Poner a los más vulnerables en el centro de la acción climática

Aunque en el subconsciente colectivo pudiera parecer que, con la llegada de la pandemia, los efectos del cambio climático hubieran pasado a un segundo plano, esos impactos y la degradación medioambiental continúan aumentando y haciéndose más evidentes. De hecho, podría considerarse el Covid-19 como una derivada del cambio climático. La comunidad científica nos ha advertido de que el afán de las sociedades humanas por ocupar, explotar y desestabilizar los ecosistemas tiene un impacto directo en la relación entre salud y medioambiente.

Sin embargo, y siguiendo las palabras del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, no habrá una vacuna contra el aumento continuo del dióxido de carbono en la atmósfera, el deshielo del Ártico, los incendios que arrasan cada vez más países, el aumento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, la intensificación de las sequías y los procesos de desertificación o la pobreza y la desigualdad que aumentará conforme esos impactos se hagan más evidentes.

Justicia climática y responsabilidad europea

Si nos centramos en las consecuencias socioeconómicas de los impactos físicos del cambio climático, observamos su influencia en el aumento de las desigualdades sociales, en especial entre los grupos de población más vulnerables. Mujeres y niñas, menores en general, personas mayores o pueblos y comunidades indígenas se ven más afectados por esos impactos y tendrán crecientes dificultades para acceder a alimentos, agua potable, saneamiento, vivienda y salud.

Hacer frente a la pobreza, la vulnerabilidad o el aumento de la movilidad humana asociada a la incidencia de desastres naturales y el cambio climático es responsabilidad fundamental de los principales países emisores de gases de efecto invernadero (GEI). No olvidemos que la Unión Europea, tras China y Estados Unidos, es el tercer mayor emisor de GEI y no puede mantenerse ajena a una responsabilidad que pasa, en primer lugar, por el reconocimiento de una deuda histórica con los países menos responsables, garantizando una distribución justa y equitativa de las cargas del cambio climático y sus efectos.

El Pacto Verde Europeo debe ser un elemento fundamental tanto en el reconocimiento de esa responsabilidad global como en el avance hacia el objetivo europeo de alcanzar la neutralidad climática para 2050.

Hablamos de impulsar en el ámbito de la acción exterior de la UE una visión y acción climática global que, amparándose en lo que se denomina “diplomacia del Pacto Verde”, permita establecer medidas ambiciosas, así como convencer y apoyar a otros actores globales para que asuman su responsabilidad en la lucha contra el cambio climático y en promover el desarrollo sostenible. Nos referimos, por ejemplo, a adoptar un marco global sólido para detener la pérdida de biodiversidad, avanzar en la gobernanza internacional de los océanos, la cooperación marina y la gestión costera, y apoyar la transición global hacia sistemas agroalimentarios sostenibles.

De la acción sobre el medio a la acción sobre las personas

De igual importancia es la necesidad de dirigir la acción climática europea hacia la protección de las poblaciones más vulnerables que ya sufren los impactos del cambio climático. Se requiere de la UE, a través de su marco de políticas de vecindad o de los instrumentos de cooperación al desarrollo y de ayuda humanitaria, la movilización de recursos económicos, humanos o materiales para apoyar en su lucha contra el cambio climático a aquellos países y regiones del que más lo necesitan.

El Parlamento Europeo debe seguir asumiendo un papel ambicioso, capaz de influir tanto en la Comisión como en los Estados miembros. La Resolución del 28 de noviembre de 2019 sobre la situación de emergencia climática y medioambiental permitió llamar la atención y facilitar la acción europea. En este marco se ha elaborado el informe de propia iniciativa (INI) “El impacto del cambio climático en la población vulnerable en los países en desarrollo”, que ha profundizado en la capacidad que debe tener la UE a la hora de coordinarse y mostrarse más solidaria con el resto del mundo en un contexto de emergencia climática.

Este informe plantea soluciones desde el punto de vista de la justicia climática para garantizar una distribución equitativa de las cargas del cambio climático y sus efectos, donde la vulnerabilidad, la desigualdad, la pobreza y los desplazamientos humanos provocados por esos impactos llegan a socavar las estructuras sociales, económicas y políticas de muchos países y comunidades.

Es el momento que la UE muestre su capacidad para que su acción climática sea beneficiosa para las personas del Sur global, ya sea a través de la cooperación al desarrollo, la diplomacia o la acción multilateral. En el citado informe se identifican diferentes ámbitos de actuación que precisan el consecuente respaldo económico-financiero para abordar la mitigación, la adaptación y las perdidas y daños asociados al cambio climático (Mecanismo de Varsovia); reducir el riesgo de desastres; abordar las específicas vulnerabilidades geográficas y personales (con perspectiva de género); apoyar, a través del Nuevo Instrumento Único de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (NDICI), a los países que más sufren el cambio climático.

No estamos hablando de procesos unidireccionales en los que la UE ejerce de donante, se trata de que, ante la emergencia climática, cualquier acción europea en la materia en cualquier lugar del planeta sea parte de un proceso de retroalimentación positiva, beneficiando a todas y cada una de las áreas de actuación en el ámbito de la acción exterior climática de la Unión.

La movilidad humana en el contexto del cambio climático

Es preciso profundizar en el reconocimiento y la protección de las personas desplazadas a consecuencia de los desastres y el cambio climático. Se trata de una cuestión que requiere un debate y una toma de decisiones a nivel europeo y global. En este sentido, el informe mencionado reconoce la necesidad de incluir el componente climático como factor en todos los programas de protección internacional existentes relacionados con la movilidad humana. Para ello, desarrolla el concepto de “visado climático” como una medida de protección temporal para las personas que se han visto forzadas a abandonar sus hogares por desastres naturales o el cambio climático.

Igualmente, este visado debe abrir una reflexión en el seno de la UE sobre cómo se articula la política de cooperación con el objetivo de hacer frente a un problema global de injusticia climática. Hablamos de mecanismos de protección jurídica, pero también dirigidos a facilitar la migración laboral y circular, la formación de las personas migrantes o el flujo de remesas para permitir la adaptación de unas regiones de origen particularmente vulnerables a los desastres y al cambio climático.

En resumen, el objetivo es construir una respuesta ante el cambio climático desde la solidaridad, evitando el recurso limitado y erróneo de la securitización de las fronteras, ante una amenaza climática que no conoce de límites geográficos.

De potencia normativa a actor global

La UE se ha erigido como una potencia regulatoria a nivel global, capaz de exportar unos principios comunes que moldean las relaciones internacionales y afectan a un amplio abanico de cuestiones, como las relacionadas con las leyes medioambientales. El debate sobre el visado climático nos debe llevar a discutir si la UE debe limitar esa capacidad de influencia global en términos normativos, o si debería trasladar ese ascendente a la gobernanza mundial del clima, la necesidad de avanzar en la lucha contra el cambio climático y proteger a las poblaciones más vulnerables ante este fenómeno.

Es el momento de reiterar la posición de actor global de la UE. Este enfoque permitirá profundizar la relación trasatlántica por parte de la Unión, una vez que la administración de Joe Biden ha asumido el reto del cambio climático como algo propio. Asimismo, es preciso trasladar a los órganos y agencias de la ONU los debates relacionados con la justicia climática, incluyendo la necesidad de establecer un marco efectivo de protección legal a nivel internacional para las personas afectadas y que pueden verse obligadas a desplazarse por el cambio climático y los desastres.