Prensa y Democracia (II): Irán y la libertad en Internet

Las elecciones presidenciales de Irán del 19 de mayo han abierto de nuevo el debate sobre las libertades en torno a Internet. El control de Internet a través de diversas herramientas y políticas es uno de los barómetros sobre el carácter progresista de los candidatos. En una población de 80 millones de habitantes, la demografía iraní está dominada por jóvenes de menos de 35 años y ávidos internautas.

El estado de Internet también se ha convertido en un barómetro de la temperatura de las elecciones en Irán. En las presidenciales de 2009, por primera vez, el gobierno puso mayor empeño en controlar la red. Una semanas antes de las elecciones, el gobierno detectó el empuje de los reformistas y candidatos del Movimiento Verde en las redes sociales. Su respuesta fue censurar Facebook y Twitter para limitar las movilizaciones. La censura, sin embargo, no pudo frenar el movimiento de protesta tras la reelección de Mahmoud Ahmadinejad, considerada fraudulenta por mucho ciudadanos.

Este movimiento contrario a la elección alarmó al gobierno, hasta el punto de cortar de manera temporal el acceso a Internet en el país. Incitados en gran parte por la pérdida de control del régimen, la censura y los controles en la red se agilizarían en estructuras institucionales como la Legislación sobre Delitos Informáticos, aprobada poco después de las protestas de 2009, y que penaliza diversas conductas digitales consideradas de riesgo por el gobierno. En 2012 se creó el Consejo Superior del Ciberespacio, que centralizó la política de Internet en manos de los halcones del régimen, incluyendo el líder supremo. Ya en 2011 se había creado la Red de Información Nacional de Irán.

Mientras los candidatos hacían campaña en las presidenciales de 2013 a favor de plataformas de acceso mejorado e innovación digital, las autoridades intentaban frenar la movilización política en Internet. Para ello, no utilizó la censura ni cortes a Internet como en 2009, sino que disminuyó la velocidad de conexión hasta dejar la red inutilizable los días previos a las elecciones. Aún así, la victoria de Hassan Rohaní fue un alivio para muchos iraníes frustrados por la ralentización y las continuas trabas al acceso a la red. Una semana antes de las presidenciales del 14 de junio de 2013, Rohaní comunicó a sus simpatizantes: “Vivimos en un mundo en el que es imposible limitar la información. A los jóvenes se les bombardea con información y tenemos que estar preparados para ello”.

Las propuestas políticas sobre Internet del hoy presidente y candidato a la reelección se centraban en mejorar el acceso, y su promesa principal era mejorar la velocidad de Internet en aras de la economía nacional. No obstante, Rohaní nunca hizo promesas concretas para rebajar la censura que impedía el acceso a los iraníes a redes sociales como Twitter y Facebook, sino meras alusiones a que su gobierno estaba en desacuerdo con dichas políticas.

Rouhaní sí cumplió, no obstante, una de las promesas de la campaña de 2013: la publicación de una Carta de Derechos Ciudadanos en diciembre de 2016. Aunque sigue sin quedar claro cuál es la base legal del documento, contiene artículos que garantizan los derechos de los iraníes en Internet, incluido el derecho a la libertad de opinión y de expresión, el derecho a acceder a información del ciberespacio y a comunicarla libremente y sin discriminación, así como el derecho a la seguridad online.

Pese a la buena acogida que tuvo la Carta de Derechos Ciudadanos en su momento, las garantías no se han visto reflejadas en la realidad, a vista de las detenciones, la censura y otras formas de represión digital que han tenido lugar durante el gobierno de Rohaní. El alcance de este documento está en entredicho fundamentalmente porque el sistema judicial no ha dado muestras de respeto a estos derechos en su toma de decisiones.

