Zona de adyacencia, el caso de Belice-Guatemala

El 15 de abril de 2018 se llevó a cabo el referéndum en Guatemala para decidir si los Estados de Guatemala y Belice se sujetarán voluntariamente a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para resolver el diferendo territorial del «zona de adyacencia», que abarca 11.030 kilómetros cuadrados más salida al mar y área insular de los 22,966 kilómetros cuadrados del territorio beliceño.

Dicha consulta se ha realizado en medio de un ambiente de incertidumbre, desconocimiento y desinformación. La mayor parte de la población no sabía que habría un plebiscito y tampoco había claridad sobre su objeto.

Por otro lado, Guatemala se ha caracterizado por ser un país con baja participación electoral. Con datos preliminares del TSE (92,62% de votos válidos al 16 de abril), de los siete millones y medio de guatemaltecos empadronados (de una proyección de 17 millones de habitantes), el 73,67% se abstuvo de votar. Del 26,33% que votó, 95,87% optó por el Sí y 4,13% dijo No.

Fuente: Prensa Libre

Antecedentes

Aunque Belice fue reconocido como Estado en 1981 por la ONU y por Guatemala diez años después, el conflicto se remonta al Tratado de París (1783) mediante el cual España cedió a Gran Bretaña parte del territorio de lo que hoy es Guatemala. De ahí la discrepancia entre los expertos respecto a si Guatemala reclama solamente la zona de adyacencia o el territorio beliceño en su totalidad.

Desde el siglo XIX han existido múltiples intentos por resolver el conflicto: que Guatemala cediera el espacio a cambio de una compensación que incluía que Gran Bretaña construyera una vía de comunicación desde la capital guatemalteca hasta la frontera beliceña; se intentó asimismo acordar ceder el espacio a cambio de una compensación económica; otra vía propuesta fue someterse a un arbitraje internacional. En ninguno de los casos se llegó a un acuerdo.

En 2002, aceptando las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) surge una comisión tripartita conformada por Belice, Guatemala y Honduras para establecer las fronteras marítimas, pero tampoco logró acordarse nada. En 2008, finalmente, se firmó el «Acuerdo especial para someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala» del que deriva el plebiscito del 15 de abril.

Este ya intentó realizarse en 2013, pero fue suspendido mediante una inconstitucionalidad planteada ante la Corte de Constitucionalidad en virtud de las inequidades existentes en el Protocolo del Acuerdo en cuanto a las condiciones para que la consulta fuera válida en ambos países. Dichas diferencias se resolvieron, acordando que en ambos países el referéndum sea válido con el voto por mayoría simple.

En caso de que en ambos países la mayoría vote por el Sí, será la CIJ quien decida qué pasa con el territorio disputado; la sentencia será inapelable. Si en ambos países o en uno de ellos gana el No, entre las opciones está repetir el referéndum o buscar otras vías de resolución del conflicto.

Los que llaman a votar y los que llaman a no votar

En medio de la confusión se ha llamando a votar y a no votar. Quienes llamaban a votar por el Sí lo hicieron señalando, entre otras razones, que es tiempo ya de resolver el conflicto, sobre todo por la necesidad de definir fronteras claras que brinden certeza jurídica a los ciudadanos de ambos países. También porque el conflicto se ha utilizado repetidamente como cortina de humo para desviar la atención de problemas coyunturales y para erogar fondos del Estado innecesariamente. Quienes llamaban a votar por el No lo hicieron aduciendo la desinformación que había sobre el referéndum.

Asimismo, hay grupos conformados por mayorías excluidas que han llamado a no votar, entre ellos la Coordinadora para el Desarrollo Campesino (Codeca) y el Colectivo Región Norte. Este último, conformado por mayas qeqchíes que señalan que nunca se ha tomado en cuenta la opinión de los pueblos q’eqchi’, mopán y garífuna que ancestralmente habitam la Región Norte (que incluye la zona de adyacencia) para la resolución del conflicto.

Cortina de humo y postura de Belice

Estratégicamente, el referéndum se ha realizado en Guatemala en medio de la elección del fiscal general de la República y jefe del ministerio Público, que por las circunstancias actuales podría significar un retroceso en la lucha contra la corrupción. En Belice, donde hay igualmente llamados a votar (por el Sí y por el No) y a no votar, ni siquiera han establecido una fecha para llevar a cabo el plebiscito.

Pese a las consultas populares, el conflicto está lejos de resolverse, aun sometiéndose a la jurisdicción de la CIJ, pues se trata de un proceso judicial complejo, largo y oneroso. Mientras tanto, la consulta ha costado a Guatemala 30 millones de euros que podrían haberse utilizado para solventar problemas estructurales en las áreas de salud, educación, seguridad y justicia, y que podrían haberse ahorrado llevándola a cabo en 2019, el mismo día de las elecciones generales.