Podemos: enseñanzas desde América Latina

El 21 de marzo, si el coronavirus lo permite, Podemos celebrará su tercera Asamblea Ciudadana Estatal en la Cubierta de Leganés en Madrid. Entre el 14 y el 20 de marzo, los inscritos podrán votar a las personas que ocuparán la Secretaría General y la representación de los Círculos y a los miembros del Consejo Ciudadano Estatal y de la Comisión de Garantías Democráticas, así como los documentos político, organizativo, ético y de feminismos. Esta vez Pablo Iglesias no tendrá rivales de peso. La marcha de Íñigo Errejón hace un año y la reciente salida del sector anticapitalista hace muy probable que el actual vicepresidente del gobierno logre su tercer mandato al frente del partido.

Ante un resultado tan previsible, la polémica mediática ha girado en torno a la propuesta de la candidatura de Iglesias de modificar dos reglas fundacionales del partido: el tope máximo salarial de sus cargos a tres salarios mínimos, y la limitación de los mandatos a ocho años con posibilidad de ampliarlos a 12. Con respecto a la primera regla, el nuevo documento plantea sustituir este tope máximo por la obligación de donar un porcentaje del salario a causas sociales o a la organización, que será más o menos alto en función del sueldo y de las circunstancias personales. Aunque el documento no especifica cuáles son los porcentajes, algunos líderes de Podemos, como el secretario de organización, Alberto Rodríguez, han señalado que la horquilla será del 5% al 30%. La segunda regla que se propone alterar es la limitación de mandato; el nuevo documento abre la posibilidad a prorrogarlo más de 12 años siempre que lo decidan los inscritos.

Estos dos cambios en las reglas éticas y organizacionales de Podemos pueden ser analizados desde un punto de vista puramente racional. En primer lugar, la alteración del tipo de limitación salarial es una medida razonable para consolidar la organización. Sin entrar en el debate sobre si en su día estas medidas éticas fueron o no convenientes, lo cierto es que seis años después sus miembros ocupan cargos públicos en diversas instituciones del Estado, incluido el gobierno de España. Poner un tope salarial podría hacer que cuadros valiosos de Podemos o personas independientes no se animen a ocupar un cargo público en representación del partido, ya que el beneficio de hacerlo sería menor al coste político y personal. Es más razonable un sistema de porcentajes que obligue a los cargos públicos a donar parte de su sueldo, como ya tienen otros partidos.

La modificación del sistema de donaciones tiene que ver con la transformación paulatina de Podemos de un partido de protesta a un partido de gobierno. En términos de Max Weber, el partido morado ha transitado políticamente de la ética de la convicción, basada en principios y valores morales, a la ética de la responsabilidad, en la que se consideran los pros y los contras que cada una de las decisiones tomadas tiene para la organización. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, lo expresó muy bien durante estos días cuando justificó la alteración en los topes salariales con base en los cambios en los tipos de responsabilidades que han asumido los miembros del partido.

En segundo lugar, la razonabilidad de la propuesta de modificar la limitación de mandatos es más cuestionable. A pesar de que el asunto salarial ha centrado casi toda la atención mediática, poner encima de la mesa la posibilidad de mandatos por encima de los 12 años siempre que lo aprueben los inscritos es una medida mucho más controvertida. Por un lado, desde un punto de vista estrictamente racional, parecería sensato pensar que no tiene sentido que, después de unos años, una organización política se obligue a prescindir de un cargo que cuenta con el apoyo de las bases de partido (y del electorado) y arriesgarse a un nuevo liderazgo que ponga en peligro su capital político. Según este argumento, los mecanismos internos de rendición de cuentas (asambleas ciudadanas, consultas internas, publicación de gastos e ingresos del partido, declaraciones de bienes, garantías de financiación autónoma, etcétera) serían suficientes para evitar que los cargos del partido se corrompan.

Si bien comparto parcialmente este argumento, conviene advertir de que el establecimiento de un mandato indefinido condicionado a los inscritos (o en el contexto de un régimen político, a los electores) tiene un riesgo igualmente razonable: hacer que los proyectos colectivos de transformación política dependan en exceso de una o de unas pocas personas. En la introducción del libro colectivo Los orígenes latinoamericanos de Podemos (Tecnos, 2019), Manuel Alcántara y yo señalamos que uno de los rasgos que Podemos comparte con los partidos de izquierda que gobernaron en América Latina entre 1999 y 2015 es la presencia de un liderazgo fuerte. Para un partido político, contar un líder o lideresa con carisma supone una gran ventaja en la competición electoral, ya que proporciona una base sólida de seguidores dispuestos a apoyar el proyecto. Pero el liderazgo carismático es un arma de doble filo. Como ha ocurrido recientemente en América Latina, cuando un partido en el poder depende en exceso de la relación de liderazgo, la ausencia del líder o la lideresa (voluntaria o por otras circunstancias como su muerte, exilio, encarcelamiento o destitución) puede poner en riesgo la pervivencia del propio partido, e incluso del proyecto político que lo impulsó.

La grave crisis venezolana, la implosión de Alianza País en Ecuador, el golpe de Estado en Bolivia o la deriva autoritaria del sandinismo en Nicaragua, entre otros casos, no pueden entenderse sin atender al excesivo peso que tuvieron los liderazgos partidarios en estos procesos de transformación política desde el gobierno. La salida a este dilema podría haberla señalado Cristina Fernández de Kirchner y el Partido Justicialista en Argentina; la actual vicepresidenta del país dio un paso atrás en su aspiración presidencial y priorizó la renovación del liderazgo para volver a reagrupar al movimiento peronista y recuperar el gobierno.

La transición de la ética de la convicción a la ética de la responsabilidad y el dilema del liderazgo carismático están detrás de la decisión de la candidatura de Iglesias de alterar dos de sus reglas fundacionales: la limitación salarial de sus cargos y la limitación de sus mandatos. La primera de las modificaciones es razonable con la evolución política del partido y con su transformación en un partido con responsabilidades de gobierno. En cambio, la segunda, aunque puede parecer sensata, podría poner en riesgo la pervivencia del partido y del proyecto. La experiencia de gobierno de los partidos de izquierda en América Latina puede servir de guía a la actual dirección de Podemos para asimilar sus aciertos, pero sobre todo para aprender de sus errores.