¿Cómo afecta la crisis catalana a la imagen internacional de España?

Desde el referéndum ilegal en Cataluña, el 1 de octubre de 2017, y la difusión en la prensa internacional de las imágenes de la intervención de la policía, la prioridad de la diplomacia y la política exterior española ha sido revertir el impacto negativo de la crisis catalana sobre la reputación de España. Una acción que ha cobrado más importancia con el nuevo gobierno y el nombramiento de Josep Borrell como ministro de Asuntos Exteriores. Los recientes congresos del PP y del PDeCat anticipan que esta cuestión seguirá siendo prioritaria. Cuatro testigos en Bruselas y Cataluña dan su visión al respecto.

Laura Ballarín Cereza | Asesora política en el Parlamento Europeo y Vicepresidenta del Consell Català del Moviment Europeo, CCME (@lauballarin)

España es una democracia consolidada y muy respetada a nivel internacional. Sin embargo, la crisis catalana y los acontecimientos que sucedieron en el otoño de 2017 en Cataluña han sido lo suficientemente graves para afectar a la imagen exterior española. Esto se debe, en primer lugar, y de manera más puntual, al desarrollo y respuesta al referéndum ilegal del 1 de octubre por parte del anterior gobierno de España, provocando daños innecesarios e imágenes muy negativas que dieron la vuelta al mundo. En segundo lugar, y de forma más estructural, el gobierno de Mariano Rajoy no invirtió suficiente tiempo ni recursos a contrarrestar el relato independentista en el exterior, al contrario de lo que hizo el govern catalán durante años con el objetivo de “internacionalizar el procés”. Era y es necesario que el gobierno español apueste por una diplomacia pública potente, la cual incluye diversas acciones a la hora de convencer a los sectores de la opinión pública exterior para que apoyen o toleren los objetivos de un gobierno. A diferencia de la diplomacia tradicional, centrada en gobiernos y cancillerías, que dio una respuesta ejemplar a la crisis catalana, la diplomacia pública es una herramienta muy poderosa para explicar y ganar “corazones y mentes” en el ámbito exterior.

Catalunya es el claro ejemplo de una falta de información y pedagogía a nivel internacional. En los últimos meses se ha corregido este rumbo, y los medios de comunicación extranjeros, así como la opinión pública internacional, han podido tener información más completa, sin sesgos, que permita conocer la realidad de esta crisis con todos sus matices.

Steven Forti | Profesor asociado en la UAB y colaborador en la revista italiana de geopolítica Limes (@StevenForti)

Hasta septiembre de 2017 la repercusión internacional del procés fue prácticamente nula. El cambio se dio el 1-O, cuando las imágenes de las intervenciones policiales produjeron una ola de simpatía con la causa catalana y un desprestigio de la imagen de España. Pesó también la intensa estrategia propagandística que el independentismo –a través de la Generalitat y diferentes asociaciones de la sociedad civil– había desarrollado durante el anterior lustro. Fue una ola de breve duración, que afectó principalmente a la opinión pública internacional y no a los gobiernos e instituciones europeas. Tras la declaración unilateral de independencia del 27-O y la elección de Quim Torra –una figura tachada de nacionalista identitario–, el soberanismo perdió gran parte de esa simpatía. El discurso independentista –España es un país autoritario, comparable a Turquía o Hungría– no cuajó, excepto en sectores vinculados a otros nacionalismos subestatales europeos o algunas izquierdas radicales.

De todos modos, la gestión de la magistratura –y sobre todo la fracasada extradición de Carles Puigdemont– no ha ayudado. El discurso, amplificado por la presencia internacional de Puigdemont, de que en España no hay separación de poderes ha encontrado un cierto apoyo. Parte de la responsabilidad recae sobre el ejecutivo de Mariano Rajoy: no solo por la pésima gestión de la crisis catalana, sino por su deficiente estrategia de comunicación, señalada en más de una ocasión por los corresponsales extranjeros en España.

Con el cambio de gobierno y la apuesta por el diálogo de Pedro Sánchez, el discurso independentista se ha quedado desfasado. Moncloa ha desarrollado una estrategia de comunicación mucho más proactiva, sobre todo con la figura de Josep Borrel y una puesta en escena progresista. Aunque hay temas delicados por resolver –in primis el encarcelamiento preventivo de políticos independentistas y las acusaciones por el delito de rebelión, consideradas excesivas por muchos comentaristas extranjeros–, la imagen de España ha recuperado en gran medida lo que perdió en los meses anteriores.

