Falta escasamente un año para que el territorio de Hong Kong, la última colonia británica en Asia, pase a formar parte de la República Popular China como región administrativa especial, una fórmula de autonomía con la que en principio deberían mantenerse tanto el sistema económico actual como su estilo de vida. No obstante, los múltiples problemas que ha planteado esta transición en los últimos años arrojan serias dudas sobre la viabilidad de dicha autonomía. El principio que debía inspirar el retorno de Hong Kong a la soberanía china es el de “un país, dos sistemas”, formulado por Deng Xiaoping y originariamente aplicable a la eventual reunificación entre la China continental y Taiwán. ¿Hasta qué punto, sin embargo, las autoridades de Pekín podrán o querrán mantener que una parte de su territorio se gestione de modo completamente autónomo y a menudo en franca oposición respecto al sistema imperante en China? Éste es el principal interrogante que se plantea sobre el futuro de Hong Kong. De la respuesta que los acontecimientos den a dicha pregunta dependerá la evolución política y económica no sólo de Hong Kong, sino del conjunto de China.

Ya es conocido, en este sentido, el papel crucial que desempeña Hong Kong en el proceso de reformas económicas emprendido en China a partir de 1978. La integración económica entre Hong Kong y China, particularmente con la provincia de Guangdong (Cantón) ya lleva bastantes años en marcha y avanza a un ritmo cada vez más acelerado. Precisamente esta creciente interdependencia ha sido uno de los argumentos recurrentes para demostrar la aparente solidez de la futura integración política de Hong Kong en China. Si la situación actual es altamente beneficiosa para ambas partes, ¿quién podría estar interesado en romperla?

Para llevar a cabo su programa de reformas, China necesita tecnología, capital para efectuar inversiones y asesoramiento para gestionar eficazmente su economía. Las dinámicas empresas de Hong Kong, familiarizadas con un entorno plenamente capitalista y competitivo, pueden ofertar todos estos factores a cambio de que China les proporcione a su vez aquellos que escasean en el enclave: mano de obra, materias primas y terrenos baratos y en abundancia, posibilidades para realizar inversiones altamente rentables y un mercado enorme, entre otros. Además de este intercambio, la proximidad geográfica y cultural y la excelencia de Hong Kong en ámbitos como las comunicaciones y los servicios de información comercial y financiera han transformado en un breve período de tiempo el panorama económico y social del sur de China.

Durante los años ochenta y noventa, esta simbiosis ha alimentado el espectacular crecimiento económico tanto de Hong Kong, uno de los llamados “cuatro dragones” asiáticos, junto con Corea del Sur, Taiwan y Singapur, como, sobre todo, de Guangdong, provincia estrella de las reformas económicas chinas y a menudo denominada “quinto dragón”. Hong Kong es hoy la primera potencia inversora en China (su sector manufacturero se ha trasladado masivamente al otro lado de la frontera) y las inversiones chinas en Hong Kong han alcanzado también el primer puesto de la lista de inversiones extranjeras en el enclave británico. Hong Kong es la tercera plaza financiera del mundo y proporciona a China aproximadamente un tercio del total de divisas extranjeras que entran en la República Popular. Asimismo, más de un tercio del comercio exterior chino pasa a través de Hong Kong cuyo puerto rivaliza codo a codo con el de Singapur por el primer puesto mundial en tránsito de mercancías, y el territorio desempeña también un importante papel de intermediación económica entre China y Taiwan.

Sobre la base de todos estos datos, se han realizado cálculos según los cuales Hong Kong, después de 1997, con sólo un 0,5 por cien de la población de China, controlará aproximadamente entre un veinticinco y un treinta por cien del conjunto de la economía del país. La estrecha interrelación económica entre Hong Kong y China, por consiguiente, debería constituir la principal garantía de que ambas partes actuarán para salvaguardar sus intereses mutuos, incluyendo el mantenimiento de la estabilidad y la prosperidad de la futura región administrativa especial. Hong Kong es hoy el principal activo con que cuenta el programa de reformas chino y China es vital para la supervivencia de Hong Kong, pero esta estrecha interdependencia económica no debe ocultar que es en el escenario político donde se están planteando los conflictos más serios, no sólo a nivel diplomático entre Londres y Pekín, sino a nivel político y social entre los ciudadanos de Hong Kong y las instancias últimas de poder de las cuales dependen (hoy, el gobierno de Londres; mañana, el de Pekín). Pero antes de abordar los retos políticos a los que se enfrenta el territorio en su último año como colonia británica, interesa recordar brevemente la historia de las relaciones entre China y Gran Bretaña por lo que respecta a Hong Kong.

