Una rendija de oportunidad para Venezuela

El 4 de mayo, la Asamblea Nacional, el parlamento subordinado al gobierno presidido por Nicolás Maduro y no reconocido por buena parte de la comunidad internacional, nombró un nuevo árbitro electoral en Venezuela. Uno mucho mejor que el que le precedió y cuya selección –aunque formalmente nombrado en sesión de la Asamblea– es producto de una larga ronda de negociaciones con, al menos, cuatro meses en su haber. Negociaciones muy discretas, por aspectos parciales, pendulares y en ocasiones zigzagueantes, orientadas por técnicas noruegas para negociaciones complejas y que han conducido a aceptar la entrada al país de la tan necesaria ayuda humanitaria, asumir el mecanismo Covax para la distribución de vacunas contra el Covid-19, liberar a presos políticos de nacionalidad estadounidense y llegar a un árbitro electoral moderadamente bueno, entre otros logros.

En el aspecto cuantitativo, el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), un cuerpo colegiado de cinco miembros, es un árbitro menos desequilibrado, con tres a dos a favor de Maduro, además de la presencia de opositores en los tres organismos subordinados: la Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro y la Comisión de Participación Política y Financiamiento. Hacía 17 años que la oposición no contaba con dos rectores en el árbitro electoral, pero quizá más importante que lo cuantitativo es lo cualitativo: entre los nuevos rectores hay nombres de trayectoria intachable, el más llamativo el de Roberto Picón, un ingeniero a cargo de asuntos técnicos de votación y control electoral en las filas opositoras, desempeño por el que fue arbitrariamente detenido y hecho preso durante seis meses.

El valor del nuevo árbitro debe juzgarse tras entender el punto muerto en el que se encontraba la dinámica política en Venezuela. Un empate catastrófico y criminal, una confrontación sin resolver que ha conducido al país a una bicefalia agotadora: dos presidentes, dos parlamentos, dos tribunales de justicia. Dos agendas, en suma, incapaces de derrotar totalmente al adversario, entabladas en una dinámica perder-perder donde las fuerzas en conflicto han tratado de “aplastarse” mutuamente sin éxito. En este sentido, el nombramiento del arbitraje electoral podría ser una oportunidad para un punto de inflexión que tuerza el camino seguro al abismo.

Oposición dividida

Que los nombres de los rectores sean buenos no hace al árbitro legítimo, argumentan quienes se oponen al nuevo CNE. Esto es en parte cierto: la legitimidad de origen está comprometida porque fueron nombrados por una Asamblea ilegítima. Pero podrán ganar legitimidad de desempeño, en la medida en que puedan crear condiciones electorales. Las elecciones son, precisamente, para llegar a acuerdos sobre la base de amplios consensos, y las líneas marco de los acuerdos están dadas por el respeto a unas reglas o a un sistema electoral.

Hace tiempo ya que la oposición venezolana está fragmentada en tres grandes bloques respecto a la cuestión electoral. Por un lado están quienes creen que las únicas elecciones posibles son las presidenciales. Por otro, los que aspiran a mejorar las condiciones electorales. Y por último, quienes quieren elecciones como sea (también conocidos como la “mesita” de Maduro, sugiriendo una oposición hecha a la medida).

Los electoralistas de la oposición democrática están representados en el nuevo CNE. No son maximalistas, sino gradualistas. Creen que se debe participar electoralmente mientras haya oportunidades, pero supeditan su participación a la existencia de unas condiciones mínimas. El CNE está ahí para garantizar dichas condiciones. No es la solución final, pero sí una rendija de oportunidad.

Los últimos dos años la estrategia opositora estuvo guiada por el primer grupo, maximalista en sus aspiraciones. Se apostó al “todo o nada”, amparados en lo que finalmente evidenció ser una falsedad: “todas las opciones están sobre la mesa”. Muchos creyeron en una opción de fuerza que sacaría a Maduro y conduciría a unas elecciones presidenciales libres y justas. Lo decían explícitamente el departamento de Estado de EEUU y Donald Trump, y lo sugerían otros voceros, como Luis Almagro desde la Organización de Estados Americanos. Pero no era verdad.

«A estas alturas, es indudable que el gobierno interino desarrolló una estrategia maximalista que no funcionó, lo que obliga a modificar la estrategia, no solo las tácticas»

Ahora parece haber llegado la hora de la realpolitik, como sugieren los pasos más recientes de algunos actores clave de la comunidad internacional, como el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, o el gobierno de España, entre otros. Si no era posible la opción de fuerza en los tiempos prepandemia, en los tiempos pospandemia es inimaginable. A estas alturas, es indudable que el gobierno interino desarrolló una estrategia maximalista que no funcionó. No se logró el cambio político y eso obliga a modificar la estrategia, no solo las tácticas.

