¿Vino nuevo en odres viejos? Corrupción y pandemia en Ecuador

Ecuador atraviesa en estos momentos una de las peores crisis de los últimos 20 años, al combinarse una economía en caída libre, la crisis sanitaria del Covid-19 y, por último, el deterioro político-institucional. Respecto a la primera, es evidente que la caída de los precios del petróleo afectó sobremanera a los ingresos fiscales del país desde 2014, acentuándose a lo largo de 2015. Desde ese momento, las bases de datos del ministerio de Economía y Finanzas reflejan que la deuda pública agregada (externa e interna) sobre el PIB ecuatoriano pasó del 29,6% al 52% solo para el período 2014-19. Para un sistema económico basado en un modelo exportador muy poco diversificado, la salida fue la de acceder al mercado financiero internacional. Primero, y coincidiendo con el último período de gobierno de Rafael Correa, y dadas la buenas relaciones bilaterales, con China. Ya con Lenín Moreno en la presidencia, los contactos se dirigieron principalmente al FMI y el Banco Mundial. Este sombrío panorama tuvo uno de sus puntos álgidos en octubre de 2019, cuando el intento presidencial de eliminar uno de los principales lastres de las cuentas públicas, los subsidios a los combustibles, derivó en paros, movilizaciones y altercados por todo el país, obligando al gobierno a recular.

Al delicado escenario anterior se sumó a inicios de este año la crisis sanitaria del coronavirus, cuyos elementos potenciadores en Latinoamérica expuso con claridad Francisco Sánchez en este artículo del 25 de marzo. Las imágenes de la ciudad de Guayaquil que circularon durante esos días por todo el mundo no son sino la conjunción de todas esas debilidades y factores económicos, sociales, laborales e institucionales. A pesar de las cifras oficiales, según The New York Times solo en esta ciudad litoral del Ecuador durante las dos primeras semanas de abril hubo ocho veces más fallecidos de lo habitual. La falta de medios sanitarios se hizo patente en los hospitales de un país donde la ratio de camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes es de 1,4 (en España es de tres) y tan solo dispone de 1.183 camas en unidades de cuidados intensivos a nivel nacional. Incluso en algunas provincias periféricas como Zamora-Chinchipe, Orellana o Galápagos no disponían de estas unidades, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Para cerrar, la fatiga de la democracia descrita por Manuel Alcántara se hizo visible en el ámbito político-institucional durante las protestas masivas de octubre de 2019 ya mencionadas, exacerbadas por un sistema social muy desigual y golpeado por la crisis económica del petróleo, con el eco de fondo de un movimiento correísta debilitado pero siempre atento a pescar en río revuelto. El sistema de partidos ecuatoriano se ha caracterizado por una alta fragmentación (5,5 partidos para el período 2006-2017, cuando el promedio en la región es de 4,1) y una volatilidad del 27,77%, lo que configura una Asamblea Nacional muy fraccionada y cambiante, que se traduce en un tremendo desgaste del ejecutivo a la hora de poder sacar adelante sus propuestas legislativas. Asimismo, la politización del poder judicial siempre secuestrado por el gobierno de turno y utilizado como elemento de persecución contra la oposición política, lo hace incapaz de dirimir con imparcialidad, generando una inevitable desconfianza ciudadana hacia este poder.

Corrupción en tiempos de pandemia: los odres viejos

La corrupción tampoco es un asunto nuevo en Ecuador. A pesar de los esfuerzos por investigar y enjuiciar casos acaecidos durante el gobierno de Correa, que han derivado recientemente en la sentencia que condena a ocho años de cárcel al expresidente –la sentencia del caso “Sobornos” incluye además la suspensión por 25 años de los derechos de participación política, lo que eventualmente impediría a Correa inscribirse como candidato presidencial o a alguna otra dignidad política para las elecciones generales de 2021–, y los continuos mensajes de Moreno en contra de estos actos, el país avanza muy lentamente en su lucha contra la corrupción.

La debilidad institucional arriba descrita influye en este fenómeno, puesto que los sistemas de control, fiscalización y judicialización se encuentran sometidos constantemente a presiones políticas, haciéndolos poco eficaces en su lucha contra las corruptelas. A eso hay que añadir un elemento de carácter político que ha entrado en juego durante las últimas semanas, al destaparse infinidad de casos de corrupción en medio de la pandemia que atraviesa el país y la región.

La realidad es que no hubo oxigenación en los altos cargos del gobierno actual. La inmensa mayoría provenían del correísmo y sus aliados. Sirvan los ejemplos del exalcalde de Cuenca, Paúl Granda, una figura cercana a Correa, quien renunció por un escándalo de sobreprecios de insumos médicos al frente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo mismo que la secretaria de Riesgos, Alexandra Ocles, antigua secretaria de Pueblos y que ocupó varios cargos en el actual gobierno antes de renunciar por un supuesto sobreprecio en kits de alimentos dirigidos a grupos vulnerables. La gota que colmó el vaso fue el descubrimiento de una trama de corrupción en hospitales públicos del país, repartidos entre los asambleístas y figuras afines como si fuesen botines políticos, a lo que se sumaba el trato de favor a familiares de los mismos, colocados a dedo en el servicio exterior. La sospecha de que la familia Bucaram (Abdalá Bucaram fue presidente de Ecuador entre 1996-97) pudiera estar detrás de algunas de estas tramas de corrupción hace pensar que los viejos grupos políticos en realidad nunca dejaron el poder.

Lo anterior precipitó el cierre de la secretaría Anticorrupción creada en febrero de 2007. Era un oxímoron en estos tiempos donde los escándalos de corrupción campan a sus anchas.

¿El vino nuevo?

Ecuador comienza a padecer los síntomas de las democracias en pandemia: exacerbación de los conflictos entre distintos niveles de gobierno (estatal-local) y cierta deriva autoritaria. Recientemente, la ministra de Gobierno declaró que el país no necesita paros ni movilizaciones, disuadiendo las que ya comienzan a convocarse desde ciertos sectores sociales y económicos. Con una democracia hastiada, erosionada por los casos de corrupción y con pronóstico crítico en cuanto a lo económico, la ventana de oportunidad se encontraría en las elecciones de febrero de 2021, si es que no son pospuestas.

Las opciones políticas para dirigir el país hasta 2025 siguen abiertas. Correa parece haber desistido de una candidatura que podría recaer en alguna figura cercana al expresidente. La declaración de apoyo de Correa a Jaime Nebot señala con fuerza al exalcalde de Guayaquil como presidenciable. Quién se postulará finalmente: nadie lo sabe con certeza.