Hong Kong, enclave colonial

El actual territorio de Hong Kong se convirtió en colonia británica en tres etapas. Tras perder la primera guerra del opio (1840-42), China se vio obligada a ceder la isla de Hong Kong propiamente dicha a Gran Bretaña mediante el tratado de Nanking (1842). Poco después, y tras un nuevo conflicto, en 1860 China cedió también a los británicos la península de Kowloon. Finalmente, en 1898 el gobierno chino arrendó al británico los llamados “nuevos territorios” (el área adyacente a Kowloon más 235 islas e islotes) por un período de 99 años. Hong Kong, Kowloon y los nuevos territorios ocupan una superficie aproximada de mil kilómetros cuadrados.

El origen de Hong Kong como colonia británica simboliza una etapa de la historia de China que los chinos consideran humillante, ya que a partir de las guerras del opio el imperio debió ceder a las presiones de las principales potencias occidentales y de Japón.

Para China, el proceso de colonización de Hong Kong es una consecuencia más de los llamados “tratados desiguales”, es decir, tratados que en distintos momentos de su historia (durante los siglos XIX y XX) China se vio obligada a firmar con las potencias extranjeras en condiciones de inferioridad y mediante los cuales se otorgaban privilegios territoriales y comerciales a dichas potencias. Éste es un importante aspecto a tener en cuenta para comprender la dureza de la postura negociadora china ante los británicos sobre la cuestión de Hong Kong.

Por parte británica, la razón original para la ocupación y colonización de Hong Kong fue la necesidad de contar con una estratégica base comercial (para negociar con China y con el resto de Asia oriental) que estuviera bajo el control directo de Gran Bretaña.

Durante más de un siglo, y con la excepción de la ocupación japonesa (1941-45), Hong Kong actuó como centro de aprovisionamiento y de distribución para el comercio entre China y Occidente. Desde la llegada al poder de los comunistas en China (1949), la población de la colonia aumentó considerablemente en más de un millón de refugiados, mayoritariamente cantoneses. Durante las décadas siguientes el flujo de inmigrantes chinos ha sido desigual, aunque nunca ha cesado. Actualmente Hong Kong cuenta con seis millones de habitantes.

En 1982, el gobierno británico empezó a sondear a su homólogo chino para dilucidar las intenciones de Pekín respecto al futuro de Hong Kong. Aunque en un principio el Reino Unido sostuvo que de un modo u otro sería posible garantizar la continuidad de la presencia británica en el territorio, la debilidad negociadora del gobierno de Londres chocó con la firmeza de la parte china, que en última instancia se declaró dispuesta a recobrar la soberanía sobre Hong Kong, inmediata y unilateralmente. A finales de 1984 se firmó en Pekín la declaración conjunta sino-británica sobre Hong Kong, según la cual la colonia británica deberá regresar a soberanía china a partir del 1 de julio de 1997, fecha en la que expira el arrendamiento de los nuevos territorios.

La población de la colonia no fue consultada al respecto, pero en principio pareció que se aceptaba el acuerdo porque en él se garantizaba la continuidad de su sistema económico y social. En un sondeo realizado en 1982, el 95 por cien de la población se había manifestado partidaria de mantener la continuidad de Hong Kong como colonia británica, aunque a los ojos de las autoridades chinas los hongkoneses no tenían por qué opinar en materia de soberanía, ya que se consideraba y se sigue considerando que los intereses de los llamados compatriotas de Hong Kong están plenamente representados por el gobierno de Pekín.

En 1990, el Congreso Popular Nacional de Pekín aprobó la ley básica de la región administrativa especial (RAE) de Hong Kong, que constituye el estatuto por el que se regirá la vida política y económica del territorio a partir de 1997. La ley básica establece que Hong Kong gozará de un “elevado grado de autonomía” (de hecho, similar al actual: tradicionalmente, el gobierno de Hong Kong ha gestionado sus asuntos internos de forma muy autónoma respecto a Londres) y garantiza asimismo la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial respecto a las estructuras estatales de China. Se menciona explícitamente que “el sistema y las políticas socialistas no se practicarán en la RAE de Hong Kong” y que tanto el sistema capitalista como el estilo de vida del territorio permanecerán inalterados durante un período de cincuenta años.