Del mismo modo, ha habido una línea muy fina entre innovación y control en el diseño de la política de Internet en los últimos años, ya que las mejoras en el desarrollo de la red han ido acompañadas de la “entrega” de datos al gobierno. Esto queda reflejado en muchas de las promesas del presidente de introducir desarrollos en la industria de las tecnologías de la información y la comunicación en Irán, aumentar la velocidad de Internet y promover el emprendimiento. El resultado de todo ello es el apoyo al desarrollo local de las TIC, uno de los mandatos de la Red Nacional de Información con el objetivo de localizar todos los servicios de Internet y los servidores dentro del país, de forma que se promueva la industria local lejos de tecnologías y las supuestas amenazas extranjeras, al tiempo que se intensifica el control. De esta forma, se promueve el desarrollo local y se localiza el almacenamiento de datos en el país, bajo legislación iraní, lo que posibilita la supervisión del gobierno.

Algunas de las medidas para presionar en esta dirección han sido en realidad un ultimátum a servicios de mensajería extranjeros como Telegram para que situaran sus servidores en Irán, o incentivos para que desarrolladores locales crearan plataformas que sustituyan las aplicaciones extranjeras. A pesar de las presiones del gobierno, no se ha logrado que empresas como Telegram dispongan de servidores en el país ni se han creado plataformas locales competitivas. Estas medidas muestran, además, la consideración por parte del gobierno del derecho a la intimidad, contradiciendo incluso la Constitución, el código penal islámico y la legislación sobre delitos informáticos. Entre los casos más llamativos en que el gobierno ha utilizado los datos de los usuarios está el arresto de Isa Saharkhiz, a partir de los mensajes de texto que este envió a través de tecnología de Nokia-Siemens, así como el arresto del irano-estadounidense Nostrallah Khosravi-Roodsari que evidenciaron la supervisión masiva de datos de SMS por parte del régimen iraní.

A pesar de ello, muchas personas creen que, de ser reelegido, Rohaní permitirá finalmente el uso de Telegram, Instagram y WhatsApp sin filtros. En el primer debate presidencial celebrado el 28 de abril, Rohaní afirmó: “Si no fuera por mi gobierno, el uso de Internet estaría tan limitado que ni mis oponentes podrían utilizarlo para las campañas”. Tras las elecciones parlamentarias de 2016, el sector más conservador –la Guardia Revolucionaria y el poder judicial– es consciente de la utilidad de Telegram para las victorias electorales de los políticos reformistas y moderados. A finales de marzo, la Guardia Revolucionaria detuvo a varios administradores de Telegram y periodistas que apoyaron las facciones moderadas y reformistas de Rohaní, y el poder judicial les condenó por constituir un “peligro para la seguridad nacional”.

Este abismo en la política de Internet ha forzado al actual presidente de mantener un tira y afloja entre su gobierno y los halcones. A pesar de impedir que el comité de filtrado de Irán (encargado de detectar contenido ofensivo) bloqueara estas plataformas, Rohaní no ha podido evitar el bloqueo por parte del poder judicial de las llamadas cifradas de Telegram el 14 de abril, justificando que lo hacía por la seguridad nacional ante las elecciones. Algo parecido sucedió con los vídeos en directo de Instagram.

Mientras, las alternativas a Rohaní son su vicepresidente, Eshaq Jahangiri, de quien se dice que coordina su campaña con Rohaní, y el halcón Ibrahim Raisi, a quien se ha ridiculizado por no saber utilizar las nuevas tecnologías. El antiguo alcalde de Teherán, Mohammad Bagher Ghalibaf, otro halcón que se ha retirado en favor de Raisi, afirmó recientemente: “No podemos permitir la libertad no regulada en Internet, el control es necesario”.

Sea cual sea el resultado de las elecciones del 19 de mayo, lo más probable es que continúe la censura digital en la República Islámica. Sin embargo, como ha sucedido en todas las elecciones desde 2009, las instituciones iraníes encargadas del control de Internet seguramente reaccionarán en función de la movilización política con el objetivo de seguir moldeando el futuro de la libertad digital en el país.

Política Exterior publica en colaboración con ARTÍCULO 19 la serie “Prensa y Democracia”.