El 18 de agosto, Túnez estrenó una nueva Constitución hecha a la medida de su presidente, Kais Said. Se enterraba así la Constitución democrática de 2014, uno de los principales logros de la transición democrática iniciada después de la revolución que depuso al dictador Zine El Abidine Ben Alí en 2011. Sin embargo, la nueva Carta Magna nace con una legitimidad cuestionada, ya que solo un 30’5% de la población participó en el referéndum del 25 de julio, si bien la gran mayoría de ellos (94%) votó a favor. Más que dar estabilidad al país, tal y como argumenta Said, la nueva ley fundamental ha agravado las divisiones internas. El actual proceso político de exclusión podría llevar en un futuro no muy lejano a una confrontación civil.
Según los expertos, el nuevo sistema político es “hiperpresidencialista” y codifica los plenos poderes que Said asumió el verano de 2021 haciendo una interpretación dudosa e interesada del artículo 80 de la Constitución referido al estado de emergencia. El presidente dispone de un poder casi absoluto, pues desaparecen varias de las instituciones independientes creadas en 2014. Ni tan siquiera las dos cámaras del Parlamento tendrán herramientas de control de su acción política. De hecho, la nueva ley fundamental, que Said no consensuó con ningún actor político o social, no recoge ningún mecanismo para que el Parlamento pueda cesar al presidente aún en caso de haber cometido alguna ilegalidad.
Said, un político independiente de 64 años, fue elegido presidente en 2019 con más del 70% de los votos. No es fácil colgarle una etiqueta ideológica, ya que es a la vez conservador en cuestiones morales y rupturista en términos políticos, siempre utilizando un discurso populista. Con fama de íntegro y austero, prometió librarse de una clase política “corrupta” a la que responsabiliza de no haber mejorado el nivel de vida de los tunecinos durante diez años de transición. Ahora bien, nadie imaginaba hace tres años que Said llevaría a cabo un “golpe constitucional”.
«Túnez era el único país de las primaveras árabes que había logrado sostener un proceso de transición hasta el golpe de fuerza de Said en 2021»
El Frente Nacional de Salvación, la plataforma que agrupa a varios de los principales partidos del país, puso en duda los resultados del referéndum y, sobre todo, la tasa de participación. “Los resultados anunciados por el ISIE están lejos de los constatados por los observadores, lo que refuerza las dudas sobre la imparcialidad y la independencia del ISIE”, rezaba un comunicado hecho público por la plataforma. En mayo, Said relevó de forma unilateral a los miembros del ISIE, la Junta Electoral que había sido elogiada por haber organizado de forma transparente todas las elecciones del período posrevolucionario. Túnez era el único país de las primaveras árabes que había logrado sostener un proceso de transición hasta el golpe de fuerza de Said en 2021.
Más allá de la credibilidad de las cifras, seguidores y detractores del presidente hicieron valoraciones muy distintas a las consecuencias que debería tener. “Los resultados han demostrado que Said es minoritario, y debería dimitir imperativamente”, remachó Jawhar ben Mbarek, destacado miembro de la sociedad civil y uno de los líderes del Frente. Los analistas realizaron una lectura menos concluyente de la tasa participación, porque, aún siendo raquítica para aprobar un cambio constitucional, fue mayor a la esperada por muchos. El presidente, por su parte, quiso celebrar la jornada electoral paseando por las calles de la céntrica Avenida Bourguiba de la capital, justo después del cierre de los colegios. Aclamado por sus seguidores, Said no dio ningún signo de querer ceder para solucionar la crisis que vive el país a través del diálogo, como solicita la comunidad internacional.
Con la oposición muy debilitada después de un año de gobierno por decreto, el único actor que le ha plantado un verdadero pulso a Said es la judicatura. En febrero, el heterodoxo presidente tunecino arremetió contra la independencia judicial y disolvió el Consejo Superior de la Magistratura, el órgano encargado de nombrar y asignar a los jueces. Una semana después, lo volvió a constituir con una nueva composición. La acción generó malestar entre la judicatura, pero la decisión que puso en pie de guerra a este estamento fue un decreto de junio por lo que cesaba a 57 jueces de sus funciones. Said les acusó, entre otras cosas, de “corrupción financiera y moral”. Los jueces se plantaron y organizaron una huelga de cuatro semanas, y tres de los jueces revocados iniciaron una huelga de hambre.
«Said cuenta con un reducido y hermético grupo de asesores, por lo que no es fácil anticipar sus próximos movimientos»
El 10 de agosto, el Tribunal Administrativo de Túnez falló suspender la aplicación del decreto, instando a la readmisión de 49 de ellos por no haber pruebas en su contra. Esta era la primera vez que una institución del Estado le desafiaba y se negaba a cumplir las órdenes. Ahora bien, no está claro que el Estado acate la sentencia. En la primera reacción al veredicto, la ministra de Justicia, Leila Jaffel, hizo saber a través de un comunicado que no se detendrían las acciones penales contra los magistrados, sugiriendo que no daría el brazo a torcer.
Aunque el presidente ha asegurado que no disolvería los partidos, sus detractores dudan de su palabra. Sobre todo, el histórico movimiento islamista Ennahda, el partido más votado en las últimas elecciones legislativas, y su más acérrimo detractor. Said cuenta con un reducido y hermético grupo de asesores, por lo que no es fácil anticipar sus próximos movimientos. El profesor de Ciencias Políticas Tarek Kahlaoui, con buenos contactos en el círculo presidencial y que ha estudiado a fondo el fenómeno del populismo, considera que las comparaciones que realiza la oposición entre Said y el depuesto dictador Ben Alí son exageradas. “Lo más probable es que construya un sistema híbrido, semi-democrático, en el que habrá elecciones, pero no la competición no será equilibrada. Algo similar ocurre con Erdogan en Turquía u Orbán en Hungría”, sostiene.
La próxima etapa en el proyecto de Said es la celebración de elecciones legislativas el próximo 17 de diciembre. Como la nueva Constitución no establece ningún parámetro para la ley electoral, también la promulgará de forma unilateral el presidente. Todo parece indicar que los comicios representarán un nuevo enfrentamiento entre Said y la oposición en un conflicto que se prevé largo.