Otros artículos de la ley básica garantizan la independencia económica y fiscal (Hong Kong no deberá transferir ningún tipo de impuesto al gobierno central de Pekín); plenas competencias para formular políticas financieras y monetarias (el dólar de Hong Kong seguirá siendo la moneda de curso legal, libremente convertible como hasta ahora); la protección de la propiedad privada, de las inversiones extranjeras, del libre comercio, de las libertades básicas (de expresión, de prensa, de asociación, de manifestación, sindical, de comunicación y movimiento, etcétera) e incluso el mantenimiento de una cierta autonomía en asuntos exteriores, particularmente en relación con la participación de Hong Kong en acuerdos y organizaciones internacionales de ámbito comercial y económico (como la Organización Mundial del Comercio de la que China aún no forma parte o el Banco Asiático de Desarrollo).

China, por su parte, se reserva las atribuciones relativas a defensa, símbolos nacionales, leyes de nacionalidad, inmunidades y privilegios diplomáticos y aguas territoriales. El Ejército Popular de Liberación estacionará tropas en Hong Kong a partir de 1997, pero no estará autorizado a intervenir en asuntos internos de la RAE, ni ésta podrá hacerse cargo de su mantenimiento en el territorio (1).

De cara al futuro, el problema no es tanto el contenido de la ley básica como la buena voluntad del gobierno de Pekín a la hora de permitir su aplicación y desarrollo. Ya es conocido el escaso respeto del gobierno de China por su propia Constitución, que entre otros derechos reconoce a sus ciudadanos las libertades de expresión, prensa, asamblea, asociación y manifestación. ¿Qué garantías tienen los ciudadanos de Hong Kong de que se respete la ley básica y lo pactado entre los gobiernos de Londres y Pekín?

Para los británicos, la palabra clave del cambio de soberanía en Hong Kong consiste en la autonomía del territorio; para los chinos, en cambio, lo principal es garantizar su estabilidad. A los ojos de Pekín, una consolidación del autogobierno de Hong Kong se interpreta como una posible fuente de inestabilidad, ya que se atenúa el control del gobierno chino sobre una parte de su territorio. En este sentido, todos los intentos británicos por dotar de una mayor democracia y autonomía a Hong Kong (para reforzar la futura posición negociadora del enclave ante Pekín, ya que es esta fuerza la que puede garantizar a largo plazo la prosperidad y la estabilidad de Hong Kong) chocan frontalmente con la concepción china sobre la soberanía, entre otras cosas porque en Pekín se confunden los conceptos de autonomía e independencia. En última instancia, los chinos están dispuestos a sacrificar la prosperidad en aras de la soberanía, según afirmó en 1988 el entonces secretario del Partido Comunista, Zhao Ziyang. La base que pueda garantizar la futura estabilidad de Hong Kong, por lo tanto, se concibe desde posturas antagónicas.

Un nuevo contexto para los años noventa

Desde los acuerdos de 1984 han tenido lugar dos acontecimientos que han tenido a complicar aún más las delicadas relaciones entre China y Gran Bretaña. El primero de ellos fue el trauma que representó el violento desenlace de las manifestaciones de protesta que acontecieron en China durante la primavera de 1989. Los hechos de Tiananmen sacudieron a la opinión pública de Hong Kong y la hicieron despertar de su hasta entonces aletargamiento político. ¿Era aquella China represiva y violenta a la que debían reintegrarse al cabo de tan sólo ocho años?

El segundo factor de cambio llegó por parte británica en 1992, y consistió en el nombramiento de un político, Chris Patten, como último gobernador de Hong Kong antes de su devolución a China en 1997. Con la llegada de Patten no sólo se rompía un ciclo de gobernadores-funcionarios (cuya propensión al diálogo a menudo ocultaba su aquiescencia ante Pekín), sino que irrumpió un nuevo estilo de gobernar la colonia que alteraba las coordenadas en las que se habían ido moviendo hasta entonces las negociaciones sino-británicas.

Los sucesos de Tiananmen en la primavera de 1989 marcan claramente un antes y un después en la evolución política de Hong Kong. El 21 de mayo, día siguiente a la proclamación de la ley marcial en Pekín, un millón de personas se manifestaron en el centro de Hong Kong en solidaridad con los estudiantes y trabajadores chinos, en una concentración política sin precedentes en la colonia británica. Unas semanas después, al día siguiente del inicio de la represión en Tiananmen y en toda China, tuvo lugar una nueva manifestación gigantesca de protesta en Hong Kong. Las movilizaciones habían permitido recaudar una importante ayuda económica y material en solidaridad con los manifestantes de Pekín y las principales capitales chinas, y tras la represión muchos de los perseguidos pudieron huir de China a través de Hong Kong.

