Un nuevo presidente para un mismo Brasil

Brasil elige el 31 de octubre nuevo presidente. Los contendientes: Dilma Rousseff, por el Partido de los Trabajadores (PT), y José Serra, por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), ambos hijos de una tradición de izquierda social, liberal y progresista. Pero no son los únicos: les acompañan Luiz Inácio Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso, muy presentes en una campaña que en las últimas semanas se ha vuelto agresiva, en un intento por parte de los candidatos de marcar diferencias donde parece no haberlas.

Donde sí que hay diferencias es en el terreno de la diplomacia. En el próximo número de noviembre-diciembre de 2010 de Política Exterior, Julia E. Sweig, investigadora del Council on Foreign Relations, nos habla de la extensa agenda global de Brasil, con múltiples opciones internacionales. Que gane Rousseff o Serra, afirma Sweig, sin duda influirá en la agenda exterior de esta potencia emergente.

La campaña electoral ha mostrado los distintos matices para un mismo modelo de país. Un modelo exitoso, tanto en lo económico y como en lo social, que ningún candidato se atreverá a modificar en lo sustancial. Esta es la tesis de Ricardo Sennes, economista, doctor en Relaciones Internacionales y profesor de la Universidad Católica de São Paulo, cuyo artículo para el próximo número de Política Exterior reproducimos a continuación.

Un nuevo presidente para un mismo Brasil

En los últimos años, Brasil ha sufrido varios cambios estructurales con importantes impactos en su posición internacional. Parte de ese proceso tiene que ver con las políticas del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y de su Partido de los Trabajadores (PT), en particular en los últimos tres años.

En el ámbito interno, dos parecen ser los principales movimientos: un ciclo de alto crecimiento económico con distribución de renta y una redefinición del papel del Estado en la economía. Desde el punto de vista internacional, el mayor cambio es que Brasil ha pasado a adoptar un papel prosistema, asumiendo una creciente responsabilidad global y regional en asuntos de estabilidad política, económica y ambiental.

En las recientes elecciones presidenciales no se ha presentado ningún candidato realmente competitivo que no sea de centro-izquierda, pero aún así se ha abierto un debate profundo sobre el modelo de desarrollo de Brasil, el papel del Estado en la economía y la relación del país con su región y con el mundo. En esos asuntos, las candidaturas de Dilma Rousseff, José Serra y Marina Silva han defendido propuestas con interesantes matices.

Ciclo de crecimiento

En los últimos años, Brasil ha registrado unos patrones de crecimiento económico –en torno al seis por cien del PIB anual– muy por encima de los de las tres décadas pasadas. Ese crecimiento se vio interrumpido temporalmente en 2009, cuando el PIB creció apenas un 0,5 por cien, como consecuencia de la crisis mundial, pero rápidamente se retomó el ritmo en 2010, y se espera un crecimiento cercano al siete por cien para el conjunto del año. La mayoría de las proyecciones económicas apuntan a que Brasil continuará con un nivel de crecimiento cercano al cinco por cien anual durante los próximos cinco años.

Esa tasa de crecimiento ha ido acompañada de una baja inflación, una dirección bastante conservadora de la política monetaria y del mantenimiento de superávit primarios significativos. A lo largo de todo su gobierno, el presidente Lula mantuvo al frente del Banco Central a Henrique Meirelles, un ejecutivo procedente del sector privado –Bank Boston– y de perfil conservador. Por su parte, en el ministerio de Hacienda se han producido ajustes a lo largo del gobierno. El ministro Antônio Palocci, aunque proceda del propio PT, definió estrategias restrictivas en términos de gasto público y de gestión de la deuda interna del país, y llevó a cabo una agresiva política de recaudación de impuestos. No fue hasta 2006 cuando el ministerio empezó a adoptar un perfil más keynesiano y moderado bajo la dirección de Guido Mantega.

