Venezuela en la encrucijada

Las elecciones presidenciales del próximo domingo 28 de julio en Venezuela, están marcadas por la incertidumbre, pero no con relación a su resultado, sino a si el gobierno lo respetará o no. A pocos días de las votaciones, todos los sondeos de opinión serios, le dan una ventaja de casi 30 puntos al candidato de la oposición Edmundo González Urrutia por encima de Nicolás Maduro, candidato a la reelección.

Las encuestas reflejan lo que se ha expresado en las calles del país, desde principios del año, donde el liderazgo opositor, encabezado por María Corina Machado (quien no fue habilitada por el gobierno para ser candidata, pero que sostiene la candidatura de González Urrutia), ha logrado realizar masivas concentraciones políticas en toda Venezuela, la mayoría de ellas, espontáneas.

Por su parte, las concentraciones de apoyo a la reelección de Nicolás Maduro son escasas y, en la mayoría de los casos, están conformados por una disminuida militancia del Partido Socialista de Venezuela (PSUV) y contingentes de empleados públicos o personas beneficiarias de las estructuras de control social establecidas por el gobierno. Sin embargo, hay que entender bien lo que sucede en el país, para poder evaluar correctamente la situación política y su evolución hacia el futuro.

Lo que se está expresando en las movilizaciones masivas en Venezuela es un profundo rechazo al gobierno de Nicolás Maduro, a sus políticas y a su forma de conducir el gobierno desde 2013. No hay debate ideológico, ni de un programa político específico; lo que existe, es un fuerte repudio al Presidente actual. Lo que se está expresando políticamente, es el cansancio y la negativa, en todos los sectores sociales, a la posibilidad de que Nicolás Maduro se mantenga en el poder por otro periodo presidencial. Así, las próximas elecciones tienen, en esta oportunidad, un carácter plebiscitario.

Este sentimiento de rechazo ha sido capitalizado por María Corina Machado, representante de las élites económicas del país, líder de la oposición, con una postura de derecha y una conducta política tradicionalmente intolerante, a quien el gobierno, en una clara subestimación de la situación y en contraste con la represión que han sufrido otros actores políticos, incluidos los del chavismo, le ha permitido desplazarse y hacer política en el país.

María Corina Machado se presenta, hoy día, como una fenómeno anti-partido, que ha mantenido una postura radical de oposición a Maduro, desplazando al liderazgo tradicional de la oposición. Es la única opción real, de poder, que está en la calle. Este fenómeno político, impensable hace sólo unos años atrás (María Corina Machado, no alcanzaba ni el 3% de popularidad, durante el gobierno de Hugo Chávez), es la expresión más clara del fracaso político de Nicolás Maduro y  del madurismo como movimiento político, distinto al Chavismo.

Venezuela está enfrentando una profunda crisis económica y social, que se genera, precisamente, por la errática y mala gestión de gobierno de Maduro. Contrariamente a lo que sugiere la propaganda del gobierno y cree buena parte de la izquierda en Europa, el gobierno de Maduro se ha alejado bastante de las políticas que marcaron el chavismo. Por el contrario, es un gobierno que ha revertido las llamadas conquistas populares, instaurando un régimen claramente autoritario, vulnerando amplios Derechos Humanos y de carácter profundamente anti-obrero.

Más allá de cualquier apreciación subjetiva, los números de todos los aspectos de la vida nacional hablan por sí solos del desastre que se ha producido en el país, entre 2013 y 2024. En sus más de once años de gobierno, Nicolás Maduro ha llevado a Venezuela a la peor crisis de su historia, con un colapso de la economía, ausencia del Estado de Derecho y violación de los derechos fundamentales, lo que ha generado situaciones extremas de privaciones y abuso de poder. De allí, el descontento popular. La economía ha sufrido una contracción del 74% entre 2013 y 2023. La emisión de dinero inorgánico y el colapso de las importaciones y de la producción nacional, han provocado un prolongado proceso hiperinflacionario, superior al 500% anual entre 2016-2021.

