El gobierno de Ecuador declaró el estado de emergencia después de que las protestas policiales por el recorte de los salarios y los beneficios del pasado 30 de septiembre se volviesen violentas, dejando al menos cinco muertos y centenares de heridos. El presidente Rafael Correa afirma que fue secuestrado por los protestantes y que un intento de golpe de estado estuvo en marcha, afirmaciones que la oposición tilda de exageradas. ¿Qué ocurrió realmente durante aquellos disturbios? Tras los incidentes, ¿Correa sale fortalecido o debilitado? ¿Corre el país el riesgo de sufrir una inestabilidad similar en un futuro próximo? ¿Cómo afectarán las preocupaciones sobre la gobernabilidad a las inversiones?
Tres expertos en Ecuador presentan en el Latin America Advisor sus visiones sobre los acontecimientos del pasado 30 de septiembre.
Luís Gallegos, embajador de Ecuador en EE UU: “La sociedad ecuatoriana desea con ahínco disfrutar de una democracia plena, donde haya igualdad de oportunidades para todos. El amplio apoyo y la popularidad del presidente Rafael Correa se deben a su plan de gobierno, percibido como un plan para la promoción del desarrollo social equitativo y una administración eficiente. Los programas del gobierno trabajan en beneficio de aquellos tradicionalmente ignorados. Esto implica romper o cambiar con algunas estructuras que han demostrado escasa eficiencia. Obviamente, estos cambios suscitan reacciones. La reacción de algunos miembros de la policía nacional, probablemente motivados por una campaña de desinformación orquestada para generar descontento, desembocaron en los acontecimientos del 30 de septiembre. Resulta desafortunado que estos miembros de la policía nacional no eligiesen dirigir sus quejas a través de los canales apropiados, creando una situación irracional que puso en peligro al país y que provocó la condena de los ecuatorianos y de la comunidad internacional, EE UU incluido. A diferencia de pasadas ocasiones, nuestro gobierno y nuestras instituciones han superado este desafío y el país continúa su camino hacia delante. La democracia ecuatoriana resiste. Yendo hacia delante, Correa ha salido reforzado y sin duda continuará con la agenda del cambio para nuestro país. Nuestra economía permanece relativamente fuerte, a pesar de la recesión económica global. Nuestro énfasis está ahora en el desarrollo sostenible e invertimos en armonía con nuestro objetivo de proveer una buena vida a nuestra población, al tiempo que protegemos la diversidad medioambiental. El gobierno ha indicado que continuará con las reformas necesarias para promover el crecimiento sostenible, que ofrece iguales oportunidad para todos. Estas reformas cuentan con un amplio respaldo popular”.
Ramiro Crespo, presidente de Analytica Securities en Quito: “Las protestas policiales del 30 de septiembre cuestionan la teoría que dice que el presidente Rafael Correa ha conseguido por fin mejorar la estabilidad política en Ecuador. En 1978, el país andino fue uno de los primeros en regresar a la senda democrática, pero no ha conseguido desde entonces establecer y reforzar los pesos y contrapesos indispensables para permitir la gobernabilidad y, en consecuencia, atraer la inversión extranjera. La constitución de Correa de 2008 dejó muchos de los problemas del sistema político anterior sin resolver, mientras concentraba el poder en el ejecutivo, en base a una concepción equivocada de la estabilidad, que proviene de la historia reciente de presidentes caídos. Este sistema de pesos y contrapesos se han debilitado más si cabe. La fragilidad de este sistema de ‘caudillaje del siglo XXI’ resultó evidente el 30 de septiembre: con el jefe del ejecutivo a cargo incluso del debate sobre los beneficios de la policía, los acontecimientos rápidamente quedaron fuera de control y pusieron al país al borde de un conflicto armado ente la policía y las fuerzas armadas. Los acontecimientos apuntan más a una sedición que a un golpe de estado. Los auténticos ganadores son las fuerzas armadas, cuyo papel como sostén de gobiernos ha sido restaurado. El rescate de Correa estuvo pobremente ejecutado – el hospital no fue previamente evacuado y los oficiales del gobierno pusieron a civiles en la línea potencial de fuego. Además, forzar a todos los medios a retransmitir contenido gubernamental durante el punto muerto fue uno más de los ejemplos del intento de controlar el pensamiento independiente. Esto ha ocurrido también en el extranjero: las autoridades han vetado la asistencia del sector privado ecuatoriano a la cumbre del Banco Mundial y el FMI”.
Julio Carrión, profesor asociado y director del Área de Estudios de la University of Delaware: “Una mal gestionada disputa laboral que se transformó en una crisis política debido al ímpetu del presidente Correa y a su gran ego, eso fue lo que sucedió. Al intentar enfrentarse personalmente a una insubordinación policial inaceptable, Correa subió la apuesta de manera dramática. La policía no marchó sobre el palacio presidencial para capturarlo, escenario acorde con un golpe de estado. En cambio, el presidente cayó en las manos de la policía por culpa de su propia temeridad. El hecho de que el vicepresidente Moreno se moviese libremente en Guayaquil mientras el presidente estaba retenido en Quito, indica claramente las intenciones reales de la policía. Menos serias aún son las acusaciones gubernamentales de que Lucio Gutiérrez y su partido Sociedad Patriótica estuvieron detrás del golpe. La hija de Gutiérrez, la subteniente Karina Gutiérrez, y el mayor Robert Vargas Borbúa, primo de Gutiérrez, estaban entre las tropas de elite que rescataron a Correa del hospital. Lo que hizo Lucio Gutiérrez fue pedir la disolución de la Asamblea Nacional y nuevas elecciones generales, ciertamente no la posición más democrática durante una crisis como aquella. No creo que estos acontecimientos vayan a reforzar a Correa. Aunque las encuestas están registrando un modesto repunte de su popularidad, muestran también que dos tercios desaprueban la manera en que se enfrentó a la policía (alentándolos a asesinarle si eran ‘lo suficientemente valientes’) y que cerca de la mitad de los entrevistados no creen al gobierno cuando dice que fue un golpe de estado. Asimismo, existen numerosas señales de que al público no le gustó especialmente la censura que las televisiones privadas sufrieron durante unas pocas horas durante el 30 de septiembre”.
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Reproducido con el permiso de Latin America Advisor, boletín digital diario publicado por Inter-American Dialogue.