Enric Juliana | director adjunto de ‘La Vanguardia’ (@EnricJuliana)

Indudablemente, la crisis catalana ha tenido repercusión en la imagen internacional de España, especialmente durante los hechos de octubre de 2017. Las imágenes de la policía interviniendo en los colegios electorales, en algunos casos golpeando y arrastrando a personas que ofrecían una resistencia pacífica, tuvieron un fuerte impacto en el circuito internacional de información. Posiblemente la peor imagen que ha enviado España al mundo desde la muerte del general Franco. Los independentistas creyeron que ese impacto negativo iba a forzar una mediación internacional, que no se produjo. El gobierno quedó durante unos días noqueado y ello explica, en parte, la posterior reacción del aparato judicial español en busca de una condena dura y ejemplar por el delito de rebelión; estrategia judicial que ha quedado averiada en Alemania.

Fue un golpe, sí, pero no la ruina de la reputación internacional de España. El gobierno quedó desconcertado, pero el Estado no se vino abajo. Se transgredió la Constitución sí, pero ni por activa ni por pasiva se produjo una rebelión con violencia. Los españoles –catalanes incluidos- tendemos a dramatizar mucho nuestros problemas, lo cual dificulta muchas veces su solución. En el mundo actual, las imágenes van y vienen a gran velocidad. Un impacto desplaza a otro y muchos países, por no decir todos, viven con angustia su proyección en el mundo. Fijémonos en la gestualidad de Emmanuel Macron en la final del último Mundial de Fútbol. Parecía que le iba la vida. Lo que antes parecía sólido se vuelve frágil en la globalización digital. Pero España no se ha hundido.

Pablo Rodríguez Suanzes | Corresponsal de ‘El Mundo’ en Bruselas (@Suanzes)

En los últimos nueve meses, la imagen internacional de España ha quedado tocada. No hundida, pero sí se ha visto afectada por la peor crisis constitucional en décadas, por las imágenes de la Policía golpeando a manifestantes y votantes el 1 de octubre de 2017. Por la salida del país del expresidente Puigdemont y sus consellers. Por los procesos judiciales abiertos (y cerrados) en Bélgica, Alemania o Suiza. Por el torrente de reproches, descalificaciones, acusaciones y denuncias.

La estrategia del gobierno de Rajoy, admitida sin rubor por sus responsables, consistía y consistió en fiarlo todo a la labor diplomática y política, sobre todo en la Unión Europea. Mientras los gobiernos, las cancillerías, cerraran filas en torno a la ley, todo estaría bien. Esa parte salió bien, como se vio por las reacciones de las instituciones europeas y los gobiernos de todo el mundo tras la declaración fallida de independencia. Pero eso nunca fue y no podía ser suficiente. En 2018 la política no se hace solo en las embajadas y el Consejo Europeo. Cada imagen, cada silencio, cuenta.

Europa sabe que España es una democracia, pero también que tiene varios problemas muy serios y no es capaz de resolverlos. La razón legal está de parte de Moncloa y el Tribunal Constitucional, eso no lo discute nadie, pero aunque condición necesaria, no es suficiente, y muchos en la política nacional parecen todavía ajenos a esa realidad.

No es algo reciente. Hasta hace muy poco, la gran mayoría de los europeos pensaba en Cataluña con la narrativa independentista. Una región diferente, con cultura y lenguaje propio y homogéneo, en una lucha contra el Estado español, que miraban con mayor o menor simpatía según sus anteojos. Ahora, al menos, parte de la opinión pública europea ha comprendido que la situación es mucho más compleja, la sociedad mucho más plural (y dividida), las preferencias, mixtas.

El mensaje de las instituciones, de los socios, es claro desde el principio y no ha cambiado: ellos no pueden resolver un asunto interno. Están con la ley, con la Constitución y, hasta cierto punto, con el gobierno de España, porque es y será siempre su interlocutor. Apoyo, pero no mano libre. La solución, repiten, está en la fuerza de los argumentos, no en el argumento de la fuerza. Y que haya que decirlo explica cómo ha quedado la imagen del país tras nueve meses de lucha en el fango.