Una vez más, estructuras médicas han sufrido ataques en Yemen. El 3 de diciembre un bombardeo de la coalición liderada por Arabia Saudí impactó contra un hospital de campaña de Médicos Sin Fronteras (MSF) cerca de la localidad de Taiz, dejando nueve heridos, entre ellos dos trabajadores de la organización. El 27 de octubre, otro hospital de MSF en Haydan fue bombardeado hasta quedar destruido por completo. Estos ataques se suman a otras agresiones a estructuras médicas que desde 2014 realizan las milicias de Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA).
Yemen es uno de los protagonistas del informe “Attacks on Health: Global Report”, elaborado por Human Rights Watch (HRW), pero no el único. En el último año, en Afganistán se han registrado 41 ataques contra hospitales, clínicas y personal de salud. El último y más conocido, el hospital de MSF en Kunduz.
Paradójicamente, en marzo de este año, la doctora Joanne Liu, presidenta internacional de MSF, elogiaba el respeto a la seguridad de los equipos médicos y la no injerencia en las misiones sanitarias en el conflicto. Los elogios estaban dirigidos a todos los implicados en la crisis afgana: el gobierno, los talibanes y la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF), liderada por Estados Unidos. Tan solo ocho meses después, un bombardeo estadounidense provocaba en Kunduz 30 muertos, 37 heridos y un hospital destruido. Mientras las autoridades afganas acusan a los talibanes de usar el centro de salud como un escudo humano, desde las tropas estadounidenses se limitaron a admitir la posibilidad de un “daño colateral”.
El informe de HRW también recoge los asesinatos de personal médico en Nigeria y Pakistán o los ataques en Sudán del Sur, donde 58 personas murieron a lo largo de 2014 en atentados a cuatro hospitales. Europa también está presente, ya que se estima que entre el 30 y el 70% de los sanitarios ucranianos han abandonado su país.
El caso de Siria es de los más desesperanzadores. Mientras continúan lloviendo barriles bomba, en la ciudad de Alepo apenas quedan 53 médicos de los más de 3.000 que tenía la ciudad antes de 2011. La capacidad médica en Siria se ha visto reducida casi a la nada. Mientras que el personal cualificado sirio continúa escapando del país, cada vez quedan menos especialistas en el terreno, por lo que todo el personal médico ha tenido que asumir responsabilidades y riesgos no siempre acordes con su formación. Asimismo, la falta de suministros y de personal imposibilita un acceso óptimo a la atención medica en todo el país.
En el conflicto, camino de su quinto año, al menos 610 personas pertenecientes a las organizaciones sanitarias han muerto y se han registrado 233 ataques deliberados o indiscriminados en 183 estructuras médicas. A través de un mapa interactivo mensual, Physicians for Human Rights ha documentado estos ataques.
Las conclusiones del estudio de HRW coinciden con las de Amnistía Internacional. Las fuerzas del régimen de Bachar el Asad han marcado como objetivos estratégicos las instalaciones médicas y a los profesionales de la salud en las zonas controladas por grupos armados rebeldes. Según el mapa de Physicians for Human Rights, el régimen de El Asad es responsable del 88% de los ataques registrados a hospitales y del 97% de las muertes de personal médico, ascendiendo a 569 el número de sanitarios asesinados entre abril de 2011 y octubre de 2014.
Esto está llevando a una compleja transformación del concepto médico entre la población que continúa en zona de conflicto. Según Teresa Sancristobal, de la Unidad de Emergencia de MSF España, solo existen dos países en el mundo donde los pacientes consideran que arriesgan más su vida pasando el postoperatorio en el hospital que haciéndolo en sus casa: Siria y Yemen. Esto da una idea de cómo se percibe entre la población la peligrosidad de los hospitales como objetivos estratégicos.
Todo esto es representativo de la erosión del principio de salvaguarda de la seguridad de los trabajadores médicos y del sistema de salud en un conflicto armado. A pesar de ser supuestos espacios protegidos bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH), las estructuras médicas en las actuales zonas de conflicto se han convertido en objetivos estratégicos militares. El DIH, también conocido como Derecho de la Guerra o ius in bello, es, actualmente, el único marco jurídico que regula las acciones de socorro en el contexto de un conflicto armado. Desde 2011, el gobierno sirio ha violado sistemáticamente este principio y está utilizando los ataques contra personal médico y las instalaciones como arma de guerra. Desde las organizaciones humanitarias reivindican la necesidad de respetar el DIH, y de ser informadas si las reglas del juego de la guerra han cambiado.