Salud pública americana: nueva batalla

Un abogado de Greenville, Carolina del Sur, ha encontrado un modesto espacio jurídico para disparar un torpedo a la línea de flotación de la nave llamada ACA, Affordable Care Act, el gran proyecto de salud pública de Estados Unidos. El abogado es Thomas M Christina. Ha trabajado en el American Enterprise Institute, gran entidad conservadora de Estados Unidos.

Las palabras mágicas son cuatro: los créditos concedidos a los usuarios con los que pueda efectuarse un intercambio de situaciones jurídicas que les asegure su nuevo seguro público deberán basarse en créditos establecidos por el Estado. Se refiere a cada uno de los 50 estados de la Unión. Podrían verse afectados más de 30 estados y más de seis millones de ciudadanos, que quedarían desprotegidos frente a la oferta de su cobertura gratuita. El asunto está contado en la primera página de The New York Times, 3 de marzo. Nadie dudará la magnitud de la apuesta que la presidencia americana puso sobre la mesa en diciembre de 2010. El abogado Thomas M Christina la tramitó pero se retrasó durante un largo tiempo: meses en unos casos, años en otros…

A estas alturas, cuando faltan 20 meses de mandato presidencial, la Affordable Care Act tiene un peso político mayor que la retirada de Afganistán, la ciberguerra o la lucha contra el ISIS. La conocida como Obamacare tratará de abrirse paso, sin duda: hay posibilidades de que lo consiga. Pero la astucia de un modesto y avisado profesional del Derecho, con despacho a pocas millas del Congreso de Estados Unidos, es una amenaza que ha merecido la primera página y un largo espacio en la tercera del periódico más renombrado de América. Algunos juristas consideran la amenaza como seria: la Corte Suprema decidirá finalmente. Y lo hará ya.

Los magistrados de la Corte habrán de decidir si el Congreso podrá cerrar el paso a los nuevos seguros. Muchos defensores de la ley saben que el abogado Thomas M Christina no descubrió las cuatro palabras mágicas hasta después de que el desarrollo de la nueva normativa se pusiera en marcha. Juristas de peso, defensores del proceso comenzado hace casi cinco años, en los que el proyecto se impuso frente a oponentes firmes, sostienen la escasa base jurídica de los argumentos propuestos por Thomas M Christina. Pero la Corte Suprema habrá de pronunciarse en las próximas horas: los debates comenzaron esta misma semana y es posible que en pocos días haya una resolución definitiva. O una nueva moratoria.

Otros especialistas sostienen que quienes se opusieron después de 2010 al proyecto de Barak Obama eran sobre todo activistas empeñados en destruir la nueva ley. Michael S Gravel, profesor de universidad, sostiene que hay una necesidad inmediata “de matar la ley como medida de higiene política”. “No importa cómo se haga –acaba de declarar– pero la ley ha de ser desmembrada después de estrangulada tras clavar una gran estaca en su corazón”. El abogado Thomas M Christina, de 54 años, es más moderado en su lenguaje: graduado por Harvard, ha trabajado en la administración Reagan, departamento de Justicia, para pasar luego a un gran bufete en Washington. De pronto descubrió un día, entre los millares de páginas del proyecto legal, las cuatro palabras que podrían darle una cierta fama. Concretamente en el párrafo 401 (k). “No me pareció encontrar nada más interesante en ese oceánico texto”.

En las leyes se encuentra a veces un mínimo agujero a través del cual deslizar un alfiler y derribar un naipe que al caer provoque, en fracciones de segundo, la caída al suelo del enorme castillo legal construido por cientos de juristas ilustres. Eso permitió imaginar a Thomas M Christina que los subsidios promovidos por la ley pudieran resultar inconstitucionales en muchos estados. Ni mas ni menos.

Por Darío Valcárcel, Consejero-Delegado de Estudios de Política Exterior.