A los ojos de los dirigentes chinos, Hong Kong se había convertido de repente en una plataforma subversiva, en donde incluso los medios de comunicación y los círculos ciudadanos habitualmente partidarios del gobierno chino se alinearon a favor de los manifestantes de Tiananmen y criticaron con dureza la represión desencadenada. De algún modo, el gobierno chino estaba sorprendido por las dimensiones que había alcanzado el movimiento de solidaridad en Hong Kong con los manifestantes, ya que tradicionalmente se había considerado que los hongkoneses eran apolíticos y sólo estaban interesados en trabajar y prosperar, al margen de quién les gobernara.

De hecho, los incidentes de 1989 sirvieron para que la población de Hong Kong tomara conciencia política y consolidara una actitud crítica ante el régimen de Pekín. El gobierno británico, a su vez, también quedó conmocionado por los hechos y fue acusado desde distintos sectores de haber traicionado a la población de Hong Kong por haber negociado sin consultar la cesión del territorio a un gobierno que tenía las manos manchadas de sangre.

No es casualidad, pues, que a partir de este instante Londres empezara a diseñar nuevas estrategias para gestionar la última etapa de Hong Kong bajo su soberanía. No sólo se seleccionó al ex dirigente tory Chris Patten para que asumiera el cargo de gobernador en 1992, sino que su llegada al territorio se vio acompañada por un paquete de reformas políticas cuyo objetivo era dinamizar la autonomía política y democrática de Hong Kong antes del cambio de soberanía.

Las reformas en sí eran más bien modestas, pero la indignación por parte china fue mayúscula, básicamente por dos motivos: porque fueron hechas públicas sin consultas previas con Pekín, rompiendo el tradicional estilo de las negociaciones sino-británicas, y porque con ellas los dirigentes chinos intuyeron que empezarían a perder el control político sobre el proceso de transición.

Aunque el panorama económico siguió estando caracterizado por la fluidez y la continuidad de la integración, el escenario político de relaciones entre los gobiernos de Londres y Hong Kong, por un lado, y Pekín, por el otro, se ha deteriorado considerablemente durante los años noventa. Los dirigentes chinos interpretaron el cambio de enfoque de los británicos como una ruptura de los acuerdos alcanzados previamente y canalizaron una feroz lluvia de críticas contra el gobernador Patten. El efecto inmediato fue un bloqueo de las negociaciones entre chinos y británicos sobre numerosas cuestiones relativas a Hong Kong, como el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto y la imprescindible ampliación del puerto para satisfacer una demanda creciente. Los retrasos iniciales en estos proyectos, sin embargo, no han impedido que posteriormente siguieran adelante gracias a acuerdos parciales que han ido desbloqueando los conflictos.

El programa de reformas políticas de Patten ha contado indirectamente con el apoyo de gran parte de la elite política hongkonesa y de la población en general. Lo importante no es tanto las reformas concretas en sí, cuyo propósito sería aumentar la representatividad del Consejo Legislativo y, por consiguiente, reforzar políticamente dicho órgano, como la filosofía de democracia y autogobierno que las inspiran. Una parte de la elite social y económica de Hong Kong ha empezado a percibir que el mejor modo de proteger sus intereses ante las incertidumbres de la integración a China pasa por organizarse políticamente, distanciándose de la percepción tradicional, según la cual las conexiones directas entre los grandes magnates hongkoneses y la cúpula dirigente china son la mejor garantía de que todo irá bien. De hecho, hacer de Hong Kong una sociedad más plural y más abierta (más autónoma, por tanto, y menos vulnerable a la intromisión de China) es uno de los objetivos que persiguen las reformas de Patten, aunque también es lícito preguntarse por qué los británicos nunca mostraron el menor interés por impulsar la democracia en Hong Kong hasta el último momento, cuando quizá ya sea demasiado tarde.

En los últimos años, y de modo similar a la evolución de otros dragones asiáticos como Taiwán o Corea del Sur, la sociedad de Hong Kong ha ido desarrollando una personalidad política y civil difícil de obviar. Los dirigentes chinos no parecen acabar de entender estos cambios y de ahí su confusión a la hora de interpretarlos.

Las elecciones legislativas de 1991 y 1995 dieron un apoyo mayoritario de la población a los candidatos demócratas, como Martin Lee y Szeto Wah (líderes del Partido Demócrata) y las independientes Emily Lau y Christine Loh, cuya popularidad entre los hongkoneses es indiscutible. Pekín, sin embargo, sigue vetando e ignorando a los demócratas al seleccionar a sus interlocutores en Hong Kong y les acusa de “subversivos” y “antipatriotas”.

