El asesinato de dos policías israelíes que hacían guardia en uno de los accesos a la Explanada de las Mezquitas el pasado 14 de julio y la reacción inmediata israelí de instalar arcos de seguridad en sus entradas, provocó una nueva crisis en Oriente Próximo que afortunadamente pudo ser contenida antes de que se convirtiera en un proceso de no retorno. Debido a las presiones ejercidas por Jordania –sobre todo a raíz de la muerte de dos nacionales suyos como consecuencia de un desgraciado incidente con un guardia de seguridad– y a la mediación posterior de Estados Unidos, el Gobierno hebreo decidió retirar los polémicos detectores de metales y también las nuevas cámaras de seguridad, lo que permitió al Mufti de Jerusalén declarar que el statu quo había sido restablecido.

Así, los musulmanes decidieron volver a rezar dentro de la Explanada (Al-Haram Al-Sharif o Noble Santuario para los musulmanes; Har Ha-Bayit o Monte del Templo para los judíos), después de negarse a hacerlo durante dos semanas, en las que hicieron sus plegarias en sus inmediaciones. Catorce días de disturbios y enfrentamientos que se cobraron la vida de cinco israelíes, cuatro palestinos (más los tres atacantes que perpetraron el atentado que detonó la explosión de violencia) y dos jordanos, a lo que se suman cientos de heridos palestinos. El miedo a que el número de víctimas y heridos se multiplicase tras el llamamiento a un “Viernes de la Ira” para el 28 de julio, que contemplaba también acciones en el exterior –manifestaciones frente a las Embajadas de Israel en el extranjero, entre otras–, contribuyó aparentemente a que el Gobierno hebreo cediera en el último momento.

La instalación de un circuito cerrado de televisión de última generación –que incorpora cámaras de reconocimiento facial y sensores para detectar si un individuo lleva armas o explosivos escondidos bajo la ropa o en un soporte externo– permitió retirar los polémicos detectores, pero tampoco agradó a las autoridades islámicas lideradas por el Waqf (institución jordana que gestiona los lugares santos del Islam en Jerusalén en función del acuerdo de statu quo alcanzado tras las Guerra de los Seis Días en 1967). La Autoridad Nacional Palestina (ANP) y los principales partidos políticos palestinos también insistieron en el libre acceso a la Explanada sin controles de entrada, so pena de que se reactivara la espiral de violencia.

Esto hizo cambiar de opinión al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien hasta ese momento se había mostrado firme en su posición de garantizar unos mínimos estándares de seguridad a la hora de ejercer el control de acceso sobre el que también es un lugar sagrado para los judíos. Se trata del Monte del Templo, el enclave en el que según la tradición hebrea estuvieron ubicados los dos Templos judíos destruidos por orden de Nabucodonosor en el año 586 aC y de Tito en el año 70 dC). Además de la muerte de los dos policías, el brutal asesinato a puñaladas de tres miembros de una misma familia que celebraban tranquilamente la cena del Shabat el 21 de julio a manos de un joven palestino que logró infiltrarse en una colonia del centro de Cisjordania, obligaban a Netanyahu a actuar con dureza.

Sin embargo, el mencionado incidente acaecido en Ammán –en donde un guardia de seguridad de la Embajada de Israel mató a tiros a dos jordanos cuando uno de ellos (un joven que trabajaba para una contrata local que presta servicios a la Embajada) supuestamente le atacó por la espalda con un destornillador– proporcionó a Netanyahu la oportunidad que necesitaba para poder retirar los detectores, medida que ya le habían sugerido desde servicio de seguridad interior y desde el ejército. Luego, la presión de sus principales aliados regionales, Egipto y Jordania, además de otros países sunitas como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, le hicieron claudicar también con las nuevas cámaras de seguridad, que igualmente ordenó retirar. Cabía la posibilidad de que los disturbios se incrementasen y afectasen además a la estabilidad de estos países, con los que Netanyahu ha ido cultivando estrechas relaciones bilaterales desde que estallaron las primaveras árabes en 2011.

Consecuencias de la crisis

La tensión llegó hasta tal punto que el presidente palestino, Mahmoud Abbás, no sólo cortó toda interlocución política con Israel, sino que además dio orden por primera vez de congelar el mecanismo de coordinación entre los mandos de sus fuerzas de seguridad y los del ejército israelí. Frustrado por la forma en que Netanyahu estaba gestionando la crisis –le llamó por teléfono el mismo 14 de julio para condenar el atentado contra los dos policías– e ignorando su petición de que no restringiera el libre acceso a la Explanada, Abbás quiso dar un golpe en la mesa y ganar algo de legitimidad, en un momento en que sus índices de popularidad estaban por los suelos.

Esta medida sin precedentes –no había congelado nunca la “coordinación de seguridad” hasta este nivel desde que asumió el cargo en 2005– también fue dirigida hacia la Casa Blanca, pues Abbás tenía la sensación de que la Administración Trump había optado por mirar para otro lado y no involucrarse en la resolución del contencioso, hasta que éste afectó a la estabilidad de Jordania. De hecho, los mediadores norteamericanos, Jared Kushner y Jason Greenblatt, no intervinieron en la resolución de la crisis hasta que tuvo lugar el incidente de la legación diplomática israelí en Jordania y el Rey Abdalá II tomó cartas en el asunto.

