La ronda de conversaciones que iniciaron los representantes de Nicolás Maduro y Juan Guaidó en Oslo han generado muchas reacciones, especialmente entre quienes se oponen a Maduro en Venezuela. Salvando las diferencias existentes, las reacciones de estos últimos pueden dividirse en dos grupos. Por una parte, los que se niegan rotundamente a conversar con los maduristas y no apuestan nada por una solución consensuada. Mucho menos aceptan la posibilidad de unas elecciones en las que participe, si no Maduro, algún alto representante del régimen madurista. Su ruta política es: primero, cese de la usurpación (por parte de todo el régimen madurista); segundo, gobierno de transición (sin ningún representante del régimen madurista) y, tercero, elecciones libres (sin la participación de ningún alto miembro del régimen madurista). El orden debe mantenerse estrictamente así y queda excluido, por ejemplo, celebrar elecciones antes del “cese de la usurpación”. El argumento central de este grupo es sencillo y tajante: el régimen se ha aprovechado anteriormente de unos falsos diálogos para ganar tiempo y continuar en el poder, como ocurrió con el diálogo fallido que se celebró entre septiembre del 2017 y febrero del 2018 en República Dominicana, y en cuyo desarrollo José Luis Zapatero tuvo un papel importante y muy controvertido, al ser acusado por diferentes sectores de priorizar los intereses del madurismo.

Las reacciones de quienes hemos llamado ‘segundo grupo’ parten del ya conocido, y antes mencionado, lema de Guaidó: “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, aunque se muestran más flexibles y no excluyen conversaciones que conduzcan a una negociación. Estos no cierran la posibilidad a que Maduro y Guaidó, además de otros, se enfrenten en un careo electoral por la presidencia de Venezuela, con lo que estarían aceptando, entre otras posibilidades, que la ruta política comience con elecciones. Los argumentos son varios. Así, algunos consideran que la oposición venezolana ya aprendió de errores del pasado y no se dejará engañar. Creen además que las conversaciones son necesarias para poder legitimar posteriormente el uso de la fuerza contra el régimen madurista, si este no cede ante las aspiraciones democráticas justas.

Más allá de las desavenencias entre estos dos grupos, siempre destaca el tema electoral. Y es lógico que sea así, ya que una posición verdaderamente democrática siempre debe tener las elecciones como parte central de su agenda; la pregunta es cuándo y cómo realizarlas. Respecto a la fecha, encontramos otro punto de discordia entre ambos grupos. Los primeros se aferran a que sea después de que el régimen madurista cese absolutamente, mientras que los segundos se han manifestado a favor de un posible proceso electoral con Maduro en el poder y como candidato. No obstante, a pesar de que no se haya dicho expresamente, el verdadero punto controvertido no es el cuándo, sino el cómo, es decir, bajo qué tipo de condiciones institucionales deberían celebrarse las elecciones en Venezuela. Si se garantizara a todas las partes un sistema electoral neutral, transparente, efectivo y eficaz, los primeros difícilmente se opondrían, ya que están seguros del apoyo mayoritario de la población venezolana. Por el otro lado, los del segundo grupo jamás han dicho que darían luz verde a las elecciones sin instituciones adecuadas para ello. Encontrar el momento apropiado para realizar unas posibles elecciones depende de que se tenga un marco institucional adecuado, con independencia de que se realicen antes o después de que “cese la usurpación”. En este caso, el cómo es un requisito sine qua non del cuándo.

