¿Qué está pasando en Bolivia?

Bolivia celebró el 20 de octubre elecciones presidenciales y legislativas sin mayores sobresaltos. Después de votar, la ciudadanía solo esperaba a las 20:00 horas para conocer los resultados del sondeo realizado a pie de urna por la empresa Viaciencia, autorizado el Tribunal Supremo Electoral (TSE). A la hora prevista, la empresa comunicó que Evo Morales había logrado un 43,9% de los votos, seguido de Carlos Mesa con el 39,4%. Dado que el margen de error era del 1%, quedó claro que habría una segunda vuelta o balotaje, extremo previsto por la ley electoral cuando la fórmula ganadora no logra más del 50% del voto o, habiendo pasado el umbral del 40%, exista una diferencia de más del 10% con el seguidor inmediato.

En paralelo, el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), un mecanismo diseñado para presentar información rápida y fidedigna, apuntaba una tendencia hacia el balotaje, ya que con el 83% de los sufragios contabilizados, Mesa obtenía el 37,4% y Morales, el 45,71%.

Una hora después, sobre las 19:00 horas, el TREP dejó de emitir información sin más explicaciones. Tras la sorpresa vinieorn las quejas candidatos opositores, medios de comunicación y observadores internacionales, que pidieron su restitución, sin respuesta alguna. Cuando el TREP volvió a funcionar, 23 horas después, lo hizo para informar de que el partido en el gobierno, Movimiento al Socialismo (MAS), había logrado una diferencia de poco más de 10 puntos porcentuales respecto a Mesa, lo que daba a Morales la victoria en primera vuelta.

Ese hecho fue el inicio de una escalada de protestas, con miles de personas saliendo a la calle en diferentes ciudades de Bolivia, y un saldo de tres oficinas de los tribunales departamentales electorales arrasadas por el fuego. A esta situación se sumó el miércoles 23 de octubre un paro nacional indefinido convocado por los comités cívicos, además de al menos dos muertos. En este marco, es relevante el pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA), que apuntó al sorpresivo cambio de tendencia en el voto a favor de Morales desde que el TREP dejó de funcionar.

¿Cuáles son las causas del estallido social?

Decir que la agitación social que vive hoy Bolivia se debe a la actuación del TSE sería, sin duda, muy parcial. Se trata más bien de la expresión de un rechazo acumulado ante las acciones del MAS para permanecer en el poder de manera indefinida. Desde diciembre de 2005, Evo Morales solo ha conocido triunfos electorales. Ganó las elecciones de 2005, 2009 y 2014, ganó el referendo revocatorio de 2009 y el constituyente del mismo año. En promedio, todos estos triunfos fueron con un 60% de apoyos, mayoría absoluta en todos los casos.

En este contexto, el único enemigo de Morales no fue la oposición, sino el tiempo de mandato. Los más de 10 años en el poder siempre resultaron insuficientes para sus ambiciones. Ante la disyuntiva tener que dejarlo en enero de 2020 –como prescribe la Constitución–, Morales, haciendo uso de su mayoría en el Congreso, forzó un referendo constitucional vinculante para consultar un cambio en el artículo 168 de la Constitución que, explícitamente, prohíbe una tercera repostulación.

En el referendo realizado el 21 de febrero de 2016, el MAS salió derrotado, ya que la opción del No ganó con el 51% de los votos. Sin embargo, el MAS que, en un primer momento reconoció los resultados, en la práctica puso en marcha una campaña mediática para socavar la credibilidad de los resultados acusando a los medios de comunicación independientes de haber conformado un “cartel de la mentira” para perjudicar al MAS. Aludieron al escándalo hecho público días antes del referendo sobre el hijo de Evo Morales y Gabriela Zapata, una mujer que sin tener título profesional alguno, estaba en un alto cargo en una empresa china con contratos millonarios con el gobierno.

Posteriormente, este partido presentó un recurso abstracto de inconstitucionalidad del artículo 168 al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), demandando la habilitación de Morales para las elecciones de 2019. Pocas semanas antes de que acabara su mandato, el TCP dictaminó a favor del MAS, argumentando que no se podían limitar los derechos políticos del presidente en su derecho a su postulación porque eso iba en contra de convenios internacionales de los que Bolivia es signatario. En otras palabras, el TCP afirmaba que impedir una cuarta postulación de Morales era atentar contra sus derechos humanos disponiendo, de manera forzada, una aplicación preferente del art. 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que no establece en ninguna de sus partes el derecho a una reelección indefinida.

Más adelante, en la Asamblea Legislativa empezó a tratarse una Ley de Organizaciones Políticas que, entre otros elementos novedosos, prescribía la realización de primarias. Aunque el Organismo Electoral Plurinacional presentó la norma en junio de 2018 y se esperaba un largo análisis, la bancada del MAS se dio prisa en su aprobación y el presidente la promulgó el 1 de septiembre.

El objetivo del MAS con esta ley era debilitar a los partidos de oposición. En efecto en el apresuramiento por cumplir con los requisitos de esta norma, solo nueve organizaciones de más de 20 pudieron habilitarse. Salvo el MAS, todas las demás tuvieron problemas con el registro de militantes. De un padrón electoral de 6.463.256 personas, solo 1.715.880 estaban registradas en alguna organización política.

Las primarias de enero de 2019 blindaron las candidaturas de Evo Morales y de Álvaro García gracias a su carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio. En los partidos de la oposición, reflejaron debilidad, personalismo y precariedad organizativa.

Puesto que Morales prácticamente había pasado todos los filtros institucionales para legalizar su candidatura más allá de lo prescrito por la Constitución, los movimientos ciudadanos se lanzaron a denuncialo. Entre 2018 y 2019, el gobierno estuvo siempre afectado por acciones de resistencia a la repostulación por parte de gran diversidad de actores, denominados plataformas ciudadanas, que marcharon en las calles y atosigaron a Morales y a García en actos públicos, repitiendo la frase “Bolivia dijo no”. En 2018 una larga huelga de médicos pudo hacer que Morales derogara la ley de nuevo código penal; y el 10 de octubre, fecha del retorno a la democracia hubo movilizaciones en varios departamentos convocados por sectores opositores que conminaban a Morales a renunciar a su repostulación y al Tribunal Supremo Electoral hacer respetar el voto del 21F.

Para entonces la percepción que la ciudadanía tenía sobre la democracia ya estaba deteriorada. El informe de Latinobarómetro señalaba que entre 2016 y 2018 el índice de satisfacción con la democracia en Bolivia estaba en franco descenso:

Si bien las variables independientes para explicar la insatisfacción con la democracia son económicas, sociales e institucionales, se puede afirmar que en Bolivia, está insatisfacción está relacionada con el deterioro de las libertades políticas y con el rendimiento de la democracia electoral.

El crecimiento con baja inflación que experimenta Bolivia desde hace más de una década sería suficiente para detener el profundo malestar que se ha ido gestando en la ciudadanía. Las violaciones a la Constitución y el desconocimiento de la voluntad popular mermaron la confianza en el MAS y en Morales que, obtuvo sus peores datos electorales. En las calles, la población sale a defender su voto y a exigir que el MAS no destruya el pilar fundamental de un Estado constitucional de derecho: la democracia.