Tíbet y Occidente: ¿Sacar pecho o enterrar la cabeza?

La represión china en el Tíbet es un escollo perenne en las relaciones entre China y Occidente. Un escollo que, en España y Estados Unidos, acaba de adquirir las dimensiones y rotundidad del Palacio de Potala. Pero la reacción ante la presión china para ignorar las reivindicaciones tibetanas es diferente en cada país.

En el caso  de España, el gobierno de Mariano Rajoy ha optado por acomodar las exigencias chinas mediante una contorsión legislativa. El pasado 11 de febrero, el Congreso de los Diputados aprobó una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que limita la aplicación del principio de jurisdicción universal en el extranjero. En el futuro, los jueces españoles podrán investigar crímenes de genocidio y lesa humanidad únicamente cuando la víctima, además de ser española, contase con la ciudadanía en el momento en que tuvieron lugar los hechos.

El beneficiario de esta medida es China. El 20 de noviembre, la Audiencia Nacional enfureció a la clase dirigente china emitiendo una orden de búsqueda y captura de cinco altos cargos del Partido Comunista de China (PCCh), entre ellos el expresidente Jiang Zemin y el ex primer ministro Li Peng. Los querellantes acusaban a las autoridades del PCCh de llevar a cabo un genocidio contra el pueblo tibetano durante los años 80 y 90. La querella, presentada en 2006 por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Casa Tíbet y el sherpa Thubten Wangchen, pudo progresar porque Wangchen es español. Pero al haber obtenido la ciudadanía en 1998, su causa, de ahora en adelante, será sobreseída. Carpetazo y a otra cosa.

No es la primera vez que un gobierno español desmerece de sus jueces. En 2009, PSOE y PP pactaron una primera limitación de la jurisdicción universal, limitando su aplicación a ciudadanos españoles. La decisión, criticada por jueces y organizaciones pro-Derechos Humanos, se tomó como respuesta a la presión de Israel para evitar el enjuiciamiento de militares israelíes acusados de cometer crímenes de guerra en Gaza. Ante el palo que son las amenazas veladas del PCCh y la zanahoria que representa el mercado chino para las exportaciones españolas, el gobierno ha tirado por la línea de menor resistencia. La diferencia es que, en contraste con 2009, la reforma del PP no ha logrado apoyo parlamentario, aprobándose gracias a la mayoría absoluta que ostenta el partido gobernante.

La posición estadounidense evoluciona en dirección opuesta a la española. El 21 de enero, Barack Obama se reunió con el Dalai Lama, líder espiritual del Tíbet. El encuentro en la Sala de Mapas de la Casa Blanca, que fue anunciado con tan sólo un día de anticipación, ha provocado un aluvión de críticas en China. Hua Chunying, portavoz del ministerio de Exteriores, lo definió como una intromisión en los asuntos internos chinos que perjudica “muy gravemente” la relación entre ambos países.

No está claro por qué el Dalai Lama, que a sus 78 años únicamente exige la autonomía –ni siquiera independencia– de la región, constituye una amenaza existencial para China. Ni que su entrevista con el presidente de EE UU constituya una injerencia en asuntos internos chinos, en vista de que el Tíbet fue invadido y anexionado por China en 1950. Al mismo tiempo, sorprende la frecuencia con que el Dalai Lama, que difícilmente es un peso pesado en la política mundial, se entrevista con el presidente de EE UU. Ya son tres los encuentros desde 2010.

El gesto de Obama se encuadra en la gira que realizará por Asia en abril, visitando Japón, Malasia, Corea del Sur y Filipinas. Se trata de países que mantienen disputas territoriales con China y a los que EE UU intenta anclar en su órbita mediante la firma de un ambicioso tratado de libre comercio. Según Robert J. Barnett, especialista en estudios tibetanos por la Universidad de Columbia, la reacción china respecto a la visita del Dalai Lama no hace más que acrecentar la percepción de agresividad territorial que le achacan tanto EE UU como sus vecinos.

Si Washington no se pliega como lo hace Madrid, es porque se lo puede permitir. Las gigantescas reservas de dólares de China constituyen un arma de doble filo. Depender de China para sufragar déficit presupuestarios causa histeria en círculos conservadores estadounidenses, pero en última instancia la posición de Pekín frente a Washington queda debilitada. China ha acumulado un billón de euros en bonos del tesoro americano, por lo que sería la primera víctima ante un desplome en el valor del dólar. En el terreno militar la ventaja americana continua siendo abrumadora. A pesar del desarrollo de un segundo portaaviones (y el primero de construcción autóctona: el primero fue comprado a Ucrania), la marina china aún es incapaz de desplazar a la americana en el Pacífico.

Ausentes semejantes bazas, España tiene pocas cartas que jugar. Incluso David Cameron, primer ministro británico, sucumbió recientemente ante la presión China y prometió no volver a reunirse con el Dalai Lama. Pero la maniobra del gobierno supone una traición a los jueces españoles, actualmente comprometidos con causas urgentes e importantes. El papel de la justicia española en el extranjero –especialmente en América Latina– constituye uno de los grandes logros de la España posfranquista. Limitándola, el gobierno asesta un duro golpe a esa Marca España que pregona a los cuatro vientos.