Los motivos de esta exclusión deben interpretarse a la luz del ejemplo que pueda sentar Hong Kong para el resto de China: Hong Kong es un buen modelo económico a imitar, pero el eventual éxito de su sistema democrático podría propagar ideas indeseadas en China, poniendo en peligro el actual orden autoritario. Por ello, cualquier defensor de la democracia en Hong Kong, a pesar de que asegure no inmiscuirse en los asuntos internos de China, será considerado como un subversivo a los ojos de Pekín, no tanto por cómo evolucione políticamente Hong Kong sino por el efecto dominó que podría tener en la República Popular.

El gobierno chino desearía para Hong Kong un sistema parecido al de Singapur: inequívocamente capitalista, pero autoritario en lo político, con un ejecutivo fuerte y una participación política ciudadana mínima. De hecho, en varias ocasiones, los líderes chinos han expresado su admiración por el modelo de Singapur (incluso para extender su aplicación a la República Popular), pensándose que la gestión británica de Hong Kong se inspiraba en principios similares. Pero, aunque a lo largo de su historia Hong Kong nunca ha tenido un sistema propiamente democrático, en general se han respetado y garantizado las libertades fundamentales asociadas a las democracias. La prensa de Hong Kong, por ejemplo, ha sido tradicionalmente la más libre de Asia oriental (2).

La cuenta atrás

Cuando faltaban mil días para el 1 de julio de 1997, en la plaza de Tiananmen se instaló un inmenso reloj digital en el que se mostraban los días y los segundos que quedaban para que China recobrara Hong Kong.

Este acto es un ejemplo más de que para el gobierno chino es importante todo lo que afecta a la simbología que rodea el retorno de Hong Kong a la “madre Patria”. No sólo está en juego el concepto de soberanía, sino que la cuestión de Hong Kong ha pasado a depender de la lucha política en Pekín por la sucesión de Deng Xiaoping. Mientras no esté claro cómo se va a repartir el poder político en la era post-Deng, ningún líder puede permitirse adoptar un tono conciliador ante cuestiones que afectan directamente a la soberanía del territorio chino (Tíbet, Hong Kong, Taiwán) ante el riesgo de ser acusado de blando, antipatriota o incluso traidor. De hecho, es esta volatilidad del sistema político chino lo que explica la dureza con la que han sido recibidas las propuestas británicas de los últimos años. Por otra parte, la política china hacia Hong Kong ha sido diseñada y controlada directamente por el propio Deng Xiaoping, por lo que su desaparición del escenario político deja un vacío que cuesta llenar con propuestas pragmáticas e innovadoras.

El incipiente proceso de democratización de Hong Kong podría dar marcha atrás en breve. Durante los años ochenta, británicos y chinos introdujeron el concepto de “tren directo” para simbolizar el traspaso de soberanía: la gran mayoría de cargos políticos y administrativos de Hong Kong (particularmente los miembros del Consejo Legislativo, elegidos en 1995 por un período de cuatro años) debían seguir en sus puestos más allá de 1997, para facilitar la transición y garantizar la continuidad y la estabilidad del territorio a todos los niveles. El tren, sin embargo, parece haber descarrilado antes de tiempo, ya que China ha reiterado su oposición a la actual composición del Consejo y ha anunciado su inmediata di solución en julio de 1997. Los legisladores serán reemplazados por un nuevo consejo “provisional”, nombrado por parte china, ya que las reglas electorales de los comicios de 1995 no fueron consensuadas entre Londres y Pekín, como estaba previsto, sino unilateralmente impuestas por los británicos. En esta ocasión, el gobierno chino tiene razón, ya que se trata de una decisión política británica, que China de algún modo heredaría hasta la fecha de las elecciones siguientes (1999).

En cualquier caso, las consecuencias del desmantelamiento del actual Consejo Legislativo son imprevisibles. ¿Cómo va a reaccionar la población ante la disolución de un órgano cuyos miembros han sido elegidos libremente y su sustitución por un conjunto de legisladores nombrados arbitrariamente? (3)

En los últimos meses, y ante la inminencia del traspaso de soberanía, ha tenido lugar una moderada tendencia hacia un mayor pragmatismo tanto por parte británica como china, aunque quedan todavía muchas cuestiones por resolver y es difícil que en un año puedan atarse todos los cabos aún sueltos.

