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Prensa y Democracia (XI): Irán, largo camino hacia la transparencia
En medio de la mayor crisis política provocada por la corrupción, la crisis económica y el resultado de las elecciones y las protestas en junio de 2009, las más turbulentas de la historia de Irán desde la revolución de 1979, el Parlamento iraní aprobó el proyecto de la primera Ley de Transparencia del país, en noviembre de ese mismo año. Las protestas empañaron la reelección de Mahmud Ahmadineyad como presidente, acusado de fraude y corrupción. El proyecto de ley, por su parte, sentó las bases de un marco jurídico integral para el acceso a la información; una medida dirigida a silenciar las críticas y amedrentar a los altos oficiales disidentes que se enfrentaron a la administración.
Irán no es un Estado que destaque por su transparencia. En el país se observa una corrupción generalizada, y se suele silenciar a aquellos periodistas e investigadores que pretenden conseguir información acerca de asuntos de interés público. El historial iraní en materia de transparencia y acceso a la información está plagado de contradicciones. Por ejemplo, aunque se aprobó el proyecto de ley durante el gobierno de Ahmadineyad, su administración siguió siendo una de las más corruptas y opacas de la historia moderna de Irán. Hoy por hoy, quienes fueron sus ministros están siendo investigados por fraude y corrupción.
Considerando el menosprecio por la transparencia y los principios fundamentales de la libertad de expresión, resultaría fácil minusvalorar la nueva Ley de Transparencia. Sin embargo, no debería ser así. Esta ley podría convertirse en una herramienta potente para todos los iraníes, ya sean periodistas, activistas medioambientales o grupos de derechos humanos. En Irán existe una demanda enorme de información, y sacar partido de esta ley podría ser fundamental para alcanzar ese objetivo.
El retorcido maratón jurídico que desembocó en la Ley de Transparencia es fundamental para entender sus repercusiones. La falta de transparencia llegó a tales niveles de corrupción gubernamental que tanto los reformistas como los conservadores y, en ocasiones, incluso el Líder Supremo, solían denunciar esta práctica en público. Raras veces el debate acerca de la necesidad de una mayor transparencia giró en torno al derecho de los ciudadanos a la información, sino sobre las rivalidades políticas y la crisis económica. A pesar de ello, en última instancia desencadenó la actuación gubernamental de apoyo a la transparencia con el fin de silenciar a los críticos.
En 2008, un proyecto de ley que se elaboró durante más de 25 años fue finalmente aprobado por el Parlamento como propuesta de ley, pero fue rechazado por el Consejo de los Guardianes de la Revolución. El documento fue bloqueado por diversas razones, aunque la más controvertida era su alcance general. Afectaba a los órganos gubernativos supervisados por el Líder Supremo; es decir, que se les exigía transparencia y acceso a la información. Finalmente, en 2009 llegó al Consejo de Conveniencia, aunque incluía una nota polémica al pie de página en el artículo 10, exigiendo la autorización del Líder Supremo para publicar información desde cualquier organización que estuviese bajo su supervisión. Esta enmienda estaba en clara contradicción con la filosofía en la que se basaba la ley. A pesar de esta enmienda, y de los muchos años de esfuerzo para poder materializar esta ley, tardó cinco años en ser aprobada.
En noviembre de 2014, el gobierno iraní finalmente emitió el reglamento de la ley. En 2015, el gabinete aprobó el artículo 8 del reglamento de ejecución, que dispone cómo puede solicitarse la información y, poco después, el artículo 18, que establece la constitución de la Comisión de Transparencia.
En mayo de 2017, el gobierno empezó a construir la infraestructura necesaria para atender a las peticiones de información. Hossein Entezami, viceministro del ministerio de Cultura y Orientación Islámica, anunció la apertura de un portal para que los ciudadanos pudieran presentar peticiones de información, tal y como dispone el reglamento. En los meses siguientes, numerosos organismos gubernamentales se incorporaron a la plataforma para recibir peticiones y responderlas. El portal es accesible solamente a través de servidores instalados dentro de Irán, lo cual no es de sorprender considerando las rígidas normas iraníes de censura, represión informática y cibernavegación.
Las autoridades han comunicado que, hasta agosto de 2017, 28 de las agencias registradas habían recibido peticiones de información de parte del público. El prolongado y enrevesado proceso legal parece haber generado resultados prometedores. No obstante, como el portal no es de fácil acceso, resulta difícil evaluar si las respuestas a dichas peticiones se han hecho públicas, como dispone el reglamento. En este sentido, la política opaca de ejecución del gobierno hace extremadamente difícil evaluar la transparencia.
Sin embargo, el diálogo relativo a la necesidad de transparencia ha cambiado desde que, en agosto de 2013, Hasan Rohaní fuera elegido presidente. Rohaní se refirió a la cuestión en términos de derecho de acceso a la información. En noviembre de 2013, el gobierno de Rohaní publicó un proyecto de Carta de los Derechos del Ciudadano, congruente con las promesas realizadas durante la campaña presidencial, y con el objetivo de abordar las serias inquietudes en materia de derechos humanos del pueblo iraní. Este documento, aunque no es legalmente vinculante, dio lugar a un debate sobre el Derecho de acceso a la información de los ciudadanos. Aunque estas iniciativas estuvieron todavía lejos de ejecutar las normas internacionales sobre el acceso a la información, marcaron el inicio de un reconocimiento oficial de este como derecho. Este diálogo contribuyó a la actual iniciativa de la administración por salir del aislamiento de la comunidad internacional y atraer inversiones extranjeras, para lo cual la transparencia será fundamental. Se hicieron públicas noticias acerca de que figuras como Entezami alentaban a la gente, periodistas incluidos, a considerar el acceso a la información como su “derecho”. Incluso se han organizado seminarios gratuitos para enseñar a los periodistas cómo utilizar la ley.
La propia existencia de la ley es, ya de por sí, una medida alentadora. Todo ciudadano iraní debería poder utilizar la ley para obtener información de los organismos públicos sobre cómo se invierte su dinero, decisiones susceptibles de repercutir en sus comunidades y otros tipos de información que pudiesen afectar a sus existencias. Sin embargo, la ley contiene numerosas cortapisas que pueden socavar su efectividad. En el Día Internacional del Derecho a Saber de 2017, Artículo 19 publicó el primer análisis sobre la Ley de Transparencia, observando que contenía numerosas cláusulas problemáticas. Algunos ejemplos: se aplica solamente a los civiles; la ley exige que los organismos que estén bajo el control del Líder Supremo estén sujetos a requisitos para publicar proactivamente información acerca de sus estructuras y actividades solamente bajo autorización de aquel.
Revisar la ley debería ser prioritario para Irán. Entretanto, el gobierno debería adoptar medidas para mejorar su ejecución. Entre las actuaciones iniciales podría incluirse: hacer más transparentes los procedimientos de ejecución; hacer públicos los informes anuales de los organismos y de la Comisión de Información; preparar nuevos estatutos definiendo los mecanismos de apelación; incluir la independencia de la ley de otras funciones del ministerio; establecer plazos para las decisiones de la Comisión, así como definir el procedimiento para hacerlas vinculantes; y adoptar leyes claras acerca de la reutilización de la información y los datos obtenidos de conformidad con sus cláusulas.
Con estas medidas iniciales, Irán podrá avanzar hacia una ley compatible con las normas internacionales y que respete los derechos que merecen sus ciudadanos.
Política Exterior publica en colaboración con Artículo 19 la serie “Prensa y Democracia”.