Ha sido, por tanto, en el campo de la microeconomía donde el gobierno Lula ha innovado, mostrando su perfil más a la izquierda, en políticas industriales, de crédito e innovación, o en las políticas de redistribución de renta. Desde el primer mandato de Lula, el gobierno se definió por retomar de forma explícita la política industrial, en buena medida articulada con políticas de exportación e innovación. Se seleccionaron sectores estratégicos, se establecieron líneas de crédito subsidiadas, y se aumentaron de forma sustancial los recursos de las agencias de desarrollo federales, con un papel destacado para el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), cuyo desembolso alcanzó los 90.000 millones de dólares en 2009.

También formó parte de esa política la recuperación de las inversiones de las empresas estatales, lideradas por Petrobras, pero también Eletrobras, Infraero y Correos, entre otras, y la derivación de parte de la capacidad de compra de esas compañías a empresas nacionales o con sede en Brasil. El gobierno también fue dinámico en la política de crédito al consumidor, definiendo numerosas medidas de carácter heterodoxo (como el crédito consignado para funcionarios y jubilados) y un amplio y exitoso programa de crédito a la vivienda (el mayor de ellos denominado “Minha Casa, Minha Vida”).

Al mismo tiempo, el gobierno de Lula definió algunas acciones orientadas a la transferencia de renta. Las principales fueron: la política de salario mínimo y el programa Bolsa Família. En lo que respecta al salario mínimo, –en línea con las propuestas tradicionales del PT– el gobierno trazó una política de reajustes anuales sistemáticos muy por encima de la inflación. En Brasil, el salario mínimo afecta tanto a los trabajadores en activo como a los jubilados, por lo que los efectos de esa política fueron significativos y alcanzaron a muchas familias de renta baja. Por otra parte, el programa Bolsa Família, que comenzó con el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), se reforzó y amplió con Lula. Se trata de un programa de transferencia de renta para las madres de familias de renta baja, independientemente de que tengan o no empleo formal, siempre que mantengan a sus hijos en el colegio y sigan el plan de vacunación pública y los programas de salud infantil. En la actualidad Bolsa Família llega a cerca de 14 millones de familias, principalmente en bolsas de pobreza tanto en el campo como en la ciudad.

Ese conjunto de políticas, a veces contradictorias, acabó por generar un crecimiento acelerado de la economía brasileña, fuertemente basada en la expansión del consumo interno, el aumento de la capacidad de consumo de los asalariados y la inclusión en el mercado de cerca de 40 millones de nuevos consumidores, combinado todo ello con una baja inflación, unos elevados tipos de interés y el mantenimiento del endeudamiento, así como un alto gasto público, aunque todavía bajo control. Por primera vez en varias décadas, el crecimiento tuvo un fuerte impacto redistributivo, y volvió a situar a Brasil en el escenario económico mundial.

En este contexto en general bastante positivo, la oposición ha realizado algunas críticas. La primera de ellas, relativa a la contradicción en la dirección económica del país. Los críticos –capitaneados en las recientes elecciones por José Serra, el candidato del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB)– afirman que la falta de alineamiento entre la política monetaria conservadora del Banco Central (focalizada en intereses elevados) y la política fiscal expansiva (con crecimiento acelerado del gasto público) ha dado lugar a un endeudamiento público excesivo, que conduce a un tipo de interés muy alto y a la valorización exagerada del real, todo ello incompatible con la sostenibilidad del crecimiento económico. Según estas críticas, el crecimiento económico brasileño está más basado en la expansión del consumo que en la inversión y el aumento de la competitividad. El mantenimiento de un elevado endeudamiento público lleva a una política de tipos de interés altos que desincentiva las inversiones productivas y, al mismo tiempo, atrae capitales externos de corto plazo, lo que aumenta las presiones para la valorización del real. La crítica de la oposición se centra en la incapacidad del gobierno Lula para sacar a Brasil de ese círculo vicioso ya tradicional, mientras que otros lo califican de política populista.

