¿Cómo salvaguardar la democracia en Guatemala?

La política guatemalteca se vio sacudida por la victoria del paladín anticorrupción Bernardo Arévalo de León a finales de agosto, que ha traído nuevos aires de esperanza a un país asolado por altos niveles de pobreza, corrupción y violencia criminal. El resultado se enmarca en una oleada de victorias contra los gobernantes en América Latina: es el decimosexto país de la región en el que un candidato de la oposición ha sido elegido presidente en los últimos cinco años, de un total de 17 elecciones. Pero al igual o incluso más que en otros países, los resultados electorales están siendo impugnados por el establishment político y económico que no está dispuesto a ceder su poder.

Los despiadados intentos de las autoridades judiciales de impedir que Arévalo y los congresistas de su partido tomen posesión de sus cargos han suscitado preocupaciones a nivel nacional e internacional de que Guatemala pueda sumarse a la creciente lista de países latinoamericanos que experimentan retrocesos en sus estándares democráticos. La Organización de Estados Americanos (OEA), un organismo regional prácticamente agonizante que se ha mostrado incapaz de resolver las crisis políticas y que, en ocasiones, incluso las ha exacerbado, ha vuelto a la palestra como el foro político más indicado donde coordinar una respuesta regional. ¿Reavivará el caso guatemalteco la suerte de la OEA? ¿Bastará la intervención internacional para salvaguardar la democracia en el país?

Un statu quo propenso a la impunidad

Guatemala es el país más grande de Centroamérica y con la mayor economía. Sin embargo, también se encuentra entre los más desiguales, con cerca de la mitad de la población por debajo del umbral de la pobreza y con altos índices de desnutrición, especialmente entre la población indígena, que representa el 40% de su población. También fue sede de uno de los experimentos anticorrupción más exitosos de América Latina -la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, 2007-2019), respaldada por Naciones Unidas- que contribuyó a desmantelar más de 70 redes criminales enquistadas en las instituciones del país implicadas en actividades de violencia, narcotráfico y extorsión. El cenit de esta arrolladora cruzada anticorrupción se alcanzó en 2015, cuando el entonces presidente Otto Pérez Molina acabó haciendo caso a las peticiones de dimisión de miles de guatemaltecos que protestaron frente al palacio presidencial durante meses, después de que una investigación dirigida por la CICIG le descubriera a él y a su vicepresidente implicados en una trama de corrupción a gran escala que afectaba a las aduanas del Estado.

La tregua, sin embargo, no duró mucho. El sucesor de Pérez Molina, Jimmy Morales, un excomediante, le dio la espalda a la CICIG después de que ésta comenzara a investigar a su hermano y a su hijo, y finalmente la cerró en 2019. Desde entonces, el país ha experimentado serios retrocesos en sus instituciones democráticas, ya que una coalición de élites políticas, económicas y militares (comúnmente apodada como el Pacto de Corruptos) abrasada por las investigaciones dirigidas por la CICIG se esforzó por restablecer un entorno de impunidad mediante la cooptación del poder judicial. La fiscal general Consuelo Porras, nombrada por Morales y confirmada por su sucesor, el titular Alejandro Giammattei, resultó ser la más denodada defensora de estos intereses. Su oficina enterró las investigaciones sobre la supuesta aceptación de sobornos por parte del presidente por parte de contratistas rusos, y en su lugar persiguió a fiscales, jueces y periodistas que habían defendido los esfuerzos anticorrupción, llevando a más de 30 de ellos a huir del país y encarcelando a otros acusados de abuso de poder.

El efecto bumerán de un juego electoral desequilibrado

En el periodo previo a las elecciones de 2023, el creciente desencanto popular con la clase política se transformó en un sentimiento antisistema. Las autoridades reaccionaron excluyendo de la contienda a una serie de candidatos muy votados por supuestas irregularidades en su inscripción o la de sus partidos.

