridad y el PKK entre diciembre de 2015 y junio de 2016 han dejado a su paso pueblos y distritos enteros del sureste de Turquía destruidos. En los últimos meses, los militantes del PKK han aumentado el número de ataques con artefactos explosivos improvisados (AEI) en la grandes ciudades del país. Se espera que la lucha sostenida en el sureste del país, apaciguada por la entrada del invierno, retorne con fuerza en la primavera.

La respuesta represiva desde Ankara ante el movimiento político kurdo se ha intensificado. Doce parlamentarios del pro-kurdo Partido Democrático del Pueblo (HDP), incluyendo los copresidentes del mismo, más de 60 alcaldías compartidas y miles de militantes y simpatizantes del partido han sido arrestados bajo criterios vagamente definidos, de propaganda, apoyo o militancia en una organización terrorista. Más de 150 periodistas han sido detenidos en base a la ley antiterrorista, algunos por presunta vinculación al PKK.

En el norte de Siria, la operación militar desde Ankara “Escudo del Éufrates” tiene por objetivo, entre otros, bloquear los ingresos de las Unidades de Protección Popular (YPG) afiliadas al PKK y, en particular, detener el proyecto conjunto del PKK y las YPG de crear un pasillo contiguo de territorio kurdo a lo largo de la frontera entre Siria y Turquía. Ankara ha amenazado con presionar militarmente la ciudad siria de Manbiy, controlada por las YPG, lo que desembocaría en una confrontación armada entre las tropas turcas y los combatientes kurdos del norte de Siria.

Todas estas dinámicas han empequeñecido las posibilidades de retomar las negociaciones de paz entre el gobierno y el PKK, pese a ser la única vía para lograr una solución duradera. A corto plazo, las tareas primordiales son evitar a toda costa una escalada de violencia, conseguir una reducción de las confrontaciones en el sureste y preparar el terreno para un nuevo proceso político.

¿Cómo puede la UE mitigar el conflicto?

Ante esta coyuntura, difundir una narrativa antioccidental y aumentar los niveles de desconfianza entre la UE y Turquía reducen las posibilidades de cooperación, incluyendo aquellas que permiten a la UE tener un impacto significativo asistiendo a Turquía en la búsqueda de soluciones en el conflicto con el PKK. Los dos imperativos –mejorar las relaciones y poner fin al conflicto– forman un círculo cerrado que necesita de ambos. Al mismo tiempo, envuelta en el conflicto sirio, la UE necesita una mejor integración de sus políticas hacia Siria, Turquía y Rusia. La UE no puede, dadas las circunstancias, reducir su papel a una asistencia diplomática hacia la solución del conflicto con el PKK, sino que debe reducir las tensiones existentes entre la propia Unión y Ankara. Esto requiere la implementación de sus propios compromisos, como la liberalización del visado para ciudadanos turcos, lo más pronto posible, mientras mantiene una postura firme sobre las normas internacionales de derechos humanos.

Las instituciones y Estados miembros de la UE deberían continuar dando apoyo a las iniciativas civiles para solventar el conflicto con el PKK. Una asistencia europea hacia la prensa local y las plataformas de la sociedad civil que informan de manera independiente e imparcial sobre la cuestión kurda es muy importante para que estas organizaciones puedan seguir cumpliendo su función.

Para que un proceso de resolución pacífica tenga éxito y perdure en el tiempo, las violaciones de los derechos humanos, y la sofocante presión sobre la libertad de expresión de aquellos que reivindican servicios para la comunidad kurda, como la descentralización política y la enseñanza de la lengua materna, deben ser cuestiones presentes en la mesa de negociación. Sin embargo, el apoyo europeo a reformas como estas es generalmente desacreditado por los líderes políticos turcos y los círculos nacionalistas como un apoyo directo al PKK. Estas críticas, además de buscar una desestabilización de otros intereses estratégicos con Ankara (como la cuestión de los migrantes y refugiados, el contraterrorismo, la inversión y el comercio), ha dejado a los Estados miembros de la UE reacios a involucrarse en asuntos relacionados con los kurdos. No obstante, los últimos movimientos políticos desde el gobierno turco, a raíz del dictamen de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa sobre el estado de emergencia impuesto mediante decreto legislativo, que insta a una mayor protección de los derechos humanos, dan muestra de que hay en efecto posibilidades de influenciar positivamente un mayor respeto a los derechos humanos a través de los mecanismos internacionales compartidas con Ankara.

