La clara victoria (45%) del socialdemócrata PSD en las legislativas rumanas frente al liberal PNL del presidente Klaus Iohannis, que apenas obtuvo el 20% tanto en la Cámara baja como en el Senado, quedó empañada por una participación de apenas el 40%. El nivel de abstención puso en evidencia la frustración de los electores con la clase política, implicada en múltiples casos de corrupción –sobornos, lavado de dinero, comisiones ilegales– o de negligencia institucional, como reveló el incendio hace un año de la discoteca Colectiv de Bucarest, que dejó 62 muertos.

La necesidad de aumentar los presupuestos de defensa en la UE está comenzando a traducirse en hechos, como muestra el proyecto de Bruselas para crear un Fondo de Defensa Europeo que, entre otras cosas, multiplicará la inversión en ciberseguridad y tecnología naval y de drones. Las insuficiencias de la UE en materia militar, que la colocan en una permanente situación de vulnerabilidad y dependencia de EEUU, y la propia sostenibilidad de la industria de defensa europea hacían impostergable ese plan.

El doble atentado suicida del 10 de diciembre junto al estadio del Besiktas, en Estambul, que provocó 44 muertos y 155 heridos, fue reivindicado por una escisión del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Este hecho ha sido aprovechado por el presidente, Recep Tayyip Erdogan, para endurecer las medidas represivas contra la minoría kurda, cuyas principales poblaciones, concentradas en el sureste del país, llevan siendo sometidas desde hace meses a un hostigamiento militar que ha provocado unas 1.700 muertes y cientos de miles de desplazados.

La euforia desatada en Damasco por la caída de Alepo, la segunda ciudad siria y que había estado en manos rebeldes desde 2011, se vio casi de inmediato frustrada por la recaptura de Palmira por Daesh, que fue expulsado de la histórica ciudad el pasado marzo por las fuerzas leales al régimen de Bachar el Asad. Los yihadistas aprovecharon el redespliegue del ejército sirio en Alepo para atacar ese flanco ahora vulnerable.

El comunicado del 2 de diciembre de las cancillerías de Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil anunciando el “cese” de la participación de Venezuela en Mercosur tiene todos los visos de prolongarse sine die ante la escasa posibilidad de que el gobierno de Caracas vaya a incorporar en su legislación todo el acerbo legal de los tratados del bloque. Este acerbo incluye 112 resoluciones y aproximadamente 300 normas comerciales y, sobre todo, las cláusulas de los protocolos referidos a la democracia, la división de poderes y el respeto de los derechos humanos.