Venezuela: polarización más allá de la ideología

La autoproclamación de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, como presidente de la República ha causado un gran debate en América Latina, amén de en el mundo entero (aquí un mapa con los países que han reconocido a Guaidó y los que siguen reconociendo a Nicolás Maduro). Para comenzar, se debate sobre si esta autoproclamación es legal o no, legítima o no, incluso si es una autoproclamación o simplemente proclamación. Se habla de la convocatoria de elecciones (presidenciales, legislativas, ambas), así como de la legitimidad de la Asamblea Nacional para poder asumir las tareas del poder ejecutivo en la figura de su presidente.

En este punto, resulta conveniente recurrir a evidencia que señale qué piensan los propios partidos de las elecciones y el órgano encargado de organizarlas, el Consejo Nacional Electoral (CNE). En el marco de la base de Datos de Élites Latinoamericanas de la Universidad de Salamanca (PELA-USAL), en abril y mayo de 2016 se entrevistó a los diputados de la Asamblea Nacional electa en las elecciones de diciembre de 2015. En esas elecciones se configuraron dos bloques en el poder legislativo. Por un lado, el oficialismo representado fundamentalmente por el PSUV con 55 escaños (33% de la cámara); por otro, la MUD, cuyos principales partidos son Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD), Voluntad Popular (VP, al que pertenece Guaidó, y dirigido por Leopoldo López) y Un Nuevo Tiempo (UNT) con 112 escaños (66% de la cámara). Se conformaba así una nueva correlación de fuerzas, un ejemplo más del siempre presente debate sobre equilibrio (inestable) de poderes en sistemas presidenciales. Dos fuerzas opuestas ocupan cada una un poder: PSUV la presidencia, la MUD la Asamblea.

En primer lugar, nos fijamos en el nivel de confianza de los diputados en esas elecciones parlamentarias en que fueron elegidos. A pesar de la victoria de la MUD, la confianza de sus principales partidos en este proceso electoral era relativamente baja, igual a o por debajo de la media. Por su parte, el PSUV valora de forma muy positiva el proceso electoral, a pesar, cabe remarcar, del retroceso de votos y escaños respecto a 2010. La Asamblea está ahora cuestionada por el propio PSUV. Luego vendría la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, pero el oficialismo no desconfiaba en un principio de las elecciones de 2015; de hecho, la oposición desconfiaba más, VP y PJ a la cabeza.

Las divisiones entre oficialismo y oposición se agrandan todavía más si atendemos no a unas elecciones concretas, sino al organismo encargado de los procesos electorales en Venezuela, el CNE. Mientras que por parte del PSUV hay una confianza absoluta en la institución, la valoración de la oposición es totalmente opuesta. Los cuatro principales partidos de la MUD opinan esta vez de forma más similar respecto al CNE: la diferencia entre AD, como el grupo que peor valora el CNE (10%), y el que mejor valora la institución, el VP (16,7%), es muy baja. Ya desde 2016 la oposición recelaba del CNE e incluso de unas elecciones donde consiguieron dos tercios de la Asamblea. Para el PSUV no había cuestionamiento, ni de las elecciones ni del CNE.

Retornando al siempre presente peligro, en palabras de Linz, del presidencialismo, la dimensión latente quizá más importante ahora en Venezuela es el conflicto que todo presidencialismo conlleva, dada su naturaleza institucional: el choque entre legislativo y ejecutivo cuando fuerzas antagónicas los ocupan.

Los datos confirman de manera clara que las diferencias van más allá de la confianza en una institución política o en el proceso electoral. El sistema político se ha ido tensando a lo largo de los últimos años, sin saber convivir en un nuevo escenario donde cada bloque controla un poder. Las actitudes de los diputados hacia el sistema político de Venezuela son muy dispares. Es común en toda América Latina, en base a los datos de PELA-USAL, que los diputados de la oposición apoyen mayores niveles de “parlamentarismo” (cercanos a 10 en la escala), frente a los mayores niveles de “presidencialismo” (cercanos a 1) de los diputados que pertenecen al partido o partidos en el gobierno. Sin embargo, en el caso de Venezuela esta dicotomía es especialmente marcada.

Esta es una manera de abordar la actual situación de Venezuela, desde la óptica de los equilibrios siempre inestables entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, y cómo los actores que los ocupan perciben las elecciones y el propio diseño institucional del país. Las diferencias entre estos dos bloques van más allá de posiciones ideológicas o modelos de integración regional.

Todos estos puntos, especialmente la convocatoria de elecciones, han emergido ahora con fuerza a la luz de los acontecimientos recientes. Pero las notables diferencias entre forma de gobierno y confianza en el CNE ya estaban ahí; al menos, desde 2016. Antes de la decisión del Tribunal Supremo de dejar sin competencias a la Asamblea Nacional en marzo de 2017, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en mayo de 2017, las elecciones presidenciales de mayo de 2018 y la marcha del 23 de enero de este año.