Proteger la salud de las grandes multinacionales alimentarias

Nestlé, el gigante de los alimentos y bebidas, actualizó recientemente sus “prácticas responsables de marketing hacia niños”. Como parte de esta nueva política que entrará en vigor en julio, la empresa dice que limitará la comercialización de alimentos poco sanos y ultraprocesados entre niños menores de 16 años, alabándose a sí misma por ser “una de las primeras compañías de alimentos y bebidas en adoptar estándares así de estrictos de manera voluntaria”.

La estrategia de Nestlé no debería sorprendernos. Al enfrentarse a la amenaza de un escrutinio del gobierno, las empresas y asociaciones industriales suelen pregonar que la autorregulación es la alternativa más eficaz para proteger la salud pública. Sin embargo, es probable que sea justo lo contrario. Por ejemplo, un estudio reciente de Priceless SA e investigadores de la escuela de Sanidad Pública de la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo, Suráfrica, revisó 20 medidas voluntarias adoptadas por empresas de alimentos y  bebidas en países de ingresos bajos y medios, y encontró que esas iniciativas “a menudo sirven para proteger los intereses del sector más que para mejorar la salud pública”.

La actual lucha de África contra las enfermedades crónicas subraya la necesidad urgente de que sus gobiernos penalicen a las grandes corporaciones alimentarias, tal como lo hicieron con las grandes tabacaleras. Hoy las enfermedades no transmisibles –como la hipertensión, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer– representan un 51% de los fallecimientos en Suráfrica y cerca de un 37% en el África Subsahariana. Se espera que la cantidad de adultos africanos con diabetes, que en la actualidad asciende a 24 millones, aumente en un 129% para 2045.

Las experiencias recientes de Suráfrica ofrecen a las autoridades lecciones útiles acerca de los riesgos de la autorregulación. En 2018, el país introdujo un impuesto a las bebidas azucaradas denominado “tasa para la promoción de la salud”. Aunque es muy bajo, hay estudios que indican que ya ha tenido un efecto positivo, reduciendo el consumo de bebidas endulzadas con azúcar.

Antes de la introducción del impuesto, y con la obesidad infantil en ascenso, Coca-Cola anunció que no vendería sus productos a menores de 12 años y que ya no suministraría bebidas azucaradas carbonatadas a las tiendas de colegios e institutos. Dos años después del anuncio, un estudio que examinó 105 escuelas públicas del país halló “ciertas evidencias preliminares de que las promesas voluntarias de entidades comerciales no bastan para eliminar [las bebidas azucaradas] y sus anuncios publicitarios de las escuelas” y recomendó una prohibición de las ventas y la publicidad. Los autores concluyeron que era más probable que las medidas del gobierno fueran mucho más eficaces.

De hecho, es difícil ver cómo las autoridades podrían confiar en que los grandes fabricantes de alimentos y bebidas se regulen a sí mismos cuando ellos mismos eluden de manera habitual leyes y regulaciones nacionales. Por ejemplo, en 2012 Suráfrica anunció nuevas normas que restringían el marketing de preparados lácteos para niños menores de tres años, una medida que iba en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para regular los sustitutos de la leche materna. Nestlé ha ignorado estas regulaciones una y otra vez al patrocinar conferencias y eventos sobre nutrición infantil.

En 2021, Nestlé se alió con prominentes medios de comunicación surafricanos para hacer de anfitrión en un foro en línea que la empresa proclamó que “beneficiaría a todas las mamás, abuelitas, tías y tutoras de los más pequeños”, al enseñarles todo lo que necesitaban saber acerca la nutrición para bebés y niños. Quienes participaran podían tener la oportunidad de ganar un cupón de supermercado por valor de 500 rands (unos 25 euros), una táctica eficaz en un momentos en que los precios de los alimentos estaban por las nubes. Tras las protestas de expertos en nutrición y grupos de la sociedad civil que reclamaban que el evento violaba la prohibición de ofrecer “incentivos, alicientes o invitaciones de cualquier naturaleza que pudieran alentar la venta o promoción” de sustitutos de la leche materna, el evento acabó por cancelarse.

Este tipo de tácticas de explotación no se limitan a Suráfrica ni a Nestlé. Además de eventos para madres y padres, estas empresas también infringen las regulaciones al dirigirse a las nuevas madres en las redes sociales. Un estudio encargado por la OMS y realizado en varios países que examinó la industria de preparados lácteos para bebés, cuyo valor total se estima en 55.000 millones de dólares, revela la “impactante amplitud” de estas prácticas, que entre otras cosas incluyen el pago a influencers y plataformas de redes sociales para “tener acceso directo a mujeres embarazadas y madres en algunos de los momentos más vulnerables de sus vidas”.

El marketing de alimentos y bebidas poco sanos y ultraprocesados crea ambientes alimentarios insalubres. Hay una abrumadora evidencia de que estos alimentos y bebidas, junto con las insidiosas prácticas de marketing del sector, contribuyen a la obesidad y a la mortalidad de la población y obstaculizan los esfuerzos de las autoridades para controlar las enfermedades no transmisibles.

Los gobiernos deben adoptar medidas contundentes para reducir dichas enfermedades. El fracaso de las promesas voluntarias demuestra que no hay sustitutos para la regulación estricta y basada en evidencias del marketing de alimentos y bebidas ultraprocesados. En un momento en que las enfermedades no transmisibles están en camino de convertirse en la principal causa de muerte en el África Subsahariana, es mucho lo que está en juego como para priorizar los intereses de gigantes corporativos, en lugar de las políticas en materia de salud pública.