Al convertirse en el primer líder del Kremlin en enviar un cuerpo militar expedicionario fuera del territorio de la exUnión Soviética desde que Leónidas Breznev invadió Afganistán en 1979, Vladimir Putin ha asumido el mayor riesgo exterior de su carrera política con varios objetivos: apuntalar al desfalleciente régimen de Bachar el Asad, recuperar el papel de Rusia como gran potencia, hacerse imprescindible en cualquier negociación diplomática para poner fin al conflicto sirio y llenar el vacío de poder que ha dejado EE UU en la región tras su retirada de Irak.

La cumbre del 2 de octubre en París, que reunió a los líderes de Alemania, Francia, Rusia y Ucrania para supervisar el seguimiento del acuerdo Minsk-2 –que impuso el 12 de febrero un alto el fuego que se ha mantenido relativamente estable–, terminó con una atmósfera de cierto optimismo, despejando los nubarrones más amenazantes que se cernían sobre la zona desde la anexión rusa de Crimea en marzo de 2014.

La multiplicación de conflictos, Estados fallidos y fricciones geopolíticas ha hecho impostergable revitalizar las operaciones de paz de la ONU, una evidencia que movió 54 países a aceptar la invitación de Barack Obama para reunirse al margen de la Asamblea General con el propósito de analizar cómo reforzar las misiones de los cascos azules.

Las grandes empresas de la nueva “economía colaborativa” (sharing economy) –sobre todo Uber en el sector del transporte y Airbnb en el del alojamiento–, se están enfrentando en todo el mundo a una creciente hostilidad de los perjudicados por su modelo de negocio. En Europa, gobiernos y ayuntamientos, apoyados por las asociaciones del taxi, quieren prohibir a Uber, una plataforma que conecta a pasajeros con conductores de vehículos registrados, argumentando que su actividad es ilegal o irregular.

Después de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) se declarara competente –por 14 votos contra dos– en la demanda boliviana para que Chile negocie “de buena fe” con La Paz una indeterminada salida soberana al mar del país del Altiplano, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, se apresuró a declarar que Bolivia “no había ganado nada” y que Chile aseguró sus fronteras contra “todo riesgo judicial”.