Prensa y Democracia (VI): Defensa del medio ambiente en Brasil

Brasil ha sido el país anfitrión de dos de las conferencias internacionales sobre sostenibilidad más importantes de la historia: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río 92) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río +20). Desde Río 92, Brasil pretende desempeñar un papel protagonista en las conversaciones globales sobre medio ambiente, incluyendo la negociación de acuerdos internacionales.

Brasil también busca un papel protagonista en el ámbito interno, especialmente en lo que a legislación se refiere. Los años ochenta y noventa fueron objeto de iniciativas importantes que complementaban esa postura progresista con la aprobación de normas que desembocaron, por ejemplo, en una Política Nacional de Medio Ambiente (1981), la Acción Popular para la defensa judicial del medio ambiente como derecho de todo colectivo (1985), la Ley de Crímenes Ambientales (1998), aplicable incluso a personas jurídicas, y la dedicación de todo un capítulo al medio ambiente en la Constitución Federal de 1988.

A pesar de esa evolución en el reconocimiento formal de la importancia de proteger el medio ambiente y el compromiso con la cuestión de la sostenibilidad, la implementación efectiva de estos estándares siempre ha sido una realidad distante dentro del país. Las prácticas estatales siguieron durante un tiempo esta línea en busca de una mayor efectividad de los derechos ambientales, pero hoy en día esa tendencia se ha revertido y se pueden observar acciones totalmente contrarias.

Los proyectos de ley actualmente en trámite en el Congreso Nacional suponen un explícito retroceso en temas cruciales como el otorgamiento de licencias ambientales y la demarcación de territorios indígenas. Importantes organizaciones como el Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) y la Fundação Nacional do Indio (FUNAI) se han visto afectadas por reformas que debilitan su autonomía y su capacidad operacional. Al mismo tiempo, las tasas de deforestación en el país siguen aumentando. En 2016, según datos del ministerio de Medio Ambiente, la deforestación de la Amazonia aumentó en un 29%. Las cifras del periodo 2014-2015 ya habían marcado un crecimiento del 24% con respecto al ejercicio 2013-2014, lo que quiere decir que, entre 2013 y 2016, la deforestación aumentó un 60%.

Deforestación en Brasil. Fuente: The Economist

Las causas principales de dicha deforestación están ligadas a la explotación maderera ilegal, la expansión sin control de la agricultura y la ganadería, y a la explotación vegetal, animal y mineral de la zona. Los investigadores también atribuyen este aumento a la flexibilización de la legislación ambiental, en especial a la reforma del Código Forestal y a la especulación con los terrenos.

Esa situación crítica requiere medidas urgentes y contundentes. Aquellos que se manifiestan contra estos problemas, sin embargo, ponen sus vidas en riesgo.

En el campo, el día a día de las poblaciones indígenas y tradicionales, así como el de pequeños productores rurales y extractivistas, se desarrolla en un clima de constante tensión o riesgo en algunas regiones del país, en especial en áreas de conflicto en la Amazonia.

La organización no gubernamental Global Witness afirma que, entre 2012 y 2016, 150 ambientalistas perdieron la vida en Brasil. Un informe recién publicado del Comité Brasileño de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, al que pertenece ARTIGO 19, relata 66 casos de asesinato de defensores de los derechos humanos en 2016, a la vez que denuncia un aumento generalizado de la violencia contra los activistas. La gran mayoría de estos homicidios se produjeron como consecuencia de conflictos en el campo. La frecuencia de los asesinatos fue de un activista muerto cada cinco días en el país.

La violencia en Brasil sigue, por desgracia, una tendencia regional. Datos de varias organizaciones. El informe de ARTÍCULO 19 “Un Verde Mortal”, sobre las amenazas contra los defensores de los derechos humanos ambientales en América Latina del 2016, junto con informes de otras organizaciones, apuntan que América Latina se ha convertido en la región más peligrosa y mortal para los defensores del medio ambiente.

Muchas de las víctimas son líderes sociales e indígenas que se oponen a la realización de obras de gran impacto en sus territorios o zonas en las que habitan tradicionalmente. La construcción de centrales hidroeléctricas sin la debida participación o consulta previa ha sido otro factor de desestabilización en la región.