Luego de un cruento proceso de intervenciones políticas de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), iniciado en 2015, con persecuciones y detenciones de trabajadores y posterior militarización de la empresa en 2017, la producción de petróleo –principal fuente de ingresos del país– cayó de 3 millones de barriles diarios en 2013 a 1,15 millones de barriles en enero de 2019, antes de la imposición de sanciones norteamericanas, para ubicarse en 800.000 barriles en 2024, lo que supone un colapso del 70% de las capacidades de producción de petróleo, privando al país de ingresos fundamentales para sostenerse.

En agosto de 2018, el Presidente Nicolás Maduro, anunció un paquete de medidas económicas de choque, con el objetivo declarado de alcanzar el “déficit cero” y reducir “la carga del Estado”. Era el fin de las políticas económicas del expresidente Hugo Chávez.

Las actividades petroleras de PDVSA fueron cedidas a operadores privados y transnacionales, las empresas estatales fueron privatizadas o abandonadas; se eliminaron las Misiones Sociales, y fueron desconocidas las conquistas y beneficios laborales de millones de trabajadores públicos; igual suerte, corrieron los pensionados y jubilados. A la vez que dolarizó la economía, el gobierno ha mantenido el pago de sueldos y salarios en bolívares, la moneda nacional, que ha sido objeto de dos reconversiones monetarias en menos de 5 años, provocando una gigantesca devaluación de esta.

De esta manera, el “peso” de los sueldos y prestaciones sociales del Estado y sus empresas, se desvaneció, y el salario mínimo del país cayó, de 476 dólares mensuales en 2012 a 3,5 dólares mensuales en 2024, ubicándolo por debajo del umbral de pobreza de la ONU y como el más bajo del hemisferio. Estas medidas económicas, han llevado los niveles de pobreza del 21% en 2012 al 80% en 2023, y han provocado, entre 2016 y 2024, el éxodo de 7,7 millones de venezolanos, según datos de la ACNUR.

El éxodo de millones de venezolanos y el colapso económico de Venezuela, ha provocado una situación compleja en los países de la región, hacia donde emigran grandes contingentes de ciudadanos empobrecidos, que se convierten en un peso y carga social para los mismos, incluso, en un problema político, como sucede actualmente en los EEUU.

El colapso de la economía y la producción petrolera, le han restado a Venezuela, presencia política en el hemisferio y en sectores que tradicionalmente eran sus espacios naturales, como la OPEP u otros organismos multilaterales regionales. El abandono de una política de cooperación y el manejo político de la situación interna ha aislado al país  del resto de la Región. Esto ha tenido consecuencias directas en el campo diplomático, como la falta de apoyo regional en la reclamación de Venezuela sobre el Territorio Esequibo, ocupado de facto por Guyana y las transnacionales petroleras. Situación de graves implicaciones para el país, en términos de soberanía territorial y una causa de conflicto hacia el futuro.

A toda esta situación de caos económico, político y social, se suma la violación de los Derechos Humanos. Tanto la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, han denunciado la perpetración de graves violaciones de Derechos Humanos en Venezuela, como un patrón de conducta, convertido en Política de Estado y donde el sistema de justicia –Fiscalía General (Ministerio Público) y Poder Judicial– actúan como instrumento de persecución política del gobierno, a través de la “Judicialización de la Política” y el “lawfare”.

Durante el gobierno de Nicolas Maduro, se ha desarrollado una política violenta, de control social y censura, para imponer el miedo en la sociedad y reprimir la disidencia política. Para ello, han creado toda una estructura represiva, conformada por cuerpos policiales, parapoliciales, militares y de Inteligencia del Estado.

