De América Latina llegan desde hace años las ideas para replantear la estrategia global antidrogas. Hasta ahora, la política antinarcóticos ha estado marcada por los planteamientos de los países consumidores. Hoy, los productores exigen participar en este rediseño. No es de extrañar: América Latina es la región más afectada por el mercado de droga, como principal productor mundial de marihuana y cocaína. Es además el campo de batalla del narcotráfico. La “guerra contra las drogas” promovida por Estados Unidos ha sido la manera de abordar el problema durante décadas, pero hace unos años empezaron a surgir voces discrepantes. La Comisión de Drogas y Democracia, creada en 2009 por expresidentes latinoamericanos, es la plataforma que canaliza estas inquietudes sobre el fracaso de las políticas clásicas. Desde entonces, agita el debate al plantear soluciones alejadas del enfoque de la seguridad y centradas en la salud pública y las políticas sociales.
En 2012, la Organización de los Estados Americanos (OEA) secundó la idea de que esta guerra no lleva a ninguna parte y elaboró un documento con cuatro posibles escenarios de futuro. Entre las constantes señaladas por la OEA y la Comisión, están despenalizar al consumidor e invertir en rehabilitación, poner el énfasis en la prevención y reducir la demanda como manera de acabar con la oferta. En Guatemala, el mes pasado, casi la mitad de los países de la OEA defendieron alguna forma de despenalización. Sin duda, es Uruguay quien ha llegado más lejos, convirtiéndose en mayo en el primer país de la región en legalizar la marihuana, poniendo además en manos del Estado su producción, distribución y venta. Su presidente, José Mujica, defiende la decisión argumentando que “hace 25 años calculamos que había 1.000 o 1.500 personas que consumían y ahora 150.000. Y en estos 25 años reprimimos, metimos presos, confiscamos cargamentos y resulta que el animal sigue creciendo”. Mujica espera que si el experimento da buenos resultados anime a otros países latinoamericanos a dar el mismo paso.
No falta debate tampoco en México, uno de los países más afectados por el narcotráfico. El expresidente Vicente Fox asegura que la guerra contra las drogas es una guerra perdida, mientras señala que el proceso de legalización de la marihuana en el mundo es irreversible.
Los cambios no ocurren solo en América Latina. En EE UU, el gobierno federal ha iniciado una serie de reformas, entre las que se encuentra desviar un 4% de lo que se invierte en la guerra contra la droga hacia partidas de educación y salud. El plan también prevé destinar a 100.000 presos a programas de rehabilitación. En Colorado y Washington, el consumo de marihuana es legal y este año se van a llevar a cabo referéndums en Alaska y Oregón. Según el New York Times, en Colorado esta medida llevó a una reducción de robos y atracos y un aumento de recaudación en 23,6 millones de dólares en tan solo cuatro meses.
Otra idea que coge fuerza en América Latina es que los países occidentales no hacen suficiente por solucionar el problema de las drogas. EE UU y Europa son los principales consumidores. Sin embargo, EEUU redujo en un 16% la asistencia a Latinoamérica del presupuesto antidroga en 2013. Muchos consideran que occidente debería hacer más esfuerzos para frenar la demanda, pues mientras haya demanda siempre habrá una oferta que la satisfaga.
Sin embargo, América Latina experimenta un aumento de la demanda interna que estos países no pueden ignorar. Francisco E. Thoumi, en “Drogas y violencia. Más allá de la corrupción política” (#PolExt143), señala que el primer paso para la región, en concreto para Colombia y México, es reconocer que las raíces del narcotráfico están en la sociedad misma, en vez de justificarse alegando que si hay ganancias ilegales y fáciles de obtener es natural que sus ciudadanos se maten por ellas, pues en la mayoría de los países esto no ocurre.
Tras el intercambio de nuevas ideas en los últimos meses, todos los estados de América, con la orientación de la OEA, han decidido presentar una postura común en la ONU en 2016. Esto podría suponer un cambio de la obsoleta legislación internacional en materia de drogas. ¿Serán capaces de alcanzar un consenso?
Por Alejandra Hidalgo, internacionalista.