Violencia electoral en México: el papel político del crimen organizado

El 1 de julio México vivió uno de los procesos político-electorales más importantes de su historia, tanto por la cantidad de cargos en juego como por el avance de la competencia política y la institucionalización, a cuatro décadas del inicio del proceso de democratización. Esto contrasta con la ola de violencia sin precedentes que vive el país. Con una media mensual de más de 2.000 muertes dolosas –es decir, 80 asesinatos por día–, 2017 fue el año más violento en la historia de México desde que existen cifras, superando el récord de 27.199 homicidios en 2011. A ello se suma el alarmante saldo de muertos, desaparecidos y desplazamientos forzados que, desde el inicio de la denominada ‘‘guerra contra el narco’’, arroja alrededor de 150.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 310.000 desplazamientos forzados, según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Finalmente, las agresiones contra periodistas: de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo junto a Siria, un país que vive su séptimo año de conflicto armado.

El repunte de la violencia es claro a partir de 2007, desde que Felipe Calderón declaró la denominada »guerra contra el narco», sacando al ejército a las calles para realizar labores que, en palabras de los más altos mandos, no les correspondían. Esto, además del saldo mencionado, propició la multiplicación de los grupos del crimen organizado, que pasaron de tres grandes cárteles en los años setenta –cártel de Oaxaca, cártel del Golfo y cártel de Guadalajara– a alrededor de nueve en la actualidad. De estos, como el cártel de Sinaloa, algunos tienen presencia consolidada a nivel global en más de 60 países. Pero al mismo tiempo, la fragmentación de la delincuencia organizada a nivel local vino acompañada de la proliferación de ‘‘brazos armados’’ (células delictivas que trabajan para las organizaciones criminales), siendo el primero de ellos los Zetas, un grupo de exmilitares de élite reclutados por Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo.

A partir del surgimiento de estas organizaciones, progresivamente el crimen organizado extendió sus actividades de exclusivamente tráfico de drogas a cualquier tipo de mercado ilegal que permita extraer rentas sociales (robo, secuestro, extorsión, trata de personas, etcétera), provocando algunos de los episodios más sangrientos en el país, desde el asesinato de un grupo de jóvenes mientras celebraban un cumpleaños en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, hasta los 72 migrantes hallados en San Fernando, Tamaulipas, o las 117 fosas clandestinas con más de doscientos cadáveres no identificados en Santa Fe, Veracruz.

‘‘No es que haya barbarie en nuestra democracia, sino que nuestra democracia es la barbarie’’, dijo al periódico El País el periodista e investigador Diego Enrique Osorno, testigo de primera mano de la violencia que vive México, así como de la evolución de los grupos del crimen organizado. Este escenario de violencia generalizada es indispensable para entender, a casi dos décadas de la primera alternancia en el ejecutivo federal y a más de tres de la primera a nivel local, un proceso político-electoral como el que tuvo lugar el 1 de julio. Como parte de la campaña electoral, se compitió por más de 4.300 cargos que renovaron la totalidad del Congreso federal, la presidencia de la república, ocho gubernaturas y distintos cargos a nivel local en 30 entidades (ayuntamientos, juntas municipales y alcaldías). Y aunque la violencia se explica a través de causas múltiples y complejas, los comicios pusieron en evidencia el interés por parte de diversos grupos paraestatales de influir en el proceso político-electoral, utilizando la violencia física y verbal como principal arma de control político.

Según datos de la consultora Etellekt, entre el 8 de septiembre de 2017 (inicio oficial del proceso electoral) hasta el 30 de junio de 2018, se registraron un total de 627 agresiones a políticos de todos los niveles, dejando un saldo de 145 asesinatos, 206 amenazas e intimidaciones, 85 agresiones físicas, 57 agresiones con arma de fuego, 52 atentados contra familiares (50 asesinados), 36 asaltos con violencia, 25 heridos con arma de fuego y 21 víctimas de secuestro.

