Última oportunidad para la Amazonía

El acuerdo alcanzado por casi 200 países en la cumbre del clima de Naciones Unidas en Sharm el-Sheij (COP27) para financiar un nuevo fondo que compense las “pérdidas y daños” ocasionados por desastres naturales en países en desarrollo, marcó un hito en la historia de esas conferencias de las partes, si bien aun queda casi todo por definir, entre otras cosas, quienes aportarán al fondo y cuánto y quién distribuirá a quién el dinero que se recaude.

No fue el único. La cumbre fue el mejor marco posible para el regreso de Brasil a la primera línea de la lucha contra el cambio climático que anunció en la ciudad egipcia del mar Rojo el recién elegido Luiz Inácio Lula da Silva. Por esos mismos días, en la cumbre del G20 en Bali, Brasil firmó con Indonesia y República del Congo, que albergan juntos el 52% de los bosques tropicales, una especie de “OPEP de los árboles” para cooperar en su preservación.

“Pérdidas y daños” (loss and damage) fue un concepto tentativo en la cumbre de 2007 en Bali. En 2013 en la de Varsovia se incluyó en su arquitectura institucional y en 2015 se integró al artículo 8 del Acuerdo de París. En Glasgow, los países desarrollados evadieron la demanda ofreciendo como paliativo otra mesa de diálogo. Antes de la cumbre en el Sinaí, el enviado especial de Estados Unidos, John Kerry, descartó la idea por “irrealista”.

«Hasta 2030, el cambio climático hará perder al Sur Global unos 428.000 millones de dólares anuales y 1,67 billones en 2050 si las temperaturas globales medias suben 3°»

El cambio, al menos de actitud, es notable. Términos como “responsabilidad legal” (liability) o compensaciones, eran una línea roja para los países ricos. Según Saleemul Huq, uno de los pocos expertos que han asistido a las 27 COP, el consenso sobre su inclusión en el debate permitirá, al menos, hablar sobre el asunto.

Hasta 2030, el cambio climático hará perder al Sur Global unos 428.000 millones de dólares anuales y 1,67 billones en 2050 si las temperaturas globales medias suben 3°, según estimaciones de Climate Action Tracker. Entre 1998 y 2017, América Latina y el Caribe concentraron el 53% de esas pérdidas, un 1,5% de su PIB, según la ONU.

Los planes de Petro

No menos importante fue la propuesta del presidente colombiano, Gustavo Petro, de recuperar la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, creada en 1995 por iniciativa de Brasil y que agrupa a ochos países de su cuenca. Colombia y Brasil suman el 70% del territorio amazónico.

Bogotá es consciente de que necesita el peso geopolítico de Brasil, que tiene el 60% del pulmón del mundo. Según Glenn Hurowitz, director de Mighty Earth, Brasil ejerce una poderosa atracción gravitacional sobre otros países forestales, sobre todo si a sus ya formidables dimensiones —económicas, territoriales…— añade credibilidad política. En la COP27, Lula se reunió con Kerry y el enviado chino, Xie Zhenhua, que saben que sin Brasil a bordo nada es posible.

América Latina y el Caribe, que representan el 8% de las emisiones globales, albergan el 60% de la biodiversidad, el 50% de los bosques primarios y el 28% de la tierra con potencial agrícola debido a sus reservas de agua dulce, las mayores del mundo.

Colombia genera el 80% de la electricidad que consume de fuentes renovables, sobre todo hidroeléctricas, pero el petróleo representa el 20% de los ingresos del gobierno, la mitad de la inversión extranjera directa y el 10% del PIB, cifras que Petro quiere reducir sustancialmente. Y sabe que tiene de su lado a Lula, hoy más cerca de la izquierda verde que gobierna en Bogotá y Santiago que de la extractivista que manda en ciudad de México y Buenos Aires.

