Vladimir Putin aprovechaba su visita a Turquía el 1 de diciembre para anunciar, en Ankara, la suspensión del proyecto South Stream. El tiempo dirá si es una decisión definitiva o bien un paso táctico –el presidente ruso habló de “suspensión, de momento”–, pero es obligado analizar tanto el contexto en el que tal decisión se toma como sus consecuencias más visibles.
El gasoducto South Stream, cuyo coste previsto era de 45.000 millones de dólares, hubiera permitido exportar anualmente 63.000 millones de metros cúbicos de gas a Europa occidental a partir de 2018, conectando el puerto ruso de Beregovaya con el búlgaro de Burgas, bajo el lecho del mar Negro. Desde allí, conectaría con los mercados de Serbia, Hungría, Eslovenia e Italia.
Rusia, que aspiraba a reducir con este gasoducto su dependencia de Ucrania como país de tránsito, comenzó su construcción en diciembre de 2012. Bulgaria, por su parte, había comenzado a desarrollar infraestructuras, planificado más de 6.000 empleos y aspirado a ingresar 500 millones de dólares anuales por derechos de tránsito. En cuanto a Italia, destino final del gas y que con el acuerdo de noviembre de 2006 entre Gazprom y ENI era el dinamizador principal del proyecto, sale también perdiendo, pues había construido ya la terminal receptora, la empresa Saipem abrigaba grandes expectativas en términos de inversión y empleo y el país tendrá ahora que intensificar su búsqueda de abastecedores.
Rusia responsabiliza de tan dramática decisión no solo a Bulgaria, por no haber autorizado el tendido por su territorio, sino particularmente a la Unión Europea por rechazar el trazado y a Estados Unidos como obstáculo último y más persistente. La visita de tres senadores estadounidenses a Sofía, el 8 de junio, fue determinante para que el gobierno del primer ministro búlgaro hasta agosto pasado, Plamen Oresharski, decidiera paralizar licitaciones en marcha y, con ello, la implementación de un acuerdo con Gazprom en el que llevaba mucho invertido. La UE había presionado a su socio búlgaro alegando que Rusia no cumple las exigencias de su “Tercer Paquete Energético”, en vigor desde 2009 y que proscribe actitudes monopolísticas como las que aplica Gazprom en Europa occidental. Parece claro, no obstante, que lo determinante ha sido el boicoteo estadounidense.
Turquía saldrá ganando, pues un Putin que ha elogiado a Ankara por no aplicar las sanciones occidentales contra Rusia por la anexión de Crimea ha prometido ahora reforzar el Blue Stream y construir un gasoducto hasta la frontera turca con Grecia. De este modo, circularán por suelo turco más de 50.000 millones de metros cúbicos anuales. Rusia planifica también reorientar buena parte de sus exportaciones gasísticas a China, que se ha comprometido a invertir 20.000 millones de dólares en conexiones energéticas y que simbólicamente va a construir en Crimea una planta de gas natural licuado. Moscú aspira así a ir sustituyendo un mercado complejo –en el que hoy la mitad del gas que exporta a Europa occidental atraviesa Ucrania– relacionándose con clientes no sujetos a las presiones estadounidenses y de la Unión según evolucione el conflicto en Ucrania.
Por Carlos Echeverría Jesús, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Educación a Distancia.