De manera agregada, estas cifras incluyen a políticos de todos los partidos y de los tres niveles de gobierno: desde el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), hasta el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por un lado, así como a nivel federal, en las 32 entidades federativas y en el 16% de los municipios del país. Se trata, por consiguiente, de políticos que ocupaban tanto cargos de elección como de designación. No obstante, de los 130 políticos asesinados hasta una semana antes de las elecciones, 48 eran precandidatos y candidatos, y de los 179 que fueron víctimas de amenazas, 120 eran contendían para puestos de elección popular. Durante las 36 horas antes de la votación, se registraron 46 agresiones y nueve asesinatos.

Ahora, de los 48 candidatos y precandidatos asesinados hasta una semana antes de las elecciones, la mayoría de ellos contendía a nivel local (77%), seguido por quienes lo hacían a nivel estatal (20,8%) y a nivel federal (2%). Esto sugiere una mayor capacidad por parte de los grupos criminales para ejercer la violencia política a nivel local, así como en determinadas entidades federativas. Al considerar la dimensión territorial, el quinto informe de Violencia Política en México 2018 de Etellekt da cuenta de cómo alrededor de 30% de los asesinatos de candidatos y precandidatos tuvo lugar en el estado de Guerrero, seguido por entidades como Michoacán, Oaxaca, Puebla, el estado de México y Jalisco, con alrededor de 10%. Esto contrasta con entidades federativas como Quintana Roo, Coahuila o San Luis Potosí, que representan el 2%. Cabe señalar que, con 2.218 homicidios, Guerrero fue la entidad más violenta en 2017, seguida por el Estado de México y Chihuahua.

Esto podría arrojar luz respecto de la correlación de fuerzas entre los grupos criminales y el proceso electoral en dichas entidades, puesto que según datos del portal NarcoData de Animal Político, obtenidos a partir del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guerrero representa un importante centro de disputa entre el cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa, así como entre grupos que surgieron a partir de la fragmentación de ambos (los Zetas, los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana en el primer caso; el cártel Jalisco Nueva Generación y los Beltrán Leyva en el segundo). Finalmente, según la Procuraduría General de la República (PGR), Guerrero, donde tuvo lugar la desaparición de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, secuestrados por policías municipales y entregados al crimen organizado, es la entidad que cuenta con mayor presencia de grupos de la delincuencia organizada en el país.

Por otro lado, al analizar la dimensión partidista, la Coalición por México al Frente, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), con Ricardo Anaya como candidato, registró un total de 21 candidatos asesinados; la Coalición Todos por México, compuesta por el PRI, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (Panal), con José Antonio Meade, un total de 14; y la Coalición Juntos Haremos Historia, integrada por el Partido del Trabajo (PT), Morena y el Partido Encuentro Social (PES), con Andrés Manuel López Obrador, un total de nueve. Finalmente, tres candidatos que contendían a través de la figura independiente, entre ellos Omar Gómez Lucatero, quien aspiraba a regir la localidad de Aguililla, Michoacán, fueron igualmente asesinados.

Al margen de los resultados, sin duda el actual proceso electoral mexicano ha sido uno de los más importantes en la historia del país, pero también se ha convertido ya en uno de los más violentos. Al saldo pendiente de la larga y cuestionada transición política en México se suma la importancia de considerar, además de los retos institucionales y de competencia electoral que afronta el país, el avance y la evolución de la delincuencia organizada, así como los mecanismos que, con el objetivo de obtener beneficios privados y control sobre el territorio, estos grupos utilizan para influir en el proceso político-electoral en contubernio con funcionarios públicos de todos los niveles. Casos como el del general Jesús Gutiérrez Rebollo o el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva, condenados por brindar protección al cártel de Juárez, son solo un botón de muestra al que se suman políticos acusados por tener nexos con el crimen organizado, desde Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, exgobernadores de Tamaulipas, hasta Humberto Moreira y Jorge Torres López, exgobernadores de Coahuila o Jesús Reyna García y Fausto Vallejo, gobernadores de Michoacán. A la luz de los comicios, comprender los factores que explican la violencia política resulta indispensable para dilucidar las posibles implicaciones en el avance y retrocesos en el proceso de democratización mexicano.