Hay una serie de cuestiones que afectan al futuro de Hong Kong y que por distintas razones (ambigüedades de la ley básica, falta de acuerdo entre las partes británica y china) todavía están pendientes de concreción y no está claro que puedan resolverse a lo largo de este último año antes de la transferencia de soberanía.

Algunos de estos asuntos pendientes son los siguientes:

Margen de autonomía real. La consigna “Hong Kong, gobernada por los hongkoneses” parece estar en entredicho. La máxima autoridad del territorio (el jefe del ejecutivo) será elegida por un consejo cuyos miembros selecciona Pekín, y deberá contar con el beneplácito de las autoridades chinas, lo que equivale a afirmar que en la práctica será nombrado por el gobierno chino. ¿De qué margen de maniobra real dispondrá el futuro jefe del ejecutivo?

Con el sistema actual se corre el riesgo de que dicha figura se sienta responsable únicamente ante el gobierno de Pekín, en lugar de serlo ante sus conciudadanos hongkoneses, con lo que la autonomía de la región administrativa especial puede quedar seriamente disminuida.

Legitimidad de los nuevos representantes. Estrechamente relacionado con el problema anterior, está el de la legitimidad de los nuevos gobernantes a los ojos de la población de Hong Kong. Para empezar, el gobierno de Pekín parece interesado en colocar a un hombre de negocios al frente del futuro ejecutivo, según ha manifestado el propio Jiang Zemin, secretario general del Partido Comunista.

Está también por ver, como ya se ha indicado anteriormente, cuál será la composición del nuevo Consejo Legislativo que nombrará Pekín. No está claro, por tanto, si se podrá mantener un equilibrio entre las demandas de China y las de los ciudadanos de Hong Kong.

Democratización. A largo plazo, la ley básica prevé que el Consejo Legislativo sea elegido en su totalidad por sufragio universal, pero no se han explicitado los plazos y se ignora si se respetará la libre competencia entre todo tipo de opciones políticas. Lo mismo se aplica para el jefe del ejecutivo (4).

Independencia del poder judicial. Hasta ahora ha gozado de plena independencia y ha garantizado el respeto a las libertades individuales y al imperio de la ley en Hong Kong, pero no está claro si bajo el control indirecto de China esto podrá seguir siendo así. Una merma de la independencia del poder judicial asestaría un golpe fatal a la credibilidad futura de Hong Kong como centro internacional de negocios.

Mantenimiento del marco legal existente. En principio está previsto que se mantengan las leyes actuales, pero una vez más no se puede prever qué nuevas leyes serán aprobadas por las nuevas autoridades y cuál va ser la intromisión de China en esta cuestión.

Respeto de derechos y libertades. Ya hace unos años que se advierte un cierto deterioro de la libertad de información en los principales medios de comunicación de Hong Kong, con el aumento de ejemplos de autocensura para no ofender al gobierno chino.

¿Qué postura adoptarán los hongkoneses (ciudadanos chinos a partir de 1997) ante la situación de los derechos y libertades, no sólo en el territorio de Hong Kong sino en el conjunto de China?

Control de fenómenos como el crimen y la corrupción “importados” de China. Otro riesgo de la transición es la posible escalada del crimen y la corrupción provenientes de China. Si no puede ser controlada por las autoridades de Pekín ni por el gobierno autónomo de Hong Kong, se extenderá rápidamente por el territorio, poniendo en peligro su credibilidad y eficacia. Por ejemplo, el posible favoritismo a las empresas de capital chino que operan en el territorio o que mantienen estrechos contactos con altos dirigentes chinos puede alterar todas las normas de libre competencia hasta ahora imperantes en Hong Kong.

De los asuntos mencionados en el apartado anterior, el del margen de autonomía constituye sin duda la piedra angular de los demás dilemas que se plantean. El “elevado nivel de autonomía” previsto para Hong Kong puede chocar con la nula tradición federalista de China. Lo estipulado en la ley básica, por otra parte, incluso va bastante más allá de un simple acuerdo de tipo federal: ¿en qué país del mundo conviven territorios en los que circulan monedas distintas, se regulan por sistemas económicos antagónicos y sus ciudadanos disponen de pasaportes diferentes que les permiten grados de movilidad contrapuestos? Más allá de 1997, entre Hong Kong y el resto de China seguirá existiendo una frontera estrechamente vigilada en la que se exigirán documentos de identidad para evitar un flujo masivo de ciudadanos chinos al territorio (5).

