Prensa y Democracia (I): Periodistas desprotegidos, información secuestrada

Para celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa de 2017, la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) decidió enfocar la discusión en el papel de los medios de comunicación en la construcción de sociedades más pacíficas, justas e inclusivas. La decisión es un guiño a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a menos de dos años de haber sido adoptada por 193 Estados miembros de la ONU. Una prensa libre, en el marco del Objetivo 16, no solo es una meta en sí misma (garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales), también es un medio para cumplir los demás objetivos y metas, en particular la consolidación del Estado de Derecho y de instituciones eficaces, responsables y transparentes, que reduzcan la corrupción e impunidad.

Renovar el compromiso de los Estados con la libertad de prensa es la respuesta de la Unesco ante un año particularmente difícil para los medios de comunicación y los periodistas, ante la creciente violencia, inseguridad e impunidad. Es paradójico que poco después de señalar la importancia de la libertad de prensa como fin y medio para el desarrollo sostenible, los Estados se empeñen en estrechar las condiciones mínimas que requiere el periodismo para ser libre y de calidad.

Durante 2016 y los primeros meses de 2017 se han producido hechos que marcan los retos económicos, políticos, sociales y legales para la libertad de prensa en el futuro inmediato: la irrupción masiva de las noticias falsas y la respuesta de los Estados, que puede conllevar graves violaciones a la libre expresión; las redes sociales, que consolidaron un papel determinante en el flujo de información, haciendo aún más complejo e incierto el modelo de negocio de los medios de comunicación; el ascenso de figuras políticas hostiles al periodismo independiente en los países del hemisferio occidental, así como la consolidación de regímenes contrarios a la libertad de prensa.

Viejas historias no dejaron de repetirse. Durante 2016, ARTÍCULO 19, organización no-gubernamental internacional por la libertad de expresión e información, corroboró que las medidas de protección y prevención de delitos contra de periodistas son inútiles si no hay sanciones efectivas. En otras palabras: la impunidad en casos de periodistas agredidos sigue siendo el punto de partida para la violencia contra la prensa. Cuatro informes anuales de las oficinas regionales de ARTÍCULO 19 así lo atestiguan en Bangladesh, Brasil, México y Kenia.

En el país asiático se produjeron ataques violentos contra periodistas y personas en el ejercicio de su libertad de expresión. Durante 2016, se registraron en Bangladesh 320 ataques contra de periodistas y personas que trabajan en medios impresos, electrónicos y digitales, incluyendo el encarcelamiento de 18 y el asesinato de tres. El informe anual de este país da cuenta de la impunidad en un contexto donde crecen las amenazas a periodistas y fotorreporteros que cubren temas de interés público, como corrupción y matrimonio infantil, y actores como políticos y partidos políticos.

En Brasil, 22 periodistas fueron amenazados de muerte en 2016, cinco sufrieron intentos de homicidio y cuatro fueron asesinados. El patrón es claro: el informe anual del país concluye que los ataques vienen después de que la prensa publique acusaciones de irregularidades por parte de diversas autoridades. A pesar de la delicada situación, las medidas de protección se han restringido aún más, como sucedió durante las protestas tras la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff. El gobierno brasileño limitó en 2016 las medidas de protección a personas en riesgo manifiesto y eliminó la participación de la sociedad civil en el consejo que decide sobre esas medidas de protección. Esta regresión se suma a la falta de metodología y acciones diferenciadas para prever medidas de seguridad y protección a periodistas y personal de los medios de comunicación.

México fue el país más letal para la prensa en el hemisferio occidental. La impunidad es la regla: de las 426 registradas por ARTÍCULO 19, el 99,7% no fueron sancionadas. El informe “Libertades en resistencia” ilustra de qué manera la impunidad hace inútiles las medidas de protección a periodistas en riesgo. En Veracruz, un Estado particularmente violento y hostil a la prensa, fue asesinado el periodista Pedro Tamayo a pesar de contar con protección. Su colega y expareja, Alicia Blanco, relata las amenazas de muerte recibidas por buscar justicia en el caso de Tamayo.

En Kenia, más de 80 periodistas sufrieron diferentes formas de agresión mientras realizaban su trabajo. Un caso elocuente es el del periodista Isaiah Gwengi, detenido arbitrariamente y golpeado por policías en el marco de su investigación periodística sobre la brutalidad policial. Otros países de África Oriental también son ejemplo del impacto del deterioro de las condiciones políticas sobre la integridad de los periodistas: en Somalia, dos periodistas fueron asesinados mientras cubrían ataques terroristas, y en Uganda tres periodistas fueron asesinados en el marco de las revueltas durante el proceso electoral de 2016.

La precaria situación a nivel global contrasta con el papel fundamental de los periodistas en el funcionamiento de sociedades robustas y saludables, a la hora de luchar contra la corrupción y la impunidad, así como denunciar comportamientos inadecuados en los sectores público y privado. El acceso a la información de interés público debe estar garantizado. En este sentido, a pesar de que 105 países hayan adoptado hasta la fecha leyes y medidas que protegen el derecho de acceso a la información (cubriendo el 88% de la población mundial), existen aún obstáculos que limitan este derecho. El uso ilegítimo de la seguridad nacional y de otras excepciones jurídicas, como la protección de datos personales, puede amenazar el derecho de la sociedad a conocer información de interés público. Por ello, es necesario que, cuando se limita el acceso a la información, se pongan en marcha medidas paralelas para asegurar que asuntos de interés público puedan ser investigados (como la protección de los llamados whistleblower (soplones o informadores). Sin embargo, a la fecha, tan solo 60 países han adoptado leyes que protegen esta figura, y muchas son limitadas o infectivas.

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa es preciso exigir que los Estados aseguren el flujo libre de información y la seguridad de periodistas. No solo por ser compromisos internacionales adquiridos en el marco de convenios, sino porque son derechos fundamentales que debe garantizar cualquier régimen que aspire a ser democrático.

Política Exterior publica en colaboración con ARTÍCULO 19 la serie «Prensa y Democracia».