Tentación reeleccionista y democracia en llamas

El Congreso de Paraguay ardió el 31 de marzo, quizás como un claro reflejo de los ánimos políticos y la crispación ciudadana en medio de una crisis política con un fuerte impacto institucional y repercusiones nacionales e internacionales. La causa principal de esta crisis política es la puja reeleccionista que desde 2013 impulsan el presidente Horacio Cartes y el expresidente, Fernando Lugo.

La Constitución Nacional de 1992 en su artículo 229 apunta que: “El Presidente de la República y el Vicepresidente durarán cinco años improrrogables en el ejercicio de sus funciones … [y] no podrán ser reelectos en ningún caso”. Sin embargo, varios presidentes del país han tenido la misma tentación reeleccionista que vemos en el escenario presente. Tales fueron las ambiciones de exmandatarios como Nicanor Duarte o el propio Lugo. El problema de fondo en el debate reeleccionista en Paraguay son los antecedentes histórico-políticos de corte autoritario que marcan el pasado reciente del país. Desde Gaspar Rodríguez de Francia, autoproclamado Dictador Supremo de la República en el incipiente Estado paraguayo, pasando por los gobiernos paternalistas-patrimonialistas de Carlos Antonio López y su hijo, Francisco Solano, hasta el longevo régimen autoritario de Alfredo Stroessner, que se mantuvo en el poder desde 1954 hasta 1989.

Ese pasado autoritario, y en especial el más reciente, marcó las bases de la Asamblea Constituyente que dio origen a la actual Constitución, y es por ello que el tema de la reelección ha resultado muy sensible tanto para la clase política cuanto para la ciudadanía paraguaya, porque precisamente Stroessner fue quien cambió en varias ocasiones los artículos constitucionales para ser reelecto consecutivamente a lo largo de su gobierno autoritario.

A 27 años de la caída de Stroessner, a mediados de 2016, Cartes reabrió el debate en torno a la modificación del artículo 229 sobre el periodo de mandato presidencial, para introducir la figura de la reelección presidencial en la Constitución. A su postura releccionista se adhirieron otros actores políticos relevantes como Lugo, actualmente senador, y Blas Llano, también senador y líder de una facción política importante dentro del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), segunda fuerza política del país. Además de estos actores, el proyecto reeleccionista ha contado con el respaldo del sector oficialista de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el partido en el gobierno. La propuesta del líder del ejecutivo de modificar el artículo 229 es respaldada por 25 senadores de 45, en su mayoría pertenecientes a ANR, PLRA y Frente Guazú, liderado por Lugo.

Sesión express en un Senado paralelo

El 28 de marzo, estos 25 senadores conformaron un “Senado paralelo” para realizar una asamblea extraordinaria y aprobar una propuesta de modificación del reglamento interno de la Cámara de Senadores y así eliminar atribuciones al presidente de esta Cámara, así como para realizar cambios en la Carta Magna sin necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente y para disminuir a 23 votos, en vez de 30, la aprobación de un proyecto que tenga dictamen de una Comisión.

Dos días después, ese mismo grupo de 25 senadores presentó una propuesta de enmienda constitucional vía referéndum sobre la reelección presidencial, que fue aprobada en otra sesión extraordinaria y que ahora debe pasar a la Cámara de Diputados para su aprobación, donde la facción de Cartes y el sector del PLRA que apoyan la relección cuentan con mayoría para aprobar la propuesta. De ser aprobada, como todo lo indica, esta iniciativa de enmienda despejaría el camino a Cartes y Lugo en su proyecto de reelección, ya que de acuerdo con el texto aprobado se establece que la reelección presidencial bien podría ser consecutiva como no consecutiva. Esta sesión “paralela del Senado” y la propuesta de enmienda constitucional sobre la relección hecha de manera express fueron los acontecimientos que desencadenaron las protestas ciudadanas y la violencia en Paraguay.

La tarde del 31 de marzo, tras la sesión express del “Senado paralelo”, subió la temperatura política cuando en los alrededores del Congreso Nacional los líderes del PLRA, el senador Efraín Alegre y el diputado Edgar Acosta, así como el presidente del Congreso, Robert Acevedo, intentaron eludir las vallas de seguridad para ingresar al recinto y fueron repelidos con balines de goma, todos sufriendo varias lesiones junto con otros jóvenes manifestantes. Después de este enfrentamiento, se fueron congregando manifestantes en el centro histórico de la capital paraguaya para rechazar las actuaciones de los 25 senadores y los intentos releccionistas de Cartes y Lugo. Bajo el lema “No a la reelección”, fueron aglutinándose enfrente al Congreso manifestantes indignados por la manipulación política de las reglas del juego por parte de la elite política. La manifestación tuvo su punto álgido cuando un grupo logró abrirse paso ante la barrera policial que protegía la sede del Congreso y prendieron fuego a las instalaciones del recinto legislativo, previo saqueo y destrucción de varias de sus oficinas.

Tras recuperar la sede del Congreso y apagar el incendio, la policía nacional se dio a la tarea de reprimir y perseguir a los manifestantes en el centro histórico, lo que generó un saldo trágico en este nuevo “marzo paraguayo”, con más de 200 detenidos, más de 30 heridos y un joven militante del PLRA asesinado a manos de la policía en el interior del local de esta agrupación política.

Nuevo marzo paraguayo

La ambición releccionista de dos sectores políticos que en 2012 estaban en las antípodas del escenario político tras la destitución de Lugo, así como el respaldo que han recibido del sector llanista del PLRA, junto con el hastío de la ciudadanía por las constantes manipulaciones de la Constitución por parte de una elite política en busca de beneficios sectoriales, han sido las mechas que han encendido el nuevo “marzo paraguayo” con resultados trágicos. A su vez, han generado una crisis política e institucional de final incierto en un país caracterizado por la aparente estabilidad de su sistema político, según varios indicadores del sistema de partidos: un sistema plural aunque con predominancia de dos actores tradicionales, alta concentración de votos, competitividad, volatilidad mediana y escasa polarización ponderada.

Lo que hace interesante al sistema político paraguayo es que más allá de esa supuesta “estabilidad” que arrojan los indicadores, este muestra una fuerte tendencia a ser inflamable por la imprevisibilidad de los actores en juego. En el caso concreto de esta enésima crisis institucional, la manera más simple de resumirla consistiría en apuntar que se trata un caso de supuesta legalidad ilegítima. La supuesta legalidad es para los actores interesados pero, a la vez, la misma es ilegal e ilegítima para los demás actores políticos y para la ciudadanía indignada.