¿Cómo justificará el gobierno de Pekín, sin embargo, que en Hong Kong florezcan derechos y libertades sistemáticamente negados a sus propios ciudadanos? Existen serias dudas de que la libertad de prensa o la independencia del sistema judicial, por citar dos ejemplos clásicos que han contribuido a consolidar el éxito económico de Hong Kong, puedan ser preservadas en su forma actual.

También es razonable suponer que los responsables políticos de las distintas provincias y regiones chinas no acaben de ver con buenos ojos que en una parte del territorio chino se apliquen leyes y normas que contribuyan a perpetuar las enormes desigualdades sociales y económicas que existen actualmente entre Hong Kong y las provincias chinas del interior.

El ciudadano chino de a pie puede cuestionarse por qué los hongkoneses van a gozar de tantas prerrogativas y los representantes locales o provinciales de la República Popular podrían apropiarse de esta inquietud, si con ello pudieran obtener algún provecho político, como un refuerzo de su legitimidad política o bien un mayor margen de maniobra en sus relaciones con el gobierno central de Pekín.

Ante los recientes acontecimientos, declaraciones y maniobras de los representantes chinos respecto a la cuestión de Hong Kong, un observador del proceso de transición no puede dejar de preguntarse si la República Popular China está realmente preparada (o “madura”, como habría dicho Mao) para absorber a Hong Kong.

Por el momento, no parece que sea exactamente así, ni que el gobierno chino haya acabado de entender cómo deben aplicarse los principios consagrados durante el período inicial de la transición, como “un amplio margen de autonomía”, “Hong Kong, gobernada por los hongkoneses”, “tren directo”, “un país, dos sistemas”… A China, en definitiva, parece importarle mucho más la consigna, “un país”, que su complemento, “dos sistemas”.

La doble vía de la transición

Hasta ahora, la integración económica entre Hong Kong y China ha convivido sin demasiados problemas con la confrontación política causada por los desacuerdos relativos al traspaso de soberanía. En este sentido puede hablarse de una transición de doble vía, en la que la gestión de los asuntos económicos y la de los políticos parecen seguir vías separadas y velocidades distintas.

Desde el punto de vista chino, este fenómeno quizá sea un reflejo más de la combinación (o más bien contradicción) imperante en la China de Deng Xiaoping: liberalización en lo económico, represión en lo político. Desde el punto de vista de Hong Kong, por otra parte, la doble vía podría ser una muestra del pragmatismo que ha caracterizado a este pequeño territorio a lo largo de su historia. Preocuparse excesivamente de su futuro, por tanto, podría interpretarse como una falta de confianza en la demostrada capacidad de Hong Kong para adaptarse a circunstancias cambiantes.

De hecho, quien más puede beneficiarse del éxito de la reintegración política de Hong Kong a China es el propio gobierno de Pekín. De entrada, Hong Kong es un socio ideal para consolidar la política china de reformas económicas (un proceso que ya es irreversible, y en el que ha contribuido muy directamente el empresariado hongkonés). Por otra parte, una transición con éxito mejoraría la imagen exterior de China y realzaría su credibilidad internacional. También podría empezar a despejarse el camino para las negociaciones políticas con Taiwán, de cara a una eventual reunificación (6). Desde Taiwán se observa el proceso con gran atención, ya que el éxito o el fracaso de la consigna “un país, dos sistemas” será determinante para que la opinión pública de la isla se forme una idea clara de si China es capaz o no de poner en práctica sus buenas intenciones. Por último, si la República Popular China logra que Hong Kong se gestione de modo autónomo, se podría abrir un debate sobre el ordenamiento territorial de China, conducente a una federalización del país, asunto que hasta ahora no se ha abordado, pero cuyo planteamiento hacen aconsejable tanto la creciente descentralización económica como la propia diversidad de China.

Naturalmente, si por alguna razón la reintegración de Hong Kong a China fracasa, puede suceder todo lo contrario: se deteriorará el proceso de reformas económicas, empeorará la imagen exterior de China (con el riesgo de sanciones internacionales), se alejarán las perspectivas de entendimiento con Taiwan y se extenderán las tensiones territoriales entre distintas partes de China, particularmente entre la rica provincia de Guangdong, cuya prosperidad depende directamente de Hong Kong, y el centro político en Pekín.

Una grave crisis en Hong Kong conlleva el riesgo de que las bases que han permitido su éxito económico puedan desmoronarse con gran rapidez. La riqueza de Hong Kong está en sus sistemas, en su capacidad de gestión y sus recursos financieros, pero el capital y los recursos humanos son factores altamente volátiles que en caso de crisis podrían trasladarse con relativa facilidad a otros lugares.

