Venezuela, de nuevo a la calle

La alianza opositora venezolana, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ha convocado nuevas marchas ciudadanas para el 4 de octubre en el centro de Caracas. La calma que siguió a las protestas callejeras de febrero y abril, que concluyeron con 43 muertos y unas 2.000 personas detenidas, se ha logrado, según International Crisis Group (ICG), mediante una intensa represión por parte del gobierno en los últimos meses. Sin embargo, el deterioro de la situación económica del país, con el desabastecimiento de productos básicos, y un problema de violencia e inseguridad que no deja de agravarse (Venezuela tiene la tasa de homicidios más alta de América Latina), ha hecho insostenible el nivel de las tensiones, incluso dentro del gobierno.

Tras la remodelación del ejecutivo anunciada por el presidente, Nicolás Maduro, a principios de septiembre, el disenso dentro del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela es inocultable. No solo se cuestiona la política económica del presidente, sino su propio liderazgo. En el informe titulado “Venezuela: inercia peligrosa”, el ICG alerta sobre la posibilidad de una insurgencia dentro del partido.

Pero también dentro de la opositora MUD (que congrega a 25 partidos de oposición) se viven divisiones que hacen imposible avanzar en el diálogo. De hecho, las negociaciones impulsadas por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) el pasado invierno se suspendieron en mayo debido a las diferencias entre las dos partes y dentro de ellas, así como a la falta de voluntad para acordar unos principios mínimos de acuerdo. La alianza MUD lleva a cabo un interminable debate interno sobre su estrategia, su función e incluso su estructura como interlocutor político. Tras una crisis en el liderazgo de la alianza, el 24 de septiembre Jesús Torrealba fue nombrado nuevo secretario ejecutivo de la MUD.

En medio de las discusiones, sigue pendiente la puesta en marcha del principal acuerdo adoptado en las conversaciones de la primavera pasada bajo el arbitraje de Unasur: los nombramientos para las instituciones constitucionalmente autónomas como el Tribunal Supremo, el Consejo Electoral, el defensor del pueblo y la fiscalía general. Devolver la autonomía a estas instituciones es el primer paso para desactivar paulatinamente el conflicto interno.

Pero no será suficiente y los venezolanos han demostrado que no podrán hacerlo solos. En un artículo en Política Exterior, el director para América Latina del ICG, Javier Ciurlizza, sostenía el pasado mayo: “La crisis venezolana tiene consecuencias directas en la estabilidad de la región y podría reconfigurar, en un sentido o en el opuesto, el balance estratégico de América Latina y el Caribe”. De ahí el papel fundamental de Unasur y el respaldo necesario de las Naciones Unidas. El nuevo secretario general de Unasur, el expresidente de Colombia Ernesto Samper, ha asegurado que el conflicto en Venezuela es una de sus prioridades. No obstante, la organización es reflejo de la diversidad de criterios de los países miembros en cuanto a derechos humanos, democracia o no intervención.

Otro de los obstáculos para avanzar en el diálogo es la liberación pendiente de los detenidos durante las protestas entre febrero y abril. Según Human Rights Watch, las fuerzas de seguridad venezolanas golpearon a manifestantes pacíficos y algunos de los detenidos fueron sometidos a violencia física y psicológica. “La magnitud de las violaciones de derechos humanos que documentamos en Venezuela y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales en estos delitos, demuestra que no se trata de incidentes aislados ni de excesos de algunos agentes insubordinados”, manifestó José Miguel Vivanco director para las Américas de HRW.

Pero, sin duda, ningún acuerdo funcionará si no se pone en marcha cuanto antes un programa de reforma económica que logre corregir el rumbo del país. La CEPAL proyecta una caída del PIB de Venezuela del 0,5% para 2014, el único país de la región con proyecciones negativas de crecimiento económico. La inflación anual supera el 70%, la más alta del mundo. Mientras, los inversores extranjeros dudan que el país pueda hacer frente al pago de la deuda que vence en octubre (bonos de la República y de la petrolera PDVSA por unos 6.000 millones de dólares).

El economista venezolano y profesor en la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann, sugirió el 5 de septiembre en un artículo en Project Syndicate la posibilidad de que Caracas declarase un default de su deuda externa. La respuesta de Maduro fue inmediata: ordenó al fiscal general “tomar acciones” contra el académico, antiguo ministro de planificación de Venezuela y execonomista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo. Parece que las medidas de Maduro no se están orientado precisamente al campo económico.