Petróleo y política en la segunda guerra civil libia

Aunque en general no se reconozca fuera de sus fronteras, en Libia hay una guerra civil. Es el segundo conflicto interno desde los enfrentamientos de 2011 entre el exdictador Muamar Gadafi y el Consejo Nacional de Transición. Por el momento, los esfuerzos internacionales por alcanzar una solución negociada han fracasado, mientras que la guerra abarca cada vez más el control de los recursos petrolíferos y de las instituciones financieras.

En esta ocasión, en la contienda intervienen los que vencieron al “Coronel” en 2011. Por un lado están los autodenominados “revolucionarios”, que controlan la capital, Trípoli. Su coalición, Amanecer de Libia, incluye las milicias de Misrata, de las ciudades del oeste del país y de la minoría bereber, así como otros grupos de tendencia islamista. Han resucitado el Congreso General Nacional (CGN)  –el antiguo Parlamento– y han elegido un “gobierno de salvación nacional” encabezado por Omar al Hasi, exprofesor de Bengasi. Sin embargo, ni un solo país fuera de Libia ha reconocido a su gabinete, aunque, según se dice, controla la mayoría de los edificios gubernamentales de la capital.

Por el otro lado está el gobierno reconocido internacionalmente, con sede en las ciudades de Tobruk y Baida, al este del país, y presidido por Abdula al Thinni. Allí es también donde se reúne la Cámara de Representantes, el Parlamento elegido en junio de 2014. Recientemente, este bando se ha fusionado formalmente con Operación Dignidad, un grupo insurrecto formado por los restos del antiguo ejército que desertó de las filas de Gadafi en 2011, capitaneado por el general Jalifa Haftar. También forman parte de esta coalición “anti-islamista” las milicias de la ciudad de Zintán, situada al oeste, las cuales, antes del verano, controlaban Trípoli y su aeropuerto internacional junto con los guardias “federalistas” de las instalaciones petrolíferas con Ibrahim Jadran a la cabeza.

Las dos coaliciones tienen historias opuestas. Los que tienen su sede en Tobruk proclaman que están luchando contra los terroristas islamistas, mientras que los radicados en Trípoli proclaman que lo hacen contra los residuos del antiguo régimen. Este choque de argumentos y de intereses contrapuestos ha provocado la muerte de casi 3.000 personas en 2014, que se suman a los 400.000 libios desplazados (de una población de seis millones) y a un número inexplicable de desaparecidos, a menudo víctimas de secuestros o asesinatos políticos.

De hecho, tras la caída de Gadafi en 2011, Libia nunca quedó pacificada realmente. Los que habían luchado contra el régimen no entregaron las armas; el gobierno provisional los “integró” en los ministerios de Defensa e Interior. Sus filas se incrementaron cuando los jóvenes del país se sintieron atraídos por los salarios de 2.000 dinares libios mensuales (alrededor de 1.300 euros al cambio actual) que el gobierno pagaba a los miembros de los grupos armados que le pertenecían nominalmente. En realidad, era justo lo contrario: los grupos armados se habían “adueñado” del gobierno asaltando el Parlamento, secuestrando al primer ministro y repartiéndose los cargos públicos, el dinero y hasta las compras de armas.

Los recursos naturales de Libia se convirtieron en parte de la batalla. En verano de 2013, lo que empezó como una huelga de los trabajadores de las instalaciones petrolíferas se convirtió en un bloqueo generalizado de la producción de petróleo en todo el país cuando diversos grupos empezaron a utilizar el control de los puertos y los campos petrolíferos como medio para chantajear al débil gobierno central de Trípoli. La producción de petróleo, que se había recuperado de la guerra civil de 2011, descendió gradualmente a 300.000 barriles diarios en los primeros meses de 2014, una caída significativa con respecto a los 1,5 millones de barriles diarios de capacidad de la Libia anterior a la guerra.

En la primavera de 2014, el gobierno de Al Thinni acabó rindiéndose a los cabecillas del bloqueo en el este del país. Con la mediación de algunos jefes tribales, el gobierno (por aquel entonces aún con sede en Trípoli) firmó un acuerdo con los “guardianes de las instalaciones petrolíferas”, liderados por Ibrahim Jadhran, el cual había creado antes un gobierno autónomo para Cirenaica. Para los islamistas y los revolucionarios de Misrata, que en ese momento controlaban el CGN (el Parlamento) en Trípoli, el pacto significaba el reconocimiento político de la causa “federalista” radicada en Cirenaica después de meses de sabotaje a la economía.