Sobreponiéndose al impasse de las leyes antiterroristas

Con las negociaciones para la adhesión de Turquía a la UE estancadas, la liberalización de los visados es la baza más atractiva que tiene Bruselas para revitalizar la relación. Sin embargo, depende principalmente de que Turquía rectifique su legislación antiterrorista. La UE contempla esto como un elemento clave para lograr una solución a largo plazo a la cuestión turca, pero le gustaría ver esta legislación draconiana reformada, ya que también cabría una aceptación de más ciudadanos kurdos aptos para recibir asilo en la UE: solamente Alemania recibió más de 5.000 solicitudes desde Turquía en 2016, cuatro quintos de las cuales fueron de origen turco. Ankara defiende que la ley responde proporcionalmente a la amenaza que enfrenta. A pesar del enfrentamiento público, los altos cargos de Turquía anuncian que el país estaría dispuesto a considerar un reajuste legislativo para adecuarse a los requerimientos de la UE en primavera. Una vez que las condiciones puestas por la UE sean cumplidas, Bruselas deberá activar rápidamente la liberalización de las visas.

Las instituciones y capitales europeas deberán explicar con acierto y premura que las reformas esperadas en la legislación antiterrorista turca no minarán de ningún modo las medidas necesarias para restablecer el orden público y combatir el terrorismo, sino que están pensadas para ayudar a Turquía a permanecer asentada en sus propios compromisos de respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. A fin de evitar que la población turca interprete las condiciones de la UE como una injerencia a su soberanía nacional, esta necesita explicar abiertamente que las leyes antiterroristas, en su forma actual, convierten a los ciudadanos turcos en potenciales solicitantes de asilo en Europa, por las presiones que ejercen especialmente sobre aquellos profesionales dedicados a la información y activismo político.

Los Estados miembros de la UE necesitan también comunicar más explícitamente su posición con respecto al PKK –listado por la UE como una organización terrorista– tanto a la ciudadanía turca como a Ankara. Esto ayudará a superar la difundida impresión de la Unión Europea como refugio de los activistas del PKK y facilitadora de los flujos financieros hacia la organización. La UE debería publicitar las medidas que actualmente emprende contra el PKK pero que son desconocidas para gran parte de la ciudadanía turca, como por ejemplo la investigación que está llevando a cabo Alemania de unos 4.000 nombres supuestamente vinculados al PKK por razón de una serie de delitos denunciados, y la operación británica para frenar la financiación del PKK a través de afiliaciones basadas en Reino Unido.

Haciendo que el pacto sobre refugiados funcione

Resulta vital para la estabilidad de la relación el mantenimiento del pacto sobre refugiados establecido en marzo de 2016 y su funcionamiento, complementando este esfuerzo a través de un reconocimiento tácito de la pesada carga que soporta Turquía en parte como consecuencia de la posición mantenida por Europa. A pesar de todo lo controvertido del pacto, su incumplimiento y desmonte sería un desastre. No solo dañaría las relaciones entre la UE y Turquía y socavaría la cohesión interna en Europa, sino que –más importante– crearía inseguridad adicional para la comunidad de refugiados. Mientras que el flujo financiero desde la UE para lidiar con los refugiados sirios ha reducido la retórica negativa proveniente de Ankara, la percepción de que los Estados miembros de la UE priorizan la detención del flujo de refugiados desde Turquía ha dado indudablemente a Ankara una sensación de ventaja con respecto a otras contrapartes europeas.

Los Estados miembros de la UE necesitan continuar con un apoyo a la integración de los refugiados en el mercado laboral y el sistema educativo turcos, centrándose en favorecer la cohesión social a través del trabajo de ONG que operan a nivel local y comunitario para enriquecer el diálogo social y atenuar las tensiones entre la población local y la refugiada. Esto, por supuesto, sería un imperativo adicional a la necesaria oferta hacia los migrantes de una alternativa a poner sus vidas en peligro a través de la reinserción, como una clara muestra de un mayor compromiso con un reparto equitativo de la carga.

Política Exterior publica en español la serie «Watch List 2017» («Zonas Calientes 2017») elaborada por Crisis Group para alertar de las amenazas actuales a la paz y estabilidad internacionales. Se analizan los conflictos en la cuenca del Lago Chad, Libia, Myanmar, Nagorno Karabaj, Sahel, Somalia, Siria, Turquía, Venezuela y Yemen.