Los Organismos de los DDHH de la ONU, han reportado miles de ejecuciones extrajudiciales en los barrios populares, en verdaderas operaciones de “limpieza social”, además de detenciones arbitrarias, represión selectiva, censura, torturas, exilio ordenadas directamente por Nicolás Maduro y otros altos personeros del gobierno, tal como ha sido determinado por los Organismos de DDHH de la ONU. Las cárceles están llenas de cientos de detenidos políticos y secuestrados del gobierno, trabajadores, dirigentes políticos y sociales, civiles y militares, chavistas y de la oposición, que son sometidos a tratos crueles y degradantes; un número importante de detenidos a muerto en prisión.

Han aplicado, como patrón de conducta, el secuestro de familiares de perseguidos políticos, como Sippenhaft, aplicada por la Alemania del Tercer Reich, donde la persecución y castigos extendía a los parientes de sus enemigos políticos. En este contexto, la Corte Penal Internacional (CPI), ha iniciado una investigación por Crímenes de Lesa Humanidad, que involucra directamente al Presidente Maduro y a altos funcionarios del gobierno.

Aunque el gobierno ha cerrado las vías de participación política, incluso las previstas en la Constitución, como el Referéndum Revocatorio; sin embargo, se ve obligado a realizar las elecciones presidenciales para mantener algún tipo de legitimidad internacional. Por más que el proceso electoral ha estado plagado de todo tipo de irregularidades, que vulneran su transparencia y carácter universal y secreto del voto consagrado en el Texto Constitucional, la población la percibe como una oportunidad, la única a mano, para provocar un cambio político en el país.

El gobierno, consciente de que tiene que medirse electoralmente cada 6 años, ha intervenido y vulnerado el sistema electoral para tratar de garantizar su absoluto control. En este sentido, a través del Tribunal Supremo de Justicia, han sido intervenidos más de 10 partidos políticos, de izquierda y de oposición, controlando sus directivas y respectivas tarjetas electorales; han inhabilitado políticamente a miles de opositores y líderes Chavistas; el caso más emblemático, ha sido la inhabilitación de María Corina Machado, electa en las primarias internas de la oposición para ser candidata a la Presidencia.

En 2018, el gobierno revocó el contrato del sistema automatizado de votaciones a la Empresa “Smartmatic” (que había garantizado 15 elecciones entre 2004 y 2017) y el mismo le fue entregado a una empresa desconocida, sin ningún tipo de experiencia. En 2023, luego de provocar la renuncia de los Directores del Consejo Nacional Electoral (CNE), designaron como presidente de dicho organismo, a Elvis Amoroso, un ex diputado del PSUV e incondicional de Maduro.

El CNE ha restringido enormemente el Registro Electoral Permanente (REP) de nuevos votantes y se ha impedido la inscripción de votantes el Exterior, donde se encuentran 7,7 millones de venezolanos, de los cuales se estima que, al menos, 5 millones están en edad de votar y de los que el CNE solo permitió la inscripción de 65 mil votantes. Las elecciones fueron adelantadas seis meses y las hicieron coincidir con el día del natalicio de Hugo Chávez, tratando de manipular el sentimiento popular.

De acuerdo con lo establecido en la Constitución, respecto al periodo presidencial, las elecciones se llevan a cabo en diciembre, para que el nuevo gobierno asuma los primeros 10 días del mes de enero. Así, con el adelanto de las elecciones, en caso de un eventual cambio de gobierno, Maduro se mantendría en el poder y con el control de todos los órganos del Estado, incluyendo la Fuerza Armada Bolivariana, durante el indicado periodo de 6 meses hasta la instalación de un nuevo gobierno.

Las elecciones se desarrollarán sin observación, ni acompañamiento internacional. El CNE retiró la invitación a la Unión Europea, la OEA no fue invitada y sólo están autorizados para ser veedores del proceso, de forma parcial, el Centro Carter de EEUU, así como algunos países de la región y ex-presidentes y organizaciones políticas cercanas al gobierno de Maduro.

