En los años setenta del siglo XX, la guerra ya era obsoleta como solución de conflictos entre potencias, contrariamente a lo que ocurría en países subdesarrollados. Ante el conflicto centroamericano, Estados Unidos creó la “guerra de baja intensidad” como forma de intervención militar, al tiempo que declinaba la Doctrina de Seguridad Nacional. Washington intentó recuperar las relaciones militares apoyadas en intereses de seguridad compartidos, pero tras la guerra de las Malvinas, en 1982, los militares de América Latina buscaron sus propias soluciones. Era el comienzo del declive de la hegemonía estadounidense en el continente.
La crisis del modelo de desarrollo económico latinoamericano y el fin de la tutela de EE UU durante los años ochenta facilitaron el proceso de desmilitarización de los gobiernos. El llamado proceso de redemocratización en América Latina acabó con las dictaduras. Al cierre de esa década, el comienzo de solución de la crisis centroamericana completó el nuevo panorama regional, al unísono con el derrumbe del comunismo y el fin de la guerra fría. Se configuraba un nuevo orden internacional y el surgimiento una nueva etapa de globalización. La desaparición del mundo bipolar facilitó ver además la pérdida de EE UU de su papel como potencia única mundial. Otros países entraron a competirle, en especial China.
En América Latina, varios países han buscado una reubicación política en la región, excepto Brasil que ha intentado proyectarse en el contexto mundial. Esta búsqueda ha sido a través de organizaciones regionales apoyadas en objetivos de integración, pero con motivaciones políticas. Buena parte de las organizaciones son frágiles y se superponen con tratados de libre comercio. Su centro de operaciones ha sido Suramérica, con ramificaciones en Centroamérica y el Caribe. México se aisló a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (con EE UU y Canadá).
Entre esas organizaciones destacan la Comunidad Andina de Naciones (CAN), formada en 1997 por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; la Comunidad Suramericana de Naciones (CSAN), acordada en 2004, con la convergencia de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), la CAN y Chile, y que pretendía hacer de contrapeso a la hegemonía de EE UU; la Alternativa Bolivariana para América Latina (ALBA), creada en 2004 e integrada por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela, tuvo un objetivo similar de contrapeso a la potencia del norte, pero con perspectiva radical bajo el liderazgo de la Venezuela de Hugo Chávez; y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), creada en 2007 por iniciativa de Brasil, que es un medio de coordinación política que no afecta la autonomía de los países. La inquietud de los gobiernos de izquierda –en especial los del ALBA– de concretar una organización continental independiente de Washington ha sido recurrente, aunque se ha quedado en acuerdos de buena voluntad.
Hay otras entidades de menor peso en la región, como la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y el Sistema Suramericano de Integración, que abarca Mercosur, OTCA, CAN, IIRSA y Unasur. Este sistema se articula con organismos como la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).
En medio de este panorama integracionista, activado después de los años de las dictaduras militares, los gobiernos se han autoproclamado democracias, aunque algunos han alterado los principios que las definen. En ello se destaca Venezuela, con lo que Hugo Chávez denominó Socialismo del Siglo XXI, que ha concentrado el poder en el ejecutivo y esgrimido políticas de contenido asistencialista. Cuba ha sido su mentor –como contraprestación a la ayuda petrolera de Venezuela–, aunque su reciente apertura con EE UU y la crisis económica venezolana han creado incertidumbres.
Otros gobiernos latinoamericanos que han girado a la izquierda, como Brasil con la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, y luego Chile y Uruguay, no han alterado sus democracias. Pero recientemente, debido a escándalos por corrupción, su favor en la opinión pública se ha debilitado, excepto en Uruguay.
Los países continentales del ALBA se han caracterizado por gobiernos autoritarios, que han inducido a la opinión pública a que aprueben la reelección de sus presidentes, incluso con carácter indefinido. Esta es una forma de romper con uno de los principios básicos de la democracia. A esto se suma la persecución a los medios de comunicación críticos con el gobierno, afectando así principios liberales.
México logró salir del prolongado unipartidismo del Partido de la Revolución Institucional (PRI), aunque no ha podido fortalecer su sistema político. Con la expansión del narcotráfico y la formación de poderosas bandas, su democracia se ha debilitado. El gobierno actual no ha logrado levantar cabeza frente a la opinión pública.
En Argentina revivió el antiguo populismo bajo las presidencias de los Kirchner, aunque hoy no es clara su continuidad mediante el apoyo electoral. Los viejos caudillismos tampoco han desaparecido en la región. Su epónimo fue la presidencia de Chávez en Venezuela, luego de un largo paréntesis de democracias representativas.
En Colombia, único país en la región sin populismos ni caudillismos (los intentos de establecerlos fueron decapitados a mediados del siglo XX), hubo un ensayo de introducir el caudillismo bajo la presidencia de Álvaro Uribe (2002-10), quien no obstante logró prolongar su mandato por un periodo más. La larga permanencia de democracias en Colombia –así hayan sido más que todo formales– sirvió para que su institucionalidad anulara la segunda reelección de Uribe. Sin embargo, es el único país que aún mantiene las guerrillas que surgieron hace varias décadas en la región.
En esencia, tras el fin de las dictaduras militares y la guerra fría, en América Latina han surgido diferentes regímenes políticos autodenominados democráticos, aunque varios lo son así de manera formal. La globalización, la prolongación de la transición hacia un nuevo orden mundial y el auge de grandes empresas transnacionales han debilitado la democracia liberal, no solo en la región sino también en el planeta.