Modelo de desarrollo

Asimismo, han estado presentes en el debate, aunque de manera mucho menos intensa, cuestiones relativas al modelo de desarrollo fomentado por Lula. Algunas de las medidas adoptadas se consideran orientadas a reforzar el papel del Estado en la actividad económica. Comenzaron en la primera legislatura de Lula, pero se hicieron más patentes en los últimos tres años. En este proceso, destacan dos aspectos. Por un lado, se redefinió el espacio de acción de empresas y agencias estatales en algunos sectores considerados estratégicos. Tales medidas se adoptaron sobre la base de la evaluación de fallos estructurales de mercado o de la incapacidad del sector privado para asumir inversiones consideradas fundamentales. Por otro, se articularon varios proyectos centrados en la idea de “empresas líderes nacionales”. Entre los sectores directamente afectados por esas políticas destacan petróleo y gas, petroquímico, energía, telecomunicaciones, naval, cárnico y tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Los casos más evidentes son sin duda los del petróleo, el gas y el sector petroquímico. En petróleo y gas, se ha reforzado la centralidad de Petrobras en los últimos años. Incluso antes de los descubrimientos de las reservas del presal, el gobierno Lula trataba a la empresa simultáneamente de tres formas diferentes: por un lado, como pieza fundamental para el posicionamiento de Brasil en el juego de la política energética mundial; por otro, como instrumento de política industrial para el sector; y, por último, como apoyo a la acción internacional de Brasil en Suramérica y otros países. Tras de los descubrimientos del presal, cuando las reservas del país pasaron de 14.000 millones de barriles a entre 70.000 y 90.000 millones, todas esas funciones, sobre todo las dos primeras, cobraron un fuerte impulso. Algunos miembros del gobierno llegaron a sugerir que Brasil debía convertirse en miembro de la OPEP, idea rápidamente descartada.

Sin embargo, los yacimientos de presal sirvieron de estímulo para que el gobierno propusiese cambios importantes en la regulación del sector. En la actualidad, está en fase final de tramitación en el Parlamento un conjunto de iniciativas legislativas que crean una nueva empresa estatal para gestionar las reservas de presal, modifican el régimen de contrato del sector para las concesiones, garantizan que Petrobras tenga al menos el 30 por cien de los consorcios que van a operar esos campos y, por último, autorizan al gobierno a capitalizar Petrobras y crear un fondo para apoyar los programas sociales. Con unas inversiones previstas de 214.000 millones de dólares hasta 2014, Petrobras se sitúa aún más en el centro de las estrategias gubernamentales en el interior y en el exterior.

Pero también en el sector petroquímico se produjo un movimiento de reestructuración importante. En ese caso, Petrobras y el grupo privado Odebrecht se asociaron para crear una de las mayores empresas mundiales de petroquímicos, Braskem. El objetivo es contar con una empresa líder nacional con escala suficiente para competir en un mercado fuertemente oligopolizado y patrocinar una estrategia de expansión mundial. Después de algunas adquisiciones en Brasil, la empresa inició proyectos de expansión en Suramérica y Estados Unidos.

Otro sector que sufrió una fuerte reestructuración fue el de los fertilizantes. Ante un déficit comercial crónico y creciente −principalmente de potasio y fosfato− y un escasísimo control sobre los precios internacionales, el gobierno decidió que era necesario buscar la autosuficiencia en ese campo, a través de una empresa privada nacional o, a falta de ella, una estatal creada para tal fin. Vale −empresa minera con capital controlado por el gobierno y por grupos nacionales– adoptó una agresiva estrategia de adquisiciones de las empresas que actuaban en el país, incluso de Bunge Fertilizantes, combinada con inversiones internacionales −como en Argentina, Perú y Mozambique−, y rápidamente se convirtió casi en un monopolio y se situó en la línea demandada por el gobierno.