«Arévalo, que tenía unas encuestas por debajo del 3% antes de la primera vuelta electoral, no solo pasó a la segunda, sino que arrasó a la otra contendiente en la segunda vuelta»

Sin embargo, esta estrategia tuvo un efecto bumerán y canalizó el voto de protesta hacia el único candidato restante que se percibía como externo al sistema: Bernardo Arévalo de León, que se presentaba con una candidatura anticorrupción por un minúsculo partido llamado Semilla. Arévalo, que tenía unas encuestas por debajo del 3% antes de la primera vuelta electoral, no solo pasó a la segunda, sino que arrasó a la otra contendiente en la segunda vuelta, la ex primera dama Sandra Torres, del partido UNE, en una aplastante victoria el 20 de agosto con más de 20 puntos de ventaja. El partido de Arévalo también obtuvo 23 escaños, más del triple que en 2019. En general, los resultados de las elecciones guatemaltecas se alinean con una tendencia regional de victorias contra los partidos en el poder en los últimos años, aunque en este caso el ganador es un defensor progresista de la democracia, en lugar de un populista antisistema, como había ocurrido en El Salvador, Costa Rica y otros lugares de la región.

La lucha legal contra el cambio

El inesperado resultado de Semilla provocó la reacción de las mismas fuerzas que habían intentado canalizar el voto hacia candidatos menos peligrosos que buscan socavar la credibilidad de la elección e inhabilitar al partido del presidente electo. Esta estrategia pivota en torno a acusaciones de irregularidades en la creación de Semilla que borrarían su estatus de partido legítimo, y denuncias de fraude.

Inmediatamente después de la primera vuelta, la fiscalía general abrió investigaciones sobre supuestas firmas falsas en la creación de Semilla a esto se sumaron acusaciones de abuso de poder dirigidas a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que certificaron los resultados. Como resultado, mientras Arévalo había sido confirmado como presidente electo, el Congreso procedió a despojar de sus escaños a los diputados de Semilla elegidos en las elecciones de 2019, incluido el propio Arévalo.

Paralelamente, nueve partidos obtuvieron de la Corte Suprema, supuestamente próxima al anterior ejecutivo en funciones, una sentencia favorable al recuento de los votos de la primera vuelta, cuestionando las conclusiones de los observatorios electorales nacionales e internacionales, que no denunciaron irregularidades de gran alcance. El recuento finalizó con la oficialización de los resultados a mediados de julio, asignando finalmente a Semilla algunos votos más de los que se había informado en un principio. Sin embargo, tras la segunda vuelta, Torres se negó a conceder y denunció un supuesto fraude, a pesar del margen inequívoco que la separaba de Arévalo.

Funcionarios de la fiscalía incluso irrumpieron en las instalaciones donde se guardaban las urnas, abriendo 160 de ellas, una medida que las autoridades electorales consideraron ilegal. Tras la incursión de los fiscales, Arévalo ha decidido finalmente detener la transición hasta que el fiscal general dimita y cese la persecución política.

Protestas nacionales e internacionales

Los intentos de deslegitimar la voluntad de cambio de los votantes guatemaltecos desataron hace unas semanas una oleada de protestas públicas en el país. Tampoco ha pasado desapercibido en el ámbito internacional. Las misiones de observación electoral de la OEA y de la Unión Europea expresaron reiteradamente su rechazo a cualquier intento de desafiar la decisión del electorado. El Consejo Permanente de la OEA debatió la situación en Guatemala y encomendó al secretario general que siguiera de cerca la situación durante la transición. Éste advirtió de que la suspensión de Semilla es una violación de las diligencias que Guatemala, al formar parte del sistema interamericano, está obligada a respetar. También llegaron mensajes públicos contundentes desde Estados Unidos: representantes del gobierno, desde el presidente Biden hasta un grupo bipartidista de congresistas, que reiteraban tanto en privado como en público su preocupación y han pedido a las autoridades judiciales guatemaltecas que dejen de socavar la democracia del país.