La desinstitucionalización en Venezuela

Y es este justamente el gran drama que afronta Venezuela y que convierte al país en uno de los peores Estados del mundo para vivir dignamente: Venezuela es un Estado desinstitucionalizado. Al llegar Nicolás Maduro a la presidencia de la República se agudizó la crisis institucional hasta alcanzar la situación de extrema gravedad en la que nos encontramos hoy día. Pero esta enfermedad realmente no tiene aquí su origen, sino en el año 1999, cuando Hugo Chávez anuncia el famoso Plan Bolívar 2000 para tratar de afrontar graves problemas sociales como la pobreza extrema y el analfabetismo, todo por medio de la unión “cívico-militar”. En ese momento se ponen las bases para comenzar a desinstitucionalizar el Estado, ya que el Plan Bolívar 2000 asume algunas de las competencias de los entes estatales, como los ministerios, lo que significó crear canales paralelos que estaban bajo el control total de Hugo Chávez. Es importante recordar que con esta realidad comienza también la corrupción a gran escala y desaparecen, sin que nada se sepa hasta hoy de su destino, 150 millones de dólares.

Posteriormente, en el año 2003, se crea el Sistema Nacional de Misiones, que en teoría es una “política pública” para fomentar y garantizar mejores condiciones sociales. Sin embargo, en la práctica sirve para darle un golpe mortal al sistema formal de funcionamiento del aparato estatal. En la mayoría de los casos se les da preferencia a las misiones frente a, por ejemplo, las decisiones o planes de los gobiernos regionales y de los ministerios. Este sistema está a cargo del Alto Mando del Sistema, presidido por el presidente de la República.

La situación es incluso peor en el poder judicial. Es conocido que el 23 de diciembre del 2015 la Asamblea Nacional, en ese momento de mayoría chavista, hizo el nombramiento exprés de los 13 magistrados principales y los 21 magistrados suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, todos partidarios del chavismo y en franca violación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Pero también hay pruebas claras de que por lo menos el 40% de los jueces penales forman o han formado parte del Partido Unido Socialista de Venezuela (Poliszuk & Cardona, 2017), lo que pone en duda su imparcialidad. Si hablamos del Ministerio Público, es por todos sabido que hasta hace poco ejerció el cargo de Fiscal General de la República la abogada Luisa Ortega Díaz, mujer de profundo y convencido credo chavista que aplicó mano dura contra Leopoldo López cuando fue juzgado. Algo similar ocurre con el Poder Electoral y el Consejo Nacional Electoral (CNE). Especialmente el CNE carga tristemente con gran parte de la responsabilidad de la situación actual y ha actuado perjudicando intencionalmente los intereses de quienes se opongan a Maduro y sus conmilitones. Una táctica constante, por ejemplo, ha sido mudar arbitrariamente a los electores de su centro de votación, reubicándolos en lugares apartados de su lugar de residencia. En esto hay un patrón: siempre se perjudica a quienes no son adeptos al madurismo.

Alguien podría decir que esta desinstitucionalización no pasa de ser el síntoma de una dictadura más. Lo lamentable es que no es así, ya que se trata de mucho más que una simple dictadura. El deterioro institucional progresivo ha dado lugar a la creación de un sistema criminal global, justamente porque Venezuela tiene muchos recursos y es una tierra de nadie. Farah y Yates han creado el término “Empresa Criminal Conjunta Bolivariana” (Bolivarian Joint Criminal Enterprise), y aseguran que existen indicios claros de que en esta empresa criminal global participan más de 176 empresas legales de 26 Estados diferentes.

Con este escenario solo queda una opción razonable para las posibles elecciones: no se pueden llevar a cabo si no se realizan antes reformas institucionales serias y eficaces. Es necesario que el Poder Electoral y el CNE sean transformados o que un ente internacional se encargue del proceso, y al mismo tiempo debe fortalecerse democráticamente y someter a control a todas las demás instituciones. Por desgracia, este escenario no conviene a todos; no conviene ni a los altos jerarcas del madurismo ni a muchos criminales globales. Sin embargo, sí es el que conviene a la mayoría de los venezolanos, y por eso es importante seguir luchando para tener unas elecciones transparentes. Si esto no es posible, pueden entrar seriamente en el escenario “otras opciones que están sobre la mesa”, con el riesgo que ello implica.

¿Elecciones? ¡Depende del tipo de instituciones!