El PRI vuelve a los tecnócratas

Cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) designó a José Antonio Meade Kuribreña como candidato a la presidencia por la coalición Todos por México –en la que también están el Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza– se volvía a la tradición de nombrar a un tecnócrata del área económica. Desde Miguel de la Madrid, el único presidente sin esa formación fue el actual, Enrique Peña Nieto, que tuvo a la gobernación del Estado de México como plataforma.

En 2016, Meade fue nombrado Secretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno de Peña Nieto y su mandato duró hasta noviembre 2017, cuando renunció con fines electorales. Su designación para la presidencia por el PRI y coaligados no ha estado exenta de polémica, no solo por el hecho de no proceder del aparato del partido –de hecho, Meade ha sido secretario con gobiernos de otros partidos– sino también porque el PRI modificó sus estatutos para permitir que no militantes pudieran postularse a cargos electivos elección. Sin embargo, a juzgar por las encuestas, la estrategia del PRI parece no resultar efectiva. Como candidato, Meade no solo carga con el peso de la baja popularidad de Peña Nieto, sino también con el de algunas de las medidas tomadas por el anterior presidente, Felipe Calderón.

Una de las aparentes fortalezas de Meade era su experiencia como gestor económico y los resultados de la misma. Entre los logros que presenta está el aumento de la recaudación fiscal y el crecimiento del PIB mexicano, a pesar de los desastres naturales, la caída de los precios de las materias primas y la incertidumbre generada por la elección de Donald Trump como presidente en Estados Unidos, el principal socio comercial de México. Pero su gestión también ha sido utilizada por la oposición para atacarlo, cuestionando la eficacia de algunas medidas, sobre todo, de política fiscal.

Durante la presidencia del Partido de Acción Nacional (PAN) de Calderón, Meade fue secretario de Hacienda y Crédito Público y uno de los mentores de la reforma fiscal que, entre otras medidas, introdujo el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) para reemplazar el Impuesto al Activo (IMPAC) y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE). Asimismo, se incrementó ligeramente las tasas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Sobre la Renta. La reforma atendía en parte a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la que México es miembro. En una visita oficial, su secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría (exsecretario de Finanzas y Exteriores de México) pronunció una conferencia titulada “La reforma fiscal en México: perspectiva internacional”, en la que señalaba que las modificaciones fundamentales que debía atender el nuevo marco tributario debían enfocarse a paliar la alta dependencia de los ingresos petroleros, a los gravámenes reducidos tanto a las empresas como al trabajo, una base del IVA limitada, reducidos impuestos prediales y cuotas sobre el consumo del agua además de abordar los problemas de evasión/elusión fiscal. En resumen, “la reforma fiscal debía ser el motor para el crecimiento de México”.

En este contexto, se puso en marcha una reforma fiscal que tenía como uno de sus ejes el IETU, que buscaba atender la preocupación de la OCDE sobre la poca capacidad recaudadora entre esos contribuyentes. El impuesto gravaba la recaudación efectiva de ingresos que obtuvieran las sociedades o los individuos con actividad empresarial o régimen intermedio por las operaciones de enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y servicios. La medida causó revuelo y fue cuestionada severamente por el sector empresarial, incluso algunos contribuyentes interpusieron un recurso de amparo alegando violaciones a las garantías de justicia tributaria. No fue hasta 2010 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó como constitucional el impuesto, alegando que no se veían vulnerados los principios de equidad, proporcionalidad y legalidad tributaria. Meade siempre se mostró convencido de los beneficios del IETU, defendiendo firmemente su constitucionalidad. Para el entonces minsitro, la aprobación del impuesto correspondía a un proyecto de gran envergadura puesto que evitaría el incremento en otros gravámenes, como el IVA y el ISR. Aunque la recaudación del IETU fue siempre menor a lo estimado, finalmente se derogó a partir del ejercicio fiscal 2014.

El IETU y su derogación, al igual que la del impuesto a los depósitos en efectivo, ha servido como argumento a los oponentes electorales de Meade para señalar que los resultados de la gestión del entonces secretario y ahora candidato no se deben a un aumento en la recaudación sobre los contribuyentes con mayor poder adquisitivo, como la reforma pretendía. Según el informe Tax Policy Reform 2017 de la OCDE, México había recaudado en 2015, un 17,4% del PIB como resultado de la reforma fiscal que se puso en marcha en 2014, modificando el Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS) que, entre otros impactos, incrementó de forma sustancial la recaudación proveniente de gasolinas y diésel. Ya en la presentación del paquete económico para 2012, ante los cuestionamientos de legisladores en la Cámara Alta respecto al precio de las gasolinas, Meade reconoció que era su secretaría la que los fijaba y responsabilizó a la importación de combustible de los incrementos. Sin embargo, la explicación no convenció y se ha demostrado que gran parte del incremento eran impuestos en espiral alcista, que han pasado de 5,27 pesos por litro en 2006 a un máximo de 19,69 pesos en marzo 2018, lo que se conoce como “gasolinazo”. Si bien es cierto que el precio de la gasolina en México se ajusta los precios internacionales, la subida muestra una clara política de eliminación de subsidios.

El encarecimiento de los combustibles incide en los precios de otros artículos y, además, el impuesto que la grava tiene efectos en la distribución del ingreso y el crecimiento, debido a que las familias disponen de menos recursos. De acuerdo a la secretaría de Hacienda, la mitad del gravamen lo pagan los sectores con menos ingresos, que pagaron 130.000 millones de pesos de impuestos adicionales. Se promovió una reforma energética con el objetivo de bajar los precios de las gasolinas y se recurrió al establecimiento de banda que determina los límites inferiores y superiores del precio de los combustibles.

En vista de lo anterior, uno de los principales desafíos a los que enfrenta ahora Meade es la insatisfacción ciudadana por las tareas pendientes del actual gobierno de Peña Nieto. El candidato Meade aparece hoy señalado como el autor de los “gasolinazos” y el impulsor de las reformas fiscales fallidas. En este escenario, la pregunta es si conseguirá el PRI revertir la tendencia y construir un relato centrado en la gestión del candidato y su papel en el crecimiento económico y el aumento de la recaudación fiscal.