«Miles de musulmanes se congregaron cinco veces al día durante dos semanas consecutivas frente a los principales accesos a la Explanada para rezar a modo de desobediencia civil»

Aunque con esta medida el Presidente palestino intentara mostrar una imagen de dureza lo único que consiguió fue proyectar una todavía mayor debilidad, pues el Ejército israelí procedió a entrar en las Áreas A de Cisjordania (bajo control integral de la ANP) sin aviso previo a sus contrapartes palestinas para realizar detenciones de sospechosos. Sin embargo, la policía se vio desbordada por un movimiento espontáneo que no se veía en las calles de Jerusalén Oriental desde los comienzos de la segunda Intifada a finales del año 2000. Miles de musulmanes se congregaron cinco veces al día durante dos semanas consecutivas frente a los principales accesos a la Explanada para rezar a modo de desobediencia civil. La mayor parte de las veces de forma pacífica, pero en ocasiones –especialmente tras el último rezo de la tarde y el del mediodía del viernes– desencadenando graves enfrentamientos con la policía que provocaron un millar de heridos de diversa consideración (según la Media Luna Roja palestina).

Los disturbios adquirieron una intensidad mayor en los barrios periféricos que quedan fuera del muro de separación que rodea Jerusalén Oriental –tales como el campo de refugiados de Shuafat, Abu Dis y Al-Azariya, donde las fuerzas de seguridad disparan balas recubiertas de caucho contra los manifestantes. En esta última localidad falleció una de las cuatro víctimas mortales palestinas, tras ser alcanzado en el pecho con munición real. La intensidad se multiplicó aún más en los típicos puntos de fricción de Cisjordania, como la Tumba de Raquel en Belén, la cárcel de Ofer junto a Ramala y el control de Qalandia que conecta Ramala con Jerusalén, dado que los que intervienen no son policías sino soldados.

Con el paso de los días este movimiento se fue estructurando gradualmente y dotándose de una cierta organización, lo cual comenzó a preocupar a los servicios de seguridad hebreos. Si bien los palestinos de Jerusalén tienden a la fragmentación –si no a la atomización– de repente mostraban una cierta unidad de acción. Según algunas filtraciones este movimiento no fue tan espontáneo como parecía, sino que fue supuestamente inducido por terceros actores con manifiesto interés en socavar la soberanía israelí sobre Jerusalén.

Por un lado por Irán, que presuntamente habría financiado la distribución de paquetes de comida y refrescos para poder hacer frente a largas horas de concentraciones junto a los accesos, especialmente frente a la Puerta de los Leones. Y por otro, por los Hermanos Musulmanes, que presuntamente habrían promovido un modelo de protesta similar al que ellos emplearon con las acampadas de las plazas de El Cairo en el verano de 2013 –con la ayuda de Turquía y de Catar– para protestar por el golpe de Estado perpetrado por Abdel Fatah Al Sisi, quien ordenó su disolución forzosa provocando un millar de muertos en 72 horas. El caso es que espontáneo o inducido, o una combinación de ambas cosas, la movilización social de los palestinos jerosolimitanos resultó altamente exitosa.

Capitulación de Netanyahu

La retirada de los detectores de dos de los accesos y de las nuevas cámaras de la Puerta de los Leones –no sin que antes Netanyahu recibiera solemnemente en su oficina y se hiciera la foto con el guardia de seguridad de la Embajada que fue repatriado desde Jordania, para transmitir el mensaje de que Israel nunca abandona a los suyos– hizo que varios diputados de la extrema derecha le acusaran de capitular ante los palestinos. Por ese motivo, el primer ministro rápidamente dijo que volvería a autorizar las visitas de los parlamentarios al Monte del Templo, que había restringido en noviembre de 2014 tras llegar a un acuerdo con el Rey Abdalá II de Jordania de cara a reducir la tensión del momento.

Así, casi tres años después de que los diputados de la Knesset dejaran de poder acceder a la Explanada –lo que era interpretado como una provocación no sólo por los palestinos sino también por las diferentes corrientes del judaísmo ultraortodoxo, que aseguran está prohibido por la Halajá (ley judía)– Netanyahu volvió a abrirles las puertas. Inicialmente lo anunció para el día 23 de julio, pero como la crisis estaba todavía muy reciente, lo pospuso al 29 de agosto, momento que aprovecharon el diputado del Likud y activista de los Fieles del Templo Yehuda Glick y la diputada de Ha-Bayit Ha-Yehudi (Hogar Judío), Shulamit Muallem-Rafaeli. Un proyecto piloto que sin duda no gustó ni a los palestinos ni a los jordanos, que temen a partir de ahora se convierta en algo común y termine prendiendo una nueva mecha de la violencia.

A pesar de que Netanyahu asegura no tiene intención de modificar el statu quo, los palestinos desconfían de que quiera aprovechar más adelante para crear nuevos hechos consumados y reafirmar la soberanía israelí sobre el enclave sagrado. En concreto, el Mufti de Jerusalén y los representantes del Waqf creen –sea de forma imaginaria o real– que Israel aspira a aplicar en Al-Haram Al-Sharif el mismo modelo de división entre mezquita y sinagoga que existe desde hace décadas en la Cueva de los Patriarcas de Hebrón. Una acción plausible en el futuro –a corto plazo Netanyahu priorizará sus relaciones con el llamado “eje sunita moderado”– que podría terminar uniendo a los árabes y a los musulmanes por una causa común y provocando un conflicto bélico de primer orden.