Prensa y Democracia (V): Censura y represión digital en Rusia

Decenas de miles de personas saltaron a las calles de más de 90 ciudades en toda Rusia a finales de marzo, en la mayor protesta popular en los últimos cinco años. La magnitud de las manifestaciones superó las expectativas de la oposición, y dejó al Kremlin completamente desprevenido. El día terminó con más de mil detenciones, incluidos periodistas y activistas de la oposición.

Las manifestaciones fueron desencadenadas por un vídeo que se hizo viral producido por el político de la oposición Alexey Navalny, quien investigaba la supuesta corrupción del primer ministro Dmitri Medvedev. Actualmente el vídeo cuenta con más de 23 millones de visualizaciones en YouTube. No solo los rusos pudieron leer análisis relacionados en blogs y páginas web independientes de noticias, sino que la gente empezó a compartir memes y organizarse a través de las redes sociales y servicios de mensajería cifrados. En un país donde el gobierno controla férreamente el espacio informativo, el poder de internet ha sido fundamental para movilizar a los ciudadanos.

Internet ha sido el medio de comunicación donde la interferencia del gobierno ha tardado en llegar, a diferencia de la mayoría de los canales televisivos y periódicos. Esto cambió tras el invierno de 2011-2012, cuando miles de personas hicieron frente a las duras condiciones climáticas para exigir elecciones libres tras ver la cobertura en línea del masivo fraude electoral. Una realidad muy diferente a la que se estaba transmitiendo a través de la televisión estatal.

Las autoridades reaccionaron con cientos de detenciones y varias penas de cárcel, además de coartar la libertad de expresión en internet, puesto que la consideraban una de los motivos principales de la disidencia.

Durante los últimos cinco años se han aprobado toda una serie de leyes represoras y se han introducido medidas nuevas. Como consecuencia, el papel de internet como medio para la expresión libre de ideas se ve sometido a una gran amenaza creciente.

La versión rusa de Wikipedia, el día del cierre de protesta.

Lista negra

Uno de los primeros cambios fue la introducción de una lista negra de páginas web prohibidas, y que a partir de ese momento estarían controladas por el nuevo regulador de las comunicaciones, Roskomnadzor. Bajo el pretexto de proteger a los niños de los peligros de internet, no tardó mucho tiempo en ampliar desproporcionadamente el ámbito de aplicación de la ley, con varias páginas web en el punto de mira por transmitir información supuestamente crítica sobre el gobierno. La versión rusa de Wikipedia, una de las muchas páginas que expresó de inmediato su preocupación sobre este asunto, llegó a cerrar su página durante 24 horas en señal de protesta. Esto fue el pistoletazo de salida de “la introducción de la censura”, según dijeron a sus lectores.

Actualmente, hay un número de organismos estatales que pueden solicitar el bloqueo de una página web sin ningún tipo de base legal y basándose en criterios intencionalmente amplios como: “incitación a protestas masivas, actividad extremista o participación en eventos públicos masivos que infringen el orden establecido”. Grani.ru, una página web con noticias de la oposición, la popular plataforma bloguera LiveJournal y la página de noticias de Crimea de Radio Free Europe son algunas de las miles que se añadieron a la famosa lista negra por informar sobre protestas no autorizadas, o por cuestionar la anexión de Crimea. En el 2016 se bloquearon las páginas web que publicaban llamadas para boicotear las elecciones parlamentarias en septiembre, pese a que estos boicots no son ilegales.

Las autoridades comenzaron a perseguir a críticos individuales y a silenciar frecuentemente la disidencia en internet, en un claro abuso de la legislación penal. Activistas de la oposición han sido acusados de cargos de incitación al odio, que son desproporcionados o completamente injustificados. Es el caso de Anton Nossik. Nossik realizó varias publicaciones en su blog sobre el bombardeo en Siria. No solo eso: compartir ese mismo contenido en otras redes sociales también se convierte en un delito castigado por ley. El Centro de Información y Análisis SOVA, con base en Moscú, que controla el uso incorrecto y abusivo de la legislación anti-extremismo en Rusia, ha descubierto que no solo han aumentado los castigos por incitación al odio; además, la proporción de individuos con cargos de ofensas por internet ha sufrido un incremento, incluyendo cargos como “búsqueda del separatismo”.