Durante todo el proceso electoral, el gobierno ha arreciado su campaña represiva. El propio Nicolás Maduro y el Fiscal General de la República, Tarek Williams Saab (ambos señalados como perpetradores de Crímenes de Lesa Humanidad por los Informes de la Fact Finding Commission del Consejo de los DDHH de la ONU), denunciaron una supuesta “nueva conspiración”, lo que desató otra ola de detenciones, órdenes de captura y persecuciones en contra de civiles y militares.

El gobierno, utilizando fuerzas militares, policiales y grupos de choque, ha intentado detener o bloquear el desarrollo de la campaña opositora, han obstruido caminos, talado árboles, colocado obstáculos y alcabalas policiales, amenazando a los asistentes. Incluso, se han llevado detenidos a aquellos que apoyan o participan de las movilizaciones de la oposición o intervienen y cierran los locales comerciales, restaurantes o empresas, que prestan hospedaje o servicios a María Corina Machado o al candidato González Urrutia.

A pesar de todas estas dificultades, las manifestaciones en apoyo al candidato de la oposición, lejos de detenerse o amainar en sus dimensiones, se mantienen y cada vez son mayores. Los últimos sondeos y encuestas, además de dar una clara ventaja al candidato González Urrutia por encima de Maduro, indican que la participación estará por encima del 74%, una cifra bastante alta, dada la situación del país.

El gobierno, parece no estar dispuesto a aceptar los resultados electorales, si le son desfavorables, lo que resulta lo más probable. En varias alocuciones durante la Campaña, el mismo Nicolás Maduro y otros voceros, como el Ministro de la Defensa, General en Jefe Padrino López, y el Jefe del PSUV, Diosdado Cabello, han insistido en que no entregarán el poder, asegurando que la oposición, no ganará las elecciones.

A medida que se acerca el día de las votaciones, el gobierno ha subido el tono de su discurso y amenazas. Nicolás Maduro ha dicho que, si la oposición ganaba, habría “un baño de sangre en el país”. Estas declaraciones, que constituyen una clara amenaza a los electores, pues el único que tiene capacidad de llevar la violencia a las calles, es el gobierno y la Fuerza Armada, generaron una respuesta de preocupación, tanto del Presidente de Brasil Luis Ignacio Lula Da Silva, así como, del Ex-Presidente de Argentina, Alberto Fernández, pidiendo a Maduro sensatez así como, el respeto a los resultados electorales.

Nicolás Maduro respondió a Lula, sin mencionarlo directamente, que “se tomara un té de manzanilla”, mientras que, al ex-presidente Fernández, le fue revocada la invitación para asistir como veedor del proceso electoral. Así, este domingo, Venezuela se encuentra ante la encrucijada de decidir su futuro, provocar un cambio político, para restablecer el Marco Constitucional e iniciar la reconstrucción del país o profundizar la deriva autocrática y claramente dictatorial del gobierno, si éste desconoce los resultados electorales, abriendo las puertas a la desestabilización y profundización de la crisis.

En cualquier escenario, luego de las elecciones, el día siguiente resulta el más importante para el futuro del país. Se impone la unidad nacional de todos los factores políticos y sociales, para volver al cauce Constitucional, el ejercicio de la Política con plenas garantías, dejar la intolerancia y el odio, liberar todos los presos políticos, el cese a la persecución, la vuelta de los exiliados, que acabe la violencia, para comenzar a sanar las heridas de la sociedad.

En un nuevo escenario político, se debe restablecer el Estado de Derecho, la institucionalidad  y las plenas garantías políticas, económicas y sociales en el país, restaurar la democracia popular y las plenas libertades. Atender la tragedia humanitaria, recuperar el petróleo y la economía, la soberanía nacional e iniciar el difícil camino de reconstruir el país en ruinas y devolver las posibilidades de vida con justicia social y la esperanza a todo el pueblo venezolano.