Es importante resaltar, sin embargo, que la brutalidad física es solo una de las caras de la violencia contra los defensores del medio ambiente. Los ataques contra activistas y sus organizaciones van desde campañas de vigilancia e infiltración de agentes a la intimidación y deslegitimación de su actuación. Los actos de tortura y los secuestros son a veces preludios de asesinatos. Se suma a ello una relación promiscua entre intereses públicos y privados, con la práctica de corrupción e irregularidades caminando de la mano con la impunidad. Esto sin contar las violaciones específicas a las que están sometidas las defensoras, por el hecho de ser mujeres. También se ha limitado el derecho de protesta y estas se repelen con el uso de la fuerza desproporcionada, legislación restrictiva y la criminalización de los manifestantes.

Brasil no cumplirá

Este escenario demuestra que Brasil no cumplirá los compromisos que asumió internacionalmente en materia ambiental, y además evidencia lo lejos que está el país de cumplir con sus obligaciones internacionales en lo que a derechos humanos se refiere.

Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2015 (COP21), Brasil se comprometió, además de recortar el volumen de gases invernadero que lanza anualmente a la atmósfera, a aumentar hasta un 18 % el uso de bioenergía sostenible en su matriz energética para 2030, restaurar y reforestar 12 millones de hectáreas de bosques, y reducir a cero la deforestación ilegal de la Amazonia para el año 2030.

También, en relación a la seguridad de activistas, Brasil adoptó públicamente compromisos que no ha logrado cumplir. Durante los ciclos del Examen Periódico Universal ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, la situación de riesgo a la que se enfrentan los defensores de derechos en el país fue la cuestión más planteada por los demás Estados miembros. Una de las principales respuestas del Estado brasileño, cuando se vio cuestionado sobre la situación de violencia descrita anteriormente, ha sido la existencia de un programa de protección a defensores organizado y mantenido por el Estado. En su página web, el ministerio de Derechos Humanos afirma que “el Programa de Protección a los Defensores de los Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos de la Presidencia de la República representa el compromiso del Estado brasileño de proteger a aquellas y aquellos que luchan por la efectividad de los derechos humanos en nuestro país”.

Sin embargo, el programa no funciona. Organizaciones de derechos humanos, entre ellas aquellas que observan y analizan conflictos relacionados con la tierra y el medio ambiente, apuntan a la quiebra de ese programa, ya que durante el año 2016 tuvo sus recursos congelados y su área de cobertura se vio sensiblemente reducida, con la disminución del número de estados donde existe un órgano coordinador presente. La falta de un marco legal que transforme el programa en política pública permanente y la incipiente metodología de análisis de los casos y seguimiento también han sido señalados como importantes desafíos. A pesar del papel histórico de la sociedad civil en la construcción del Programa, su participación formal en la estructura de gobernanza ha sido excluida en el último año.

Retomar esos compromisos internacionales, que se reflejen en responsabilidades claras para con la sociedad brasileña, es una necesidad urgente para Brasil, empezando por corregir los retrocesos legislativos y garantizar la debida implementación de una legislación protectora del medio ambiente y de derechos fundamentales. Se trata, hoy en día, de una condición indispensable para un desarrollo verdaderamente sostenible.

Desarrollo y derechos humanos

Es crucial que Brasil fortalezca las medidas preventivas y protectivas que permitan un ambiente seguro, libre e independiente para los defensores y defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos.

Brasil debería adoptar un instrumento legalmente vinculante que asegure la implementación de los llamados «derechos de acceso» interpretados bajo el Principio 10 de la Declaración de Río. Los fallos en el ejercicio de esos derechos provocan unos problemas a los que los defensores ambientales en el país y en la región se tienen que enfrentar: (i) acceso a la información; (ii) acceso a la participación pública; (iii) y acceso a la justicia. El reconocimiento y la aplicación de estos derechos humanos son la única oportunidad potencial para reducir el número de violaciones, y la mejor manera de proporcionar una solución al conflicto. Las negociaciones sobre este instrumento para América Latina y el Caribe están avanzadas; el diálogo se inició durante Río +20, y es fundamental que se detalle de manera específica cuáles serán las protecciones necesarias para los defensores de los derechos humanos medioambientales, con el fin de garantizar sus derechos.

La estrecha relación, complementaria e interdependiente, entre desarrollo y derechos humanos, ha sido reconocida de forma contundente por la comunidad internacional, incluso por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y debe traducirse en medidas prácticas y concretas a nivel nacional. Si Brasil quiere estar a la altura de sus compromisos y ambiciones internacionales, debe hacer un esfuerzo a nivel doméstico y hacer los deberes inmediatamente; es un asunto que no puede esperar.

Política Exterior publica en colaboración con ARTÍCULO 19 la serie “Prensa y Democracia”.