En el sector de telecomunicaciones, se produjo un movimiento semejante. El gobierno consideró que la inexistencia de una empresa nacional con escala y capacidad competitiva suficientes para medirse con las grandes compañías multinacionales presentes en Brasil era una vulnerabilidad no deseada. Por eso, se articuló un plan que fomentase la fusión entre algunas empresas del sector, bajo el control de Oi y con fuerte apoyo del BNDES, para lo cual fue necesario modificar algunas cláusulas del régimen que regula el sector. De nuevo, el objetivo era tanto el fortalecimiento de un national champion para actuación nacional −frente a multinacionales como Telefónica y el grupo del mexicano Carlos Slim−, así como la expansión internacional.

En el sector cárnico, también se definieron estrategias con el objetivo de reestructurarlo e internacionalizarlo. En este caso, el principal grupo fue JBS (antiguo Friboi) y, en menor grado, el grupo Marfrig. Ambos, con fuerte apoyo del BNDES, realizaron varias adquisiciones en Brasil y en el exterior. JBS, hoy la mayor empresa de sacrificio de ganado y procesamiento de carne del mundo, compró importantes activos en Argentina, EE UU, Australia y Europa. El principal instrumento para esa expansión fue la aportación de 7.000 millones de reales del BNDESPAR, rama de participaciones del BNDES. Igualmente importante, aunque en menor medida, fue la actuación del gobierno para la creación de Brasil Foods, fusión de Perdigão y Sadia, en el sector de sacrificio y procesamiento de pollo y cerdo.

Además de esos sectores, también hubo movimientos de reestructuración, con fuertes incentivos para la internacionalización, en los sectores de tecnologías de la información (siendo los national champions Totvs y Stefanini), eléctrico (con prioridad, aunque no exclusiva, en las estatales Eletrobras y Furnas) y el sector naval (reconstruido y expandido sobre la base de los pedidos nacionales de Petrobras), entre otros. En todos esos casos, la presencia activa del Estado brasileño fue significativa, ya sea a través de una estatal, un banco público, un fondo sectorial, un programa de gobierno, o uno de los fondos de pensiones de empresas estatales en los que el gobierno ejerce gran influencia.

Ese aparato estatal no se construyó en el gobierno Lula, sino que es resultado de la forma en la que Brasil llevó a cabo las reformas económicas y del Estado en los años noventa, cuya principal característica fue ser altamente selectivas y diferenciadas de sector a sector. Desde los años treinta, el Estado brasileño aplica políticas industriales de diferentes matrices y, por tanto, tiene una burocracia entrenada y habituada. Las reformas de los años noventa solo modificaron parcialmente ese patrón. En muchos sectores, todavía destacan la capacidad de intervención pública en la economía y la calidad de la burocracia.

Lo que el gobierno Lula hizo, principalmente tras su segundo mandato, fue definir una estrategia de coordinación de esos diversos instrumentos –bajo el importante liderazgo tanto de Rousseff como del BNDES– en el sentido de operar cambios estructurales significativos en sectores considerados estratégicos. Esa estrategia consistió en colocar el centro de decisión de nuevo en manos de empresas estatales o de grupos nacionales sólidos, preparar esos grupos en términos de escala y capitalización para competir con los grandes grupos extranjeros, y apoyar su internacionalización tanto en América Latina como en otras zonas del mundo.

Los candidatos de la oposición han realizado multitud de críticas y propuestas alternativas. En el caso de Serra, su programa preveía también la adopción de una sólida política industrial y de innovación, aunque mucho más horizontal que la de Lula y sin mencionar la idea de “campeones nacionales”. Otro contraste, es que el candidato del PSDB consideraba el papel del Estado mucho más orientado a la regulación económica y la inducción, y no a la actuación directa y discrecional, mientras que Rousseff refuerza la línea basada en la acción decisiva de las empresas y agencias estatales en los sectores considerados estratégicos.

Aunque se hayan producido algunas discusiones sobre estas políticas, lo cierto es que la oposición estuvo poco presente y no se dio ningún movimiento verdaderamente contrario a ellas. En el caso de las iniciativas para el sector del petróleo y el gas, las leyes llevadas al Parlamento se aprobaron con amplia mayoría. De esa forma, incluso siendo un asunto de la campaña electoral, esa dimensión de la actuación del gobierno Lula no centró la disputa ni el debate público, aunque refleje cambios fundamentales en el perfil del capitalismo en Brasil y en su actuación internacional.

