Panamá ha elegido a un nuevo presidente. El 4 de mayo, los panameños acudieron a las urnas y otorgaron un mandato a Juan Carlos Varela. Con el 60% de las papeletas escrutadas, Varela y su Partido Panameñista obtienen un 39,2% del voto, lo que supone ventaja holgada sobre sus principales rivales, José Domingo Arias (Cambio Democrático) y Juan Carlos Navarro (Partido Revolucionario Democrático).
La campaña electoral ha sido intensa, dominada por reivindicaciones de trabajadores e indígenas, y sometida a las injerencias del actual presidente, Ricardo Martinelli. Constitucionalmente obligado a mantener la neutralidad, Martinelli apoyó a su mujer, Marta Linares, que se presentaba como vicepresidenta de Arias. Los rivales de Martinelli consideraron esta maniobra como un intento de perpetuar su poder, fijado en un mandato de cinco años. Su apoyo, en vista de los resultados, parece haber sido contraproducente para Cambio Democrático.
La figura de Martinelli ilustra en cierta medida las tensiones que sacuden a Panamá. Multimillonario, dueño de una cadena de supermercados y presidente desde 2009, abandona el cargo convertido en una figura polémica. Entre sus logros están la creación del Metro de Panamá, pero su estilo de gobierno abrasivo le ha valido la oposición de trabajadores e indígenas. En octubre de 2012, una polémica ley de privatización de tierras en el Caribe generó revueltas y saqueos en las principales ciudades del país. Durante la campaña, el popular cantautor Rubén Blades acusó al presidente de “comprar voluntades” políticas mediante sobornos y chantajes. Miguel Antonio Bernal, abogado y analista político, considera que ha gobernado Panamá “como si fuera una finca, un supermercado más”.
Panamá, al igual que Martinelli, se ha enriquecido considerablemente en los últimos años, consolidándose como el Singapur de Centroamérica. Las bazas del país son su ubicación estratégica y su atractivo como paraíso fiscal. La renta per cápita media es de 8.000 dólares, considerablemente superior a la de sus empobrecidos vecinos. A pesar de todo, la desigualdad supone una fuente perenne de malestar social. El 35% de los 3,8 millones de panameños viven bajo el umbral de la pobreza. Para el millón de indígenas de Panamá, cuyo modo de vida se ve amenazado por proyectos hidroeléctricos y mineros, la situación es aún peor. El país ocupa un no muy esperanzador puesto 102 en la lista de corrupción que elabora Transparencia Internacional.
Así las cosas, no sorprende que la presidencia de Martinelli haya presenciado múltiples protestas de grupos indígenas y trabajadores. El caso más reciente tuvo lugar durante la campaña, y afectó al canal de Panamá, auténtica gallina de los huevos de oro del país. Los 70.000 trabajadores que llevan a cabo la ampliación del canal declararon una huelga general a finales de abril. Las obras de ampliación, que se detuvieron entre el 5 y el 20 de febrero, están resultando un quebradero de cabeza para las autoridades panameñas: en gran parte porque el consorcio que lleva a cabo las obras, liderado por Sacyr, declaró en diciembre que la ampliación escapaba a su presupuesto inicial por la friolera de 1.200 millones de euros. El episodio, todo un varapalo para la credibilidad de la “marca España”, ha estado en el centro de la campaña electoral.
Varela tomará posesión de su cargo el 5 de julio. Le esperan cinco años al frente de un país pequeño que hace frente a grandes retos.