Violencia y política en Guatemala

La Conferencia de Seguridad de Centroamérica del 22 y 23 de junio de 2011 tendrá lugar en un país golpeado con fuerza por la violencia. Según un informe del departamento de Estado de EE UU, partes enteras de Guatemala se encuentran bajo el control de organizaciones dedicadas al narcotráfico. Por las fronteras guatemaltecas pasa más del 25% de la producción de cocaína mundial, unas 250 toneladas. Con una tasa de homicidios que superan los 6.000 al año, agravada por la presencia del narcotráfico, Guatemala se erige como el lugar idóneo donde tratar de ofrecer soluciones al problema de la inseguridad en Centroamérica.

En el número 140 de Política Exterior, de marzo-abril de 2011, Ivan Briscoe y Martín Rodríguez Pellicer, investigador del Instituto Clingendael y periodista guatemalteco, respectivamente, analizan los desafíos del país centroamericano. El artículo se titula “Guatemala, la lógica del Estado mínimo”. Allí explican que la cultura política de Guatemala está basada en el miedo, el clientelismo, la impunidad y la actividad clandestina. Todo ello, resultado de una guerra civil de casi cuarenta años, cuya herencia se ha visto agravada por una grave crisis económica y, principalmente, por la dificultad de construir un Estado fuerte.

“Por el momento, en lugar de un Estado más coherente y eficiente –explican Briscoe y Rodríguez Pellicer–, la corrupción ha aumentado en todos los niveles, públicos y privados”. Y el dinero negro procedente del crimen organizado llega hasta el Congreso, el sistema judicial, la policía y la administración local.

Al debilitarse por dentro, los Estados centroamericanos como Honduras, El Salvador o la propia Guatemala pierden soberanía sobre sus territorios. Los barrios, a manos de pandillas o maras, que no hay que confundir como el crimen organizado; y las zonas rurales, a manos de los narcos.

Según escribía en el diario El País Joaquín Villalobos, antiguo guerrillero salvadoreño, el déficit principal de seguridad en Centroamérica está en la dimensión y calidad de sus policías y Fuerzas Armadas. “El problema es que más policías y militares implica más impuestos –explica Villalobos–. Sobre ese tema las palabras de un amigo colombiano a un grupo de empresarios de la región fueron lapidarias: ‘La seguridad que les falta, son los impuestos que no pagan’”.

En ese contexto de inseguridad, Guatemala celebra elecciones generales en septiembre. El Internacional Crisis Group (ICG) ha elaborado un informe, titulado “Guatemala’s Elections: Clean Polls, Dirty Politics”, donde advierte sobre el riesgo de que la violencia y la financiación irregular pongan en peligro las instituciones políticas. Entre las recomendaciones del ICG para la campaña electoral destacan las sugerencias de rebajar la retórica inflamatoria, reforzar la seguridad, una mayor transparencia sobre las fuentes de financiación de los partidos y el envío de una misión de observadores electorales.

Para más información:

Manuel Alcántara Sáez, «Centroamérica: viejo escenario en tiempos nuevos de crisis». Política Exterior núm. 131, septiembre-octubre 2009.

Michael Shifter, «Libros: Guatemala, violencia política e impunidad». Política Exterior núm. 131, septiembre-octubre 2009.

Luis Esteban G. Manrique, «Guatemala se reinventa». Política Exterior núm. 121, enero-febrero 2008.