Búsqueda de liderazgo exterior

El gobierno Lula también ha sido bastante activo en política exterior. Su acción se dio principalmente en tres direcciones: consolidación de Suramérica como área de influencia y presencia destacada, aproximación deliberada de Brasil a los otros emergentes y a países del bloque Sur, y aumento del perfil brasileño en los foros internacionales. Paradójicamente, tal vez en esos asuntos, mucho menos estructurales, los debates hayan sido más intensos durante la campaña. Parece que Rousseff seguirá las líneas principales de Lula, posiblemente aprovechando la mayor parte de las personas de los primeros y segundos niveles de la administración saliente.

En el ámbito suramericano, se han puesto en marcha varias iniciativas bilaterales y regionales. Por un lado, Brasil se ha presentado cada vez más como líder político, principalmente en momentos de crisis. Durante la inauguración del gobierno en enero de 2003, Lula dio el primer movimiento en ese sentido: la propuesta de creación del Grupo de Amigos de Venezuela para apoyar al gobierno electo de ese país y refutar la tentativa de golpe de Estado que se temía. Hubo otras iniciativas en ese sentido, con respecto a Bolivia, Paraguay y Ecuador, entre otros países de la región. Incluso en la difícil aproximación a Colombia, hubo avances destacados. Tras varias tentativas, Brasil fue aceptado como interlocutor y comenzó a apoyar los intercambios de rehenes entre el gobierno colombiano y las FARC. A cambio, logró la entrada de Colombia en los foros suramericanos, incluso en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y en el Consejo de Defensa Suramericano. La propia Unasur fue una propuesta y una negociación liderada por Brasil.

En la esfera económica, se trató de lanzar algunas iniciativas, como la integración de Venezuela en Mercosur, el establecimiento de acuerdos de libre comercio entre Mercosur y la CAN (Comunidad Andina de Naciones), la creación del Fondo para la Convergencia Estructural de Mercosur (FOCEM), así como algunos acuerdos para la integración física y energética en el área.

Con todo, el difícil contexto político en varios de los países suramericanos, sobre todo en Venezuela, Bolivia, Argentina y Ecuador, tuvo un reflejó negativo en esas propuestas, en particular con respecto a las inversiones y proyectos brasileños en la región. Además, la “paciencia histórica” que el gobierno Lula adoptó para negociar tanto la nacionalización de las inversiones de Petrobras en Bolivia, como la modificación de los acuerdos de Itaipú con Paraguay, fue considerada por la oposición como una postura equivocada que no defendía los intereses de Brasil. Las mismas críticas se dieron respecto a la postura de Brasil tras el golpe de Estado en Honduras y la utilización de la embajada de Brasil en Tegucigalpa para acoger al presidente depuesto, Manuel Zelaya. Por el contrario, en el ámbito regional, el liderazgo brasileño de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah), junto a Chile, Uruguay y Argentina, y los buenos resultados logrados, recibieron muchos elogios y constituyeron uno de los pocos puntos de consenso.

La visión de Serra sobre la política regional de Brasil es bastante crítica. El líder del PSDB ha defendido un considerable desentendimiento por parte de Brasil de los asuntos regionales. Mientras que Lula y Rousseff siempre han considerado estratégica la posición en la región para los intereses políticos y económicos de Brasil, Serra sugiere una política de compromiso selectivo y de baja intensidad política, llegando a sugerir que Mercosur debe dejar de ser una unión aduanera y convertirse en un área de libre comercio, además de mostrar su abierta oposición a la entrada de Venezuela en Mercosur.

