Un año sin Peter Greste (y muchos otros periodistas)

El próximo 29 de diciembre se cumple un año de la detención en Egipto de Peter Greste, uno de los 178 periodistas encarcelados en el mundo. Para los gobiernos que los aprisionan, los más codiciados son los reporteros de países occidentales o de medios poderosos: su captura funciona como advertencia general.

A Greste, periodista de Al Jazeera con doble nacionalidad australiana y letona, le detuvieron junto a su compañero Mohamed Fahmy, egipcio-canadiense, en el hotel donde trabajaban. La televisión gubernamental aireó las imágenes dramatizándolas con fondo musical de la película de ciencia ficción Thor. Al productor egipcio del equipo, Baher Mohamed, fueron a buscarle a su casa un día después.

Los acusaron de conspirar con grupos terroristas para distorsionar la imagen del país. En la mente de las autoridades están los Hermanos Musulmanes, enfrentados al actual presidente de Egipto, el general Abdel Fatah al Sisi. En un juicio irregular, los reporteros fueron condenados a 7 años de cárcel. Otros once acusados en la misma operación que lograron escapar, entre ellos dos periodistas británicos y una holandesa, fueron condenados en ausencia a diez años de cárcel.

Greste “se ha convertido en un peón en un combate que se libra para ganar a todo coste el poder en el mundo árabe. Es una batalla para la que no hay final a la vista y donde el argumento legal se ha convertido en irrelevante”, dice el productor de televisión David Hardaker. Los aprisionamientos de profesionales de la información como piezas del tablero internacional no son nuevos. Las excusas suelen ser cargos de espionaje, falta religiosa o incumplimiento de la normativa para reporteros.

En 2009, la irano-estadounidense Roxana Saberi, freelance que colaboraba con el canal Fox News, fue sentenciada en Irán a ocho años de cárcel después de ser retenida primero por comprar vino y luego bajo acusaciones de espionaje. La liberaron 101 días después.

Ese mismo año, las reporteras Laura Ling y Euna Lee (chino-estadounidense y coreano-estadounidense, respectivamente) fueron condenadas a doce años de trabajos forzados en Corea del Norte por entrar ilegalmente en el país. Ambas trabajaban para Current TV, medio fundado por Al Gore, antiguo vicepresidente de Estados Unidos. Su purgatorio terminó con una visita: Bill Clinton viajó al país asiático y se las trajo a casa en el avión presidencial. Con el indulto bajo el brazo.

Los tres casos (Saberi, Ling y Lee) coincidieron con conversaciones diplomáticas sobre desarrollo nuclear. “Hay países que ven el secuestro como la mejor forma de conducir negociaciones sobre temas internacionales difíciles”, explicaba David Dadge, entonces director del Instituto de Prensa Internacional (IPI).

A veces lo relevante para convertirse en pieza de caza no es la nacionalidad sino el medio: “Para el general Sisi lo decisivo es que [Greste] trabajaba para una televisión catarí, que muchos gobiernos árabes consideran hostil. Su condena es una advertencia general”, explica Paco Audije, del Comité Director de la Federación Europea de Periodistas (EFJ).

Los casos de retención de periodistas a los que se suele dar más difusión son los de secuestros por parte de grupos terroristas (que con el Ejército Islámico han escalado a máximos en crueldad). Ascendieron a 119 en 2014 y su tendencia es al alza (87 en 2013), según el Balance Anual 2014 de Reporteros sin Fronteras (RSF).

Esta organización distingue entre periodistas asesinados, secuestrados, encarcelados, exiliados, detenidos y agredidos, y afirma que la cifra de encarcelados se mantiene con respecto al año anterior (178). No obstante, Audije subraya que “es más del doble que al empezar el siglo”, y hay preocupación por la extensión de las detenciones entre periodistas ciudadanos o amateurs. También están entre rejas 178 y en países como China sufren mucho más duramente el rigor autoritario que los profesionales de la información.

Muy apoyado por sus padres, que impulsan la cuenta de Twitter del reportero, Greste y sus compañeros han recibido el calor de numerosas entidades y campañas, especialmente la que ha lanzado su propio medio, Al Jazeera, con la etiqueta #freeAJstaff. El enorme eco de la campaña, que se llama “El periodismo no es un crimen”, demuestra que el activismo a favor de reporteros con peso político tiene más impacto periodístico, pero Audije es taxativo: “Esa doble vara de medir quizá existe en los medios, pero no en la FIP y otras organizaciones internacionales de periodistas”.

La presión internacional sostenida por parte de las asociaciones profesionales es la mejor manera de conseguir la liberación de estos periodistas, afirma Audije. “Para que su caso no sea olvidado, alguien como el etíope Temesghen Desalegn cuenta más con lo que pueda hacer la FIP que con los gobiernos occidentales”.

En Burundi, Hassan Ruvakuki fue condenado a cadena perpetua, pero la insistencia internacional y de los colegas de su propio país logró en 2013 su salida de la cárcel en 14 meses.

Greste se encuentra encerrado en la prisión de Tora, cercana a El Cairo, en una celda de tres metros por cuatro que comparte con más personas, según ha contado en una carta hecha pública. Pero sus colegas Fahmy y Mohamed lo tienen aún peor: 24 horas al día en espacios infestados de mosquitos, durmiendo en el suelo, sin acceso a libros u otro material para distraerse. Mientras un decreto reciente sugiere que el periodista australiano podría ser liberado pronto, nada se sabe de los otros dos profesionales.

Es el precio por relacionarse con un Gobierno que el de Egipto considera un enemigo. “¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Catar?”, preguntaba una de las personas que detuvo a Greste.