Bogotá quiere integrar las tres A: Andes, Amazonas y Atlántico. En Sharm el-Sheij, Petro comentó a Folha de Sao Paulo que propondrá a Lula crear un corredor desde los Andes al Atlántico que conectaría 309 áreas protegidas, un mosaico de biodiversidad en reservas naturales multinacionales. Según Catalina Góngora, de The Nature Conservancy, nunca antes tantos países de la región mostraban tanta afinidad y sintonía en cuestiones ecológicas.

La voracidad del dragón

En Bali, Eve Bazaiba, ministra congoleña de Medioambiente, dijo que los acuerdos Sur-Sur debían establecer estándares mínimos de conservación y explotación sostenible de sus bosques tropicales. Desde 2020, Indonesia ha perdido un 25% de su floresta y la RDC 485.000 hectáreas, según el World Resources Institute.

Hay mucho en juego y cada vez menos tiempo antes de que se cruce un punto de no retorno que convertiría la llanura amazónica en una sabana deforestada. China es hoy el mayor importador de las materias primas que produce la región.

«Hoy, según la Cepal, la demanda china triplica la de EEUU, Canadá, Reino Unido y la UE juntas»

La voracidad del dragón ha multiplicado la tasa de extracción minera, petrolera y agropecuaria. En los años sesenta del siglo pasado, la región exportaba 156 millones de toneladas de bienes primarios a Europa occidental y América del Norte. En 2016, China y otros países asiáticos importaron de la región 527 millones de toneladas y los países del Norte industrializado 157 millones.

Hoy, según la Cepal, la demanda china triplica la de EEUU, Canadá, Reino Unido y la UE juntas. Brasil ya solo dirige a esos destinos el 22% de sus exportaciones agrícolas. A China van el 38% y del 58% de las de soja, la mitad producidas por multinacionales como Cargill, Bunge, Archer Daniels Midlands y Louis Dreyfuss en el Cerrado, que cubre unos dos millones de kilómetros cuadrados, el 25% del territorio brasileño. Hoy es uno de las mayores graneros mundiales tras perder entre 1985 y 2020 el 20% de su vegetación por el avance de la agroindustria.

Los trabajos de Hércules

Ese modelo es difícilmente sostenible: la región carga con los costes económicos y sociales del deterioro medioambiental. Entre 2019 y 2021 la foresta amazónica brasileña perdió 34.000 kilómetros cuadrados, según las imágenes que captan sus satélites. En esos mismos años, la tasa de homicidios aumentó un 13,8% en las zonas amazónicas, al mismo ritmo de la deforestación.

La ciudad que más gases emite no es São Paulo, sino la amazónica São Félix do Xingú, de solo 90.000 habitantes pero que en su entorno, en una superficie equivalente a la de Portugal, concentra dos millones de cabezas de ganado, el mayor rebaño bovino del país.

Tras llegar al palacio de Planalto en 2018, una de las primeras cosas que hizo Jair Bolsonaro fue negarse a acoger la COP30 de 2025. Durante su mandato la deforestación se disparó un 78%. Durante los de Lula, en cambio, se redujo un 75%. En Washington Quarterly Brian Winter atribuye ese éxito a los recursos financieros, experiencia técnica y buenos equipos que empleó Lula y que va tener que volver a integrar, pero en condiciones fiscales mucho más adversas.

“He venido aquí para cobrar lo que se prometió en la COP15”, dijo Lula en la ciudad egipcia. En septiembre de 2021, ante la ONU, Joe Biden prometió ayudas de 11.400 millones de dólares anuales en ayudas, pero el Congreso no ha aprobado los fondos. Sobre el terreno, las cosas son aún más difíciles.

En el Estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, hay más de 20.000 garimpeiros, buscadores de oro ilegales, que contaminan los ríos de las tierras de los yanomami con mercurio por lo que esperan que el próximo gobierno acelere la demarcación de sus áreas protegidas.