A una semana del nuevo nombramiento, el presidente interino, Juan Guaidó, formalmente considerado presidente legítimo por EEUU y buena parte del Norte Global, emitió un importante pronunciamiento, que viene a ser la demostración más cristalina de que la elección del nuevo CNE ya alteró la dinámica, abriendo el juego político. Plantea Guaidó elementos clave en la construcción de la ruta de recuperación de la democracia, no descarta la participación electoral en elecciones menores (para gobernadores y alcaldes, a punto de ser convocadas), habla de justicia transicional y afirma la necesidad de un nuevo esfuerzo negociador.

Varias de las exigencias de Guaidó ya habían sido asumidas como propias por el nuevo CNE, incluyendo una auditoría técnica integral del padrón electoral y una amplia observación electoral, invitando a países de la UE y América Latina. También auditorías al sistema y presión para dejar sin efecto las inhabilitaciones políticas y para la devolución de símbolos y legítimas autoridades a los partidos.

Rescatar la democracia: más allá de lo electoral

Más allá de la elección de los rectores, sin embargo, queda claro que el sendero es largo y está minado. Es necesario crear un padrón de la enorme diáspora, que alcanza el 20% de la población nacional, y rescatar el derecho a voto de los venezolanos en el exilio. Además, la redemocratización de Venezuela va más allá de lo electoral. No es posible pensar en rescatar la democracia sin eliminar las turbias figuras del “protectorado”, eufemismo con el que el régimen instaura una para-institucionalidad ante cada espacio geográfico que la oposición democrática conquista electoralmente. O el denominado “Plan República”, que implica el control militar de un proceso netamente civil como el electoral. Sin olvidar los mecanismos de control social por hambre, en los que poderosas bases de datos de distribución de alimentos desde el Estado son asociadas a lo electoral.

El nuevo árbitro no es una solución final. Es apenas una rendija de oportunidad por la que la sociedad puede “meter un pie” y dejar que entre la democracia. Si al nuevo CNE le va bien, puede convertirse en el pivote central de la redemocratización de Venezuela y también en interlocutor importante ante la comunidad internacional. La hoja de ruta electoral de los próximos siete años (tiempo que estarán las autoridades en funciones) puede convertirse en la de la redemocratización del país, mientras la comunidad internacional, por su parte, establece mecanismos de alivio de las sanciones, supeditados al avance democrático. Esa debería ser la apuesta.

La destrucción de la democracia en Venezuela tomó 20 años. Es difícil pensar que redemocratizarla consista, simplemente, en pulsar un interruptor: “ahora ON”. La hoja de ruta electoral debe lograr que los electores vuelvan a confiar en el voto como instrumento de cambio, pero también que los partidos y la dirigencia ganen músculo político y competencias. Recuperar la democracia no es un solo evento preciso, se trata de un proceso.

«La hoja de ruta electoral debe lograr que los electores vuelvan a confiar en el voto como instrumento de cambio, pero también que los partidos y la dirigencia ganen músculo político y competencias»

El escepticismo es comprensible. Ha habido una seguidilla de frustraciones enorme, donde se han intentado múltiples caminos, para terminar cada vez peor. Venezuela entró en una perversa dinámica perder-perder, pero si se cambia el sentido de la pendiente se puede entrar en un proceso distinto. Una pregunta clave después de numerosos engaños desde el poder autoritario es: “¿por qué ahora sí funcionaría?”.

La ruta electoral es muy importante, pero conseguirla está supeditada a la existencia de incentivos claros. En el horizonte hay tres cronogramas que corren en paralelo, no necesariamente a igual velocidad: el electoral, el de las sanciones y el de La Haya. Maduro tiene una razón de peso para, esta vez, querer cumplir los acuerdos, complicado como está por un proceso abierto en la Corte Penal Internacional (CPI). El grueso expediente criminal de su caso elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un camino seguro a La Haya, y su defensa consiste en construir atenuantes. Por esa razón ha hecho cambios en la estructura de los organismos a cargo de la represión, intentando desvincularse de esa cadena de mando. Por la misma razón, también, quiere normalizar y banalizar de las demandas ante la CPI, apoyando la apertura de casos como los de Colombia y Chile.

¿Qué puede hacer la comunidad internacional una vez desechada la opción de la fuerza? Lo que viene haciendo: administrar sanciones y supeditar su alivio al fiel cumplimiento de una hoja de ruta que devuelva la democracia a Venezuela. La presión de las sanciones invita a negociar. Maduro engañó y vendió humo a su propio entorno cuando le hizo creer que era una posibilidad el aflojamiento de las sanciones individuales. No es verdad, en tanto no haya una ruta clara a la redemocratización y esta se vaya cumpliendo. Lo hecho hasta ahora puede ser visto apenas como un gesto de “buena voluntad”. El desmontaje de las sanciones debe correr en paralelo a la planificación del calendario electoral de los próximos siete años, que fije condiciones de efectividad basadas en el cumplimiento. Y no abandonar el acompañamiento.

Es natural ser escépticos. Pero esta vez no podemos darnos el lujo de ser cínicos.