Estas presiones nacionales e internacionales pueden haber contribuido, junto con la flagrante arbitrariedad de las medidas judiciales adoptadas hasta ahora, a crear algunas fisuras en el establishment. El Tribunal Supremo Electoral, cómplice en los prolegómenos de las elecciones con la inhabilitación de candidatos, se ha convertido ahora en un defensor a ultranza de los resultados electorales y ha procedido a oficializarlos a pesar de las impugnaciones judiciales y de la negativa del partido de Torres a reconocerlos. A nivel político, dos ministros (Economía y Energía y Minas) renunciaron a sus cargos, mientras que algunos políticos de todo el espectro denunciaron el obstruccionismo contra Semilla. Sobre todo, algunas cámaras del sector privado e incluso la mayor confederación empresarial del país, conocida como CACIF, emitieron declaraciones públicas en defensa de la integridad de la votación y pidiendo a las instituciones que dejaran que el proceso electoral llegara a su fin.

Con este telón de fondo, se cree que el expresidente Giammattei está jugando un doble juego. En público, ha abierto la puerta a Arévalo para una transición ordenada, invitando al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a supervisar el proceso. Al mismo tiempo, sin embargo, ha guardado silencio sobre la aparente persecución política de Semilla por parte del poder judicial y legislativo.

La necesidad de mantener a Guatemala en el punto de mira

A pesar de todo, los restos de la actual clase política parecen deseosos de desafiar el clamor público dentro y fuera del país. El destino de Consuelo Porras, en particular, parece intrínsecamente ligado a la conservación del statu quo reduciendo todo lo posible el margen de acción de Arévalo.

Aunque la victoria de Arévalo parece difícil de anular en estos momentos con el nuevo acta de capitulación, no puede descartarse por completo hasta que se desestimen todas las denuncias de fraude y se complete la transición a la nueva administración en enero de 2024. Este sería un escenario sombrío, que probablemente llevaría a Guatemala al abismo de un golpe de Estado en toda regla, con consecuencias imprevisibles en términos de agitación social y aislamiento internacional. Al mismo tiempo, es probable que las causas judiciales contra Semilla avancen, a menos que sean denunciadas como persecución política por los más amplios sectores del país. La suspensión del partido afectaría a la capacidad de Arévalo para fijar la agenda legislativa, ya bastante limitada desde el principio, al haber obtenido Semilla solo 23 de los 160 escaños.

«Guatemala ofrece una oportunidad para que la OEA se quite de encima la percepción de estar políticamente sesgada»

El compromiso constante de los gobiernos regionales y las declaraciones de los sectores políticos y económicos deberían ayudar a evitarlo. La tarea es especialmente delicada para la OEA, cuya legitimidad se ha visto empañada por su incapacidad para elaborar una respuesta coordinada a algunas de las crisis políticas y electorales que han afectado a la región en los últimos años, en particular a Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Los críticos han acusado al organismo de abordar las crisis con un sesgo ideológico: en ocasiones ha desestimado las denuncias de maniobras antidemocráticas en países como Brasil, El Salvador y Honduras cuando se encontraban bajo un gobierno conservador, al tiempo que avanzaba acusaciones de fraude sin pruebas sólidas, lo que a su vez avivó las tensiones en Bolivia en 2019. Guatemala ofrece una oportunidad para que la OEA se quite de encima la percepción de estar políticamente sesgada y se reposicione como el foro regional más adecuado para gestionar las crisis derivadas de las violaciones de los principios consagrados en la Carta Democrática Interamericana.

Para ello se necesitan resultados concretos. Los gobiernos regionales tendrán que ponerse de acuerdo sobre los costes diplomáticos y de reputación que pueden tener los actores que intenten anular las elecciones, y estar preparados para hacerlos cumplir. Éstos pueden incluir la reducción de la cooperación con las autoridades judiciales y, si finalmente se impidiera que Arévalo asumiera el cargo, la activación de la cláusula democrática de la Carta Democrática Interamericana, que puede llevar a la suspensión de Guatemala de la OEA. Además, deberían coordinarse estrechamente con la UE y otros socios para mantener a Guatemala en el punto de mira y dialogar regularmente con las autoridades guatemaltecas para transmitirles su compromiso con la causa por la democracia en el país. Supervisar la situación de forma intermitente o limitada puede no solo mantener incólumes las acciones judiciales, sentando así un peligroso precedente en la apenas combatida democracia guatemalteca, sino también envalentonar a los actores corruptos de todo el hemisferio occidental para que sigan los pasos de Porras.

Este artículo ha sido traducido del inglés de la web del Istituto Affari Internazionali (IAI).