Otra crítica respecto a la visión y la actitud en la región está relacionada con la excesiva tolerancia en lo que se refiere a los cambios constitucionales ocurridos en algunos países vecinos, e incluso en la legislación que regula las inversiones y contratos de Brasil con sus vecinos. En estos dos ámbitos, el PSDB ha considerado que las simpatías ideológicas han atenuado las críticas del gobierno brasileño a los procesos antidemocráticos de algunos países suramericanos y han impedido al gobierno negociar de forma más contundente intereses económicos nacionales. Posiblemente sea en el campo de la política regional donde se darían mayores cambios con un gobierno del PSDB.

La segunda dimensión de la actuación del gobierno Lula –ampliamente reflejada en el programa de la candidata Rousseff– fue la aproximación política Sur-Sur y las iniciativas de concertación con otros países medios y con los BRIC (Brasil, Rusia, India y China). En los últimos años, Brasil ha ampliado de forma significativa el número de embajadas y representaciones, así como de visitas presidenciales y cumbres en países africanos, asiáticos y de Oriente Próximo. Además, diversas agencias gubernamentales de investigación y apoyo técnico abrieron sucursales en algunos de esos países e iniciaron programas de cooperación económica y tecnológica.

Todas estas acciones se han traducido, por un lado, en un importante incremento de las relaciones económicas, en particular de exportaciones brasileñas (en términos relativos, el crecimiento de las exportaciones hacia esos países ha sido el más significativo en los últimos ocho años); y, por otro, en la articulación de esos países en foros como la ONU, la Organización Mundial del Comercio (OMC) o la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otros. Así, en los organismos multilaterales, las alianzas con esos países fueron constantes, aunque su índice de éxito haya sido bastante bajo, entre ellas la tentativa de Brasil, liderando el G-20 en la OMC, de alcanzar un acuerdo para concluir la Ronda de Doha, o incluso de lograr el avance de las negociaciones en la ONU sobre la reforma de la institución.

Asociadas a la relación Sur-Sur, el objetivo de estas iniciativas era en cierta manera articular políticamente los países medios y las economías emergentes, destacando India, China y Suráfrica. Surgió así el grupo IBSA –alianza entre Brasil, India y Suráfrica–, que se reúne dos veces al año para abordar la cooperación política y económica, el propio encuentro de los BRIC o el G-4 –Brasil, India, Japón y Alemania–, orientado a coordinar acciones con respecto a la reforma de la ONU y la ampliación del Consejo de Seguridad.

También en este ámbito, la postura de la oposición y de Serra ha sido crítica, al considerar que se trataba de una orientación ideológica y no pragmática. Para la oposición, la opción Sur-Sur supone un alejamiento de Brasil de socios económicos tradicionales –EE UU, Europa y Japón–, de fuentes de capitales y tecnología, así como de aliados políticos más afines al perfil político y cultural de Brasil. Según el plan de gobierno de Serra, el acercamiento a los países del Sur debe realizarse de acuerdo con su importancia política y económica para Brasil, y de forma combinada con países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Lo mismo ocurre respecto a los foros BRIC e IBSA, cuyo compromiso debe darse en la medida en que los intereses sean convergentes, lo que, según la oposición, no ocurre siempre.

La tercera dimensión de la actuación internacional del gobierno Lula se refiere a la creciente participación en foros de gobernanza regional e internacional, en los que la diplomacia brasileña asume un papel cada vez más activo. En cierta forma en oposición al compromiso Sur-Sur y al alineamiento con los BRIC, la participación de Brasil en foros como el G-20 financiero, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Cumbre de Copenhague sobre cambio climático, celebrada en diciembre de 2009, han puesto de manifiesto un inusitado apoyo a los esfuerzos de construcción de una agenda global orientada hacia la gestión de asuntos críticos para la estabilidad internacional. En ese campo, al contrario que en los anteriores, existe una considerable convergencia entre los partidos políticos brasileños.

La participación de Brasil en el G-20 financiero se ha considerado positiva dentro y fuera del país. A pesar de que el sector financiero era hasta hace poco uno de los más vulnerables de la economía brasileña, el país posee una estructura financiera sólida y con fuerte participación estatal, por lo que la crisis de 2009 no le ha afectado en exceso. Esa condición favorable, sumada a una ágil articulación entre la presidencia de la república y el ministerio de Hacienda, contribuyeron al éxito de las negociaciones y a que Brasil presentase propuestas con una aceptación razonable en el G-20.