En 1997, Hong Kong no va a convertirse simplemente en un “asunto interno chino”, como las autoridades de Pekín insisten en denominar a algunos de sus problemas: el respeto por los derechos humanos, la situación del pueblo tibetano o el conflicto con Taiwán a la menor crítica del exterior. Hong Kong pasará a formar parte de la República Popular China mediante un acuerdo internacional suscrito entre los gobiernos de Londres y Pekín, y de algún modo es responsabilidad de la comunidad internacional velar para que los términos de dicho acuerdo sean respetados, con el objeto de evitar que Hong Kong pase simplemente de una tutela colonial a otra. Ya que la población de Hong Kong no fue consultada en su momento sobre las condiciones de la devolución del territorio a China, al menos deberá controlarse de algún modo si se respetan sus derechos y libertades según lo acordado.

La comunidad internacional, por tanto, no puede limitarse a observar lo que suceda en Hong Kong. El futuro del territorio afecta al funcionamiento económico y financiero de toda Asia oriental, empezando por la propia China. Por ello es conveniente que de algún modo se tienda a la internacionalización de la cuestión de Hong Kong como vía para garantizar la estabilidad del territorio, recordando al gobierno chino (desde los gobiernos, las organizaciones y foros internacionales, las organizaciones no gubernamentales, incluso las empresas transnacionales) que los compromisos adquiridos con Hong Kong son públicos y que su cumplimiento va a ser controlado.

En última instancia, sin embargo, el futuro de Hong Kong está en manos de quien controle el poder en Pekín, y va a depender, no sólo de su buena voluntad y habilidad negociadora, sino de la coyuntura política interna de China. Por esta razón, muchos de los interrogantes planteados a lo largo de este artículo van a quedar, por el momento, sin respuesta.

Habrá que esperar a julio de 1997 para ver si los dirigentes chinos están realmente dispuestos a asumir sus compromisos y responsabilidades para con la población de Hong Kong. El éxito o el fracaso de la reintegración de Hong Kong a la soberanía china dependen en gran medida de la evolución política en Pekín, pero la evolución económica del conjunto de China a medio plazo depende a su vez de una correcta gestión de dicha integración. En otras palabras, el futuro político de Hong Kong está en manos de Pekín, pero el futuro económico de China depende en gran medida de Hong Kong. Hasta ahora la fórmula de la doble vía que disociaba la integración económica de la política ha podido ir bien para ambas partes, pero a largo plazo el futuro político y económico de Hong Kong van a tener que converger.

(1) El artículo 18 de la ley básica contiene una cláusula que, según cómo sea interpretada, podría dar un amplio margen de maniobra a la intervención de Pekín en los asuntos internos de Hong Kong. Afirma que en caso de disturbios que puedan afectar a la unidad nacional o a la seguridad de la República Popular China y que requieran la declaración del estado de emergencia en el territorio, el gobierno central de China puede hacer aplicar en Hong Kong las leyes nacionales chinas que considere necesarias. Asimismo, en el artículo 23 (incorporado tras los sucesos de 1989) se prohíben los actos de traición, secesión, sedición y subversión contra el gobierno chino. El alcance de estos enunciados está todavía por ver, pero los acontecimientos recientes apuntan a una lectura más bien restrictiva de dichos artículos.

(2) Las profundas desigualdades socioeconómicas y el escaso desarrollo de los derechos sociales, laborales y de bienestar de los hongkoneses son la otra cara de la moneda de la gestión política colonial, aunque en los últimos años el proceso de democratización ha despertado un mayor interés público por estos problemas.

(3) Recientemente se han hecho públicas algunas propuestas para resolver esta situación, como el nombramiento por parte de China de un nuevo consejo prácticamente idéntico al actual, o bien la convocatoria de nuevas elecciones anticipadas con una normativa electoral consensuada entre todas las partes.

(4) En las elecciones celebradas en septiembre de 1995 sólo fueron elegidos por sufragio directo veinte miembros de un total de sesenta y se prevé que en el año 2003 esta cifra aumente a treinta. No obstante, no se han especificado los plazos ulteriores.

(5) El control de la inmigración es otra de las competencias que tendrá el gobierno autónomo de Hong Kong, como hasta ahora.

(6) Durante los años ochenta, el gobierno chino sostenía que los casos de Hong Kong y Macao, cuya integración a la República Popular está prevista para 1999 en condiciones similares a las de Hong Kong, debían ser un ejemplo para la futura reintegración de Taiwán a China. Actualmente, sin embargo, ya no se habla tanto de ello.