El experimento político-económico puesto en marcha por el primer ministro socialista, Antonio Costa, y sus aliados parlamentarios, el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista, no está dando los resultados que prometieron sus líderes. Costa aumentó el salario mínimo, las pensiones y los sueldos de los funcionarios, todos ellos recortados por el rescate europeo, para reactivar la economía y el consumo.

Las escasas posibilidades de que Hollande sea reelegido el próximo año es una de las muchas señales de la crisis de la socialdemocracia europea. La erosión de los sistemas bipartidistas está siendo especialmente dura con el centro-izquierda. Las recetas “social-liberales” se han mostrado incapaces de ofrecer una alternativa viable –o siquiera reconocible– a las políticas de austeridad.

El encuentro en San Petersburgo, el 9 de agosto, entre Recep Tayyip Erdogan y Vladimir Putin, el primer líder mundial con el que que se reunió el presidente turco tras el fallido golpe militar del 16 de julio, muestra que solo nueve meses después del derribo de un caza ruso por Turquía, el pragmatismo ha vuelto a reinar entre Moscú y Ankara.

La radicalización islamista en el Magreb y entre ciudadanos europeos de origen magrebí, ha sido especialmente notoria entre personas de cultura bereber y lengua amazig, desde la Cabilia argelina hasta el Rif marroquí y en menor propoción en Túnez, donde los amazig representan solo el 1% de la población. Ese factor denominador común ha llevado a algunos analistas a investigar la posible conexión entre la radicalización y la marginación socio-cultural de las minorías étnicas en el norte de África.

La transición de una sociedad hipersubsidiada a una más competitiva se ha convertido en el gran reto del presidente argentino, Mauricio Macri, que heredó del kirchnerismo un endeudamiento que comenzó a desbocarse ya en 2002, cuando el gobierno congeló las tarifas del gas y la electricidad para reactivar la economía. Pero esa medida, que tuvo una cierta lógica inicial, se ha convertido en una pesada losa para las cuentas públicas. Los subsidios a la energía pasaron del 1,5% del gasto público en 2005 al 12,3% en 2014, lo que explica que Macri recibiera un déficit presupuestario del 5,4% del PIB, que su gobierno pretende reducir al 3,3% en 2017.