Un ejemplo fue la postura de Brasil en el FMI, con el que hasta hace poco más de 10 años mantenía una relación bastante tensa. En el meollo de las negociaciones del G-20, Brasil, así como algunos otros países emergentes, aceptaron contribuir con aportaciones significativas para apoyar la capitalización de la institución y fortalecerla con el fin de hacer frente a la crisis internacional. Brasil realizó una aportación de 14.000 millones de dólares de derechos especiales de giro.

Otro caso de la nueva posición brasileña en los órganos de gobernanza fue el cambio en las estrategias de negociación en las cumbres sobre calentamiento global, sobre todo en la de Copenhague. Debido a las presiones internas, los motivos electorales y el relativo buen desempeño en el control de la deforestación en el país, Brasil aceptó en esa cumbre definir metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, revirtiendo una tradicional resistencia a asumir responsabilidades en un proceso cuya responsabilidad siempre se ha atribuido a los países desarrollados. En ese caso, el cambio de las posturas de Brasil supuso un desmarque de los demás emergentes, en incluso de los BRIC, que mostraron reticencias en las negociaciones. Tampoco en este ámbito existen divergencias significativas entre el PT y el PSDB.

Cambio de estilo y visibilidad

Las elecciones de 2010 cierran un ciclo de presidentes con gran presencia internacional, como fueron Cardoso y Lula. Tanto Rousseff como Serra carecen del carisma de sus antecesores y de su interés en los asuntos internacionales. No obstante, tras 25 años de estabilidad política y consolidación democrática, 16 años de estabilidad macroeconómica y ocho de crecimiento acelerado con reducción de la pobreza y de la desigualdad, Brasil participa hoy de forma acertada en los principales foros globales, formales e informales. En el ámbito regional, la presencia, importancia y, en algunos casos, el liderazgo del país son todavía más notables. Es poco probable que se produzca un alejamiento del país de esos compromisos y escenarios. Pero la ausencia de liderazgos como el de Cardoso o Lula implicarán cambios de estilo y visibilidad internacional.

Tanto Rousseff como Serra deberán mantener la tradición de nombrar como ministro de Relaciones Exteriores a un miembro de la carrera diplomática. Reconocida institución de gran competencia y patriotismo, en algunos casos de fuerte nacionalismo, el Itamaraty [sede del ministerio de Asuntos Exteriores brasileño] destaca por evitar cambios drásticos o traumáticos en el rumbo diplomático de Brasil, aunque estos hayan sido recurrentes a lo largo de la historia reciente. De esa forma, incluso las grandes discordancias entre los candidatos, principalmente en lo que afecta a las políticas regionales y a la opción Sur-Sur, no se traducirán en iniciativas perjudiciales o de elevado coste político. Es más probable que se lleven a cabo ajustes y arreglos negociados.

Por otro lado, en el campo de las políticas industriales, de fomento de los national champions y preeminencia de las empresas estatales en algunos sectores de alcance internacional, es posible esperar cambios significativos si Serra vence. Es decir, donde más se pueden concentrar los cambios de rumbo, sería en la estrategia de inserción económica internacional, y no en el campo diplomático. Sin embargo, incluso en ese terreno, los avances logrados en los últimos años, algunos de ellos ya muy consolidados, no serán susceptibles de reversiones significativas.

Para más información:

Peter Hakim, «Brasil: decisiones de una nueva potencia». Política Exterior núm. 137, septiembre-octubre de 2010.

Guillermo Pérez Flórez, «Unasur: la apuesta de Brasil». Política Exterior núm. 127, enero-febrero de 2009.

Alfonso Daniels, «Brasil, seguridad energética y política regional». Política Exterior núm. 124, julio-agosto de 2008.