A menudo, las personas procesadas no tenían perfil público o era muy limitado, por lo que los cargos resultan absurdos. Andrey Bubeev de Tver fue condenado a dos años y tres meses por compartir una imagen de una pasta de dientes con el subtítulo: “Exprime a Rusia y sácatela de encima”, y también por compartir la opinión de que Crimea tendría que pertenecer a Ucrania. Rafis Kashapov de Kazan fue condenado a tres años por cuatro artículos donde criticaba a Putin y su actuación en Ucrania. Recientemente, Gennadiy Makarov de Lipetsk pasó cinco días en la cárcel por compartir una imagen satírica del presidente Vladimir Putin con maquillaje. No parece haber ningún tipo de coherencia en el perfil que persiguen las autoridades, y es precisamente esta impredicibilidad la que pretende disuadir a los individuos de expresar libremente su opinión.

Una de las imágenes de Putin que no gustaron a las autoridades rusas.

Estado ciberpolicial

Es de todos conocido que la mayor red social de Rusia, V Kontakte (VK), coopera activamente con las autoridades. En la conferencia de blogueros que tuvo lugar en junio de 2016, el representante de VK, Yevgenii Krasnikov, confirmó la proximidad de la red social con el poder: “Quiero pensar que nuestros servicios de seguridad, que tienen la posibilidad de acceder a cualquier tipo de información sobre nuestros usuarios, la utiliza para favorecer los intereses de la seguridad del país”. El problema es que este no suele ser el caso, y los datos personales que se comparten sin un procedimiento legal adecuado terminan por ser la base para otros procedimientos legales, en una tergiversación del Estado de Derecho.

Al mismo tiempo, las autoridades rusas han ampliado su capacidad de controlar con quién se comunican los rusos y qué información difunden. SORM, el sistema de vigilancia especializada con la que los proveedores de servicios de Internet (ISP por sus siglas en inglés) están obligados a cooperar, se ha expandido para abarcar más correos electrónicos y redes sociales. Mientras tanto, la conocida como Ley Yarovaya, en honor al miembro del parlamento responsable de la propuesta de ley, obligará a los ISP a almacenar todos los datos del tráfico en la red y los contenidos de los mensajes, y proporcionarlos bajo petición a los servicios de seguridad. Una propuesta de ley que actualmente se encuentra en el Parlamento prohibiría a los usuarios a comunicarse de forma anónima. Su objetivo es que los rusos lo tengan mucho más complicado a la hora de expresarse de forma anónima o segura.

A partir de ahora, se espera que las empresas digitales internacionales cooperen con la proporción de datos de los usuarios. LinkedIn fue la primera compañía importante en sufrir una sanción, siendo bloqueados sus servicios a finales de 2016 tras negarse a cooperar y mover sus centros de información a Rusia. Aunque no es una página web especialmente popular en el país (2,4 millones de usuarios aproximadamente), el ataque a LinkedIn funcionó como una advertencia para otros sitios web más populares, como Facebook o Twitter, de que esas sanciones serán empleadas si se niegan a cumplir con la legislación rusa.

Las autoridades rusas han restringido gradualmente a la gente de a pie la capacidad de expresar un juicio crítico y expresar su desacuerdo en la red. Fueron precisamente las manifestaciones nacionales las que instigaron por primera vez las restricciones de libertad de expresión en internet en Rusia, y es fácil imaginar que la última oleada hará lo mismo. Las próximas elecciones presidenciales tendrán lugar en la primavera de 2018, y el pronóstico de mejora de internet en el país no es, desde luego, favorable.

Política Exterior publica en colaboración con ARTÍCULO 19 la serie «Prensa y Democracia».

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