Prensa y Democracia (IV): Túnez, regreso mediático de la dictadura

“Todos los medios son buenos para desprestigiar [públicamente] a sus miembros [de una ONG anti-corrupción]”. Con estas palabras pronunciadas mientras dirigía una reunión de la redacción del canal de televisión privado Nesma TV, grabadas y filtradas en las redes sociales en abril, el propietario del canal de televisión con mayor índice de audiencia en Túnez, Nabil Karoui, preparaba el ataque contra quienes denunciaban posibles delitos de corrupción y evasión fiscal.

Estas declaraciones reflejan la batalla por el control mediático que las élites políticas, económicas y mediáticas nacidas y beneficiadas por la dictadura de Zine El Abidine Ben Ali están a punto de ganar.

La revolución democrática de Túnez de 2011 ha provocado cambios profundos en el país, fruto del activismo de actores políticos, económicos y sociales, reflejados esos cambios en la adopción con amplio consenso político de una nueva Constitución en enero de 2014 en conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.

Desde el inicio de la transición, se han levantado voces exigiendo libertad de expresión. Amplios sectores políticos, sociales y profesionales, incluyendo a diversos partidos de la oposición, editores y periodistas, activistas de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil se movilizaron para presionar a las autoridades con el fin de establecer un marco jurídico que rompiese definitivamente con la dictadura de Ben Ali.

Al mismo tiempo, ante la regulación autoritaria que solo favorecía a los medios de comunicación nacidos bajo la dictadura, se inició un proceso de regulación de radios y televisiones para garantizar la pluralidad y diversidad de opiniones y de medios de comunicación. La resistencia de los propietarios de los medios de comunicación del régimen anterior, incluyendo Nesma TV, está siendo activa y sin escrúpulos.

Desde hace años, el sector de los medios de comunicación viene siendo un campo de batalla entre los defensores de la libertad de expresión, la pluralidad y la diversidad, enfrentados a un sector del gobierno, las élites políticas y económicas del régimen anterior, incluyendo los empresarios beneficiados económicamente de la opacidad de la dictadura.

La revolución democrática, a través de los decretos 115 y 116 de 2011, establece el marco legal e institucional para garantizar la libertad de prensa y libertad de medios de comunicación, y crea un Consejo Regulador Independiente de los medios de comunicación (HAICA, por sus siglas en Francés) reemplazando a la primera instancia reguladora (INRIC) creada en los albores de la revolución. Estos logros fundamentales para la libertad de expresión se consolidan en la Constitución de 2014.

El Consejo Regulador, ante unas élites hostiles, demostrando su independencia y ejerciendo sus competencias, toma la decisión de suspender la transmisión ilegal de los programas de Nesma TV por utilizar frecuencias de siete emisoras de radio locales y comunitarias, que previamente habían sido acordadas para garantizar la pluralidad y diversidad de opiniones y contra la concentración de medios. Aquí el ataque de las elites de la dictadura es frontal. No solo Nesma TV anuncia públicamente que ignorará la decisión, sino que inicia una campaña mediática de acoso y derribo contra la HAICA, en connivencia con ciertas elites políticas interesadas en favorecer medios de comunicación afines.

Otro de los desafíos de la transición reside en el empecinamiento de los jueces en dictar sentencias contrarias a la libertad de expresión, haciendo uso de parte del ordenamiento penal, incluyendo el militar, pese a haber sido revocados por el decreto 115 sobre la libertad de prensa.

Los reflejos autoritarios del poder ejecutivo no han desaparecido, como demuestra el secuestro de una revista semanal (el primer secuestro de una publicación desde la revolución) en abril. El ministerio del Interior, alegando razones de seguridad y sin autorización judicial, procedió al secuestro de la revista, que pese al estado de emergencia es un acto de censura contrario a la libertad de expresión por su arbitrariedad. Lo que en realidad teme el gobierno es estar expuesto a la crítica legítima de la opinión pública por los fallos de sus operaciones de seguridad, algo necesario en una sociedad democrática.

Consejo de la prensa

No todo son sombras. Uno de los avances más positivos de la transición ha sido el recién creado Consejo de la Prensa escrita, en abril de este año, el único en todo el mundo árabe. Este Consejo, compuesto de representantes de sindicatos de periodistas, editores, empresarios y representantes de la sociedad civil, tiene como función la auto-regulación de la prensa, para evitar la injerencia por parte del poder estatal. El proceso de creación del Consejo de la Prensa ha sido largo, iniciado en 2012, al cual ARTICULO 19 ha contribuido desde su origen, y nace gracias al consenso de todas la partes implicadas, incluyendo, además de sindicatos de periodistas y editores, a la Liga Tunecina de Derechos Humanos, una de las cuatro orginizaciones que conforman el Cuarteto de Diálogo Nacional que recibió el premio Nobel de la Paz en 2015.

Volviendo a la radio y televisión, la Constitución de 2014 prevé la creación de un nuevo Consejo Regulador de los medios audiovisuales que reemplace a la HAICA, y es aquí donde está el peligro de una involución de los avances democráticos conseguidos hasta la fecha. ARTICULO 19 teme que algunos sectores del gobierno, y las élites económicas audiovisuales, utilicen la ocasión para transformar el nuevo Consejo Regulador en un órgano que carezca de independencia. El primer borrador de ley del gobierno así lo indica, ya que presenta una nueva entidad mermada en sus competencias e independencia.

Será el Parlamento, donde la ley habrá de ser aprobada, el que tendrá la última palabra. Es ahí donde, una vez más, no solo los representantes políticos de la oposición sino también fuerzas políticas que forman parte del actual gobierno de gran coalición entre Nidaa Tounes y Ennahda, bajo la presión de la sociedad civil, sindicatos de periodistas, representantes de diversos medios de comunicación, tanto nacionales como locales y comunitarios, habrán de resistir este regreso mediático de la dictadura. De ello dependen la consolidación de los avances democráticos de la única revolución de la primavera árabe que ha llegado a buen puerto, y garantizar así los derechos fundamentales a la libertad de expresión y acceso a la información de todos los componentes de la sociedad tunecina.

Política Exterior publica en colaboración con ARTÍCULO 19 la serie “Prensa y Democracia”.