Todo parece indicar que Lula volverá a encargar a Marina Silva la gestión medioambiental, el eje de la relación de Brasil con el resto del mundo. Según Winter, parte de la elite empresarial apoya la idea de convertir a Brasil en una “superpotencia verde”. Pero nadie cree que vaya ser fácil. Bolsonaro se apoyó en sectores que se benefician de la tala y la quema de los bosques, creyendo que la deforestación crea riqueza y trabajo, por lo que no verán con ninguna simpatía el regreso de los inspectores ambientales federales.

La Agenda Bridgetown

Hay mucho dinero en juego. En Glasgow, instituciones financieras y grupos agroindustriales se comprometieron a invertir 4.000 millones de dólares hasta 2025 para impulsar la transición verde en los países suramericanos, entre otras cosas reduciendo la huella ecológica de la ganadería y los cultivos de soja.

En Bali, EEUU, Japón, Canadá, Reino Unido, la UE y Noruega anunciaron un plan —el Just Energy Transition Partnership— que concederá ayudas por valor de 20.000 millones a Indonesia, el tercer mayor productor mundial de carbón, para que acelere su transición a energías renovables. Antes, ya había alcanzado un acuerdo similar de 8.500 millones de dólares con Suráfrica y ya prepara otro con Vietnam.

Mia Mottley, primera ministra de Barbados, ha pedido en el marco de la Agenda Bridgetown al FMI que emita 500.000 millones de dólares en derechos especiales de giro para aumentar las inversiones en energías limpias en el Sur Global.

Recelos brasileños

La mayoría de brasileños atribuye el cambio climático a la acción humana pero, al mismo tiempo, desconfía de las intenciones extranjeras en la Amazonía y de una especie de derecho de injerencia ecológica. Alemania y Noruega no invirtieron en 1.000 millones de dólares entre 2005 y 2012 en el Fondo Amazonía con la intención de dictar políticas, pero muchos no lo creen.

Bolsonaro cerró el fondo, que ya ha rehabilitado la Corte Suprema. Noruega y Alemania han anunciado que están dispuestos a volver a colaborar con el nuevo ejecutivo brasileño. En su campaña de 2018, Bolsonaro prometió no dedicar “ni un centímetro más” a las tierras indígenas y cumplió su palabra. Lula, en cambio, ha prometido crear un ministerio de los Pueblos Originarios para proteger la Amazonía, hogar de casi 30 millones de brasileños, la mayoría muy pobres.

Gobernantes y activistas

Entre 2003 y 2008, los programas que Marina Silva puso en marcha redujeron la deforestación un 83% en una década. En Sharm el-Sheij, Silva se reunió con la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez. Ambas son mujeres negras que llegaron a la política tras sobrevivir a la violencia de la minería ilegal en sus tierras.

En la COP27, Petro y Márquez hablaron como gobernantes, pero también como activistas. Entre sus propuestas están convertir al BID y a la CAF en “bancos verdes” para financiar proyectos de 25.000 millones de dólares en un lustro, la creación de un mercado regional de carbono y de un corredor marino del Pacífico tropical.

La carrera contrarreloj se corre a diferentes velocidades. En la selva peruana los mayores problemas medioambientales provienen de derrames de petróleo. Entre septiembre y octubre hubo cuatro nuevos en las regiones de Loreto. Ucayali y Amazonas, que albergan varios pueblos originarios, entre ellos los awajún y shipibo-konibo.

Según Liliana Ávila, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), las pérdidas y daños son también culturales, de tradiciones, lenguas y modos de vida. En mayo de 2021 en The Atlantic, David Treuer, escritor de etnia ojibwe, escribió que una retribución apropiada a los pueblos originarios de EEUU sería darles el control del sistema de parques y reservas naturales del país.

En Canadá, que alberga 566 millones de hectáreas de bosques boreales, el mayor ecosistema forestal del hemisferio norte, donde viven el 70% de los pueblos nativos del país, el gobierno de Ottawa les entregado fondos para que puedan hacerse cargo de su conservación. Las comunidades Cree de Quebec, ya gestionan áreas protegidas de un tamaño similar al de Suiza.