El acuerdo se firmó el 6 de abril y fue inmediatamente desmentido por el gobierno de Al Thinni, pero aun así tuvo como efecto la reanudación de la producción de petróleo en Cirenaica en verano de 2014 a pesar de una ofensiva contra las fuerzas de Jadran dirigida por las milicias de Misrata. Las alianzas militares que se formaron entonces en torno al acuerdo para poner fin al bloqueo del petróleo se mantuvieron en los acontecimientos posteriores, es decir, en el comienzo de los choques en Bengasi a mediados de mayo y en la batalla por Trípoli en julio y agosto.

Si bien el acuerdo con los autores del bloqueo del petróleo puede considerarse el detonante de la segunda guerra civil libia, el momento crucial fue el inicio de los enfrentamientos en Bengasi a mediados de mayo. Después de un primer intento de golpe fallido el 14 de febrero en Trípoli, el general retirado Jalifa Haftar había logrado movilizar a parte del antiguo ejército que había desertado de las filas de Gadafi en 2011 y que más tarde se había sentido marginado y amenazado físicamente por los “revolucionarios”.

Haftar se declaró en rebelión contra los “islamistas”, término que abarca  tanto a los que combatieron en la revolución como al grupo armado más extremista de entonces: Ansar al Sharia, actualmente en la lista negra de Naciones Unidas y acusado del asesinato del embajador estadounidense en 2012. Desde Bengasi, los combates se propagaron rápidamente a Trípoli, donde las milicias de Misrata empezaron por destruir el aeropuerto internacional para luego entrar en la capital, sustituyendo a los grupos armados de Zintan que se desplazaron a su ciudad en las tierras altas de los alrededores de Trípoli.

Cinco frentes de conflicto

Actualmente, los combates en Libia están atravesados al menos por cinco líneas de fractura principales. En Bengasi es donde la batalla ha sido más encarnizada: Ansar al Sharia y sus aliados del Consejo de la Shura han luchado contra el Ejército Nacional Libio de Haftar y los sahawat, grupos armados por el general para luchar contra los islamistas. Hacia el Este, Derna es el epicentro del grupo Estado Islámico (EI). Grupos locales han combatido con otras milicias islamistas, como los Mártires de Abu Salim y la sección local de Ansar al Sharia, que no han jurado lealtad al mando central del EI. El tercer frente se encuentra alrededor de la “media luna petrolera”, en la costa central en torno a Es Sider, que fue atacado por fuerzas de Amanecer de Libia a finales de diciembre. En la zona occidental del país, el cuarto frente se sitúa alrededor de Trípoli, donde las fuerzas de Amanecer luchan contra los zintanis, la tribu Warshefana y otros grupos anti-islamistas. Por último, el sur de Libia, que, desde 2011 ha sido invariablemente la zona más inestable del país, con conflictos locales y de mayor alcance entre las tribus árabes y las tres minorías bereber, tubu y tuareg. Más recientemente, esos conflictos se han solapado con el enfrentamiento a escala nacional entre Amanecer de Libia y las fuerzas anti-islamistas.

La segunda guerra civil de Libia empezó en torno al petróleo y actualmente se libra en gran parte alrededor de los puertos petroleros. El 25 de diciembre, fuerzas de Amanecer de Libia (con la notable excepción de algunas de las más destacadas milicias de Misrata) lanzaron la Operación Amanecer para hacerse con el control de la “media luna petrolera” alrededor de Es Sider y Ras Lanuf, donde se encuentran algunos de los mayores puertos petroleros. Su intento fracasó gracias al contraataque de los “federalistas” de Jadran y a la potencia aérea de Heftar. A pesar de su aparente fracaso, la operación marcó una escalada más en el conflicto, pero también mostró las primeras fracturas significativas entre Misrata, donde predominaba la oposición a la operación, y el Congreso General Nacional de Trípoli, que la promovió. Las mismas fracturas se han puesto de manifiesto en la participación en las conversaciones celebradas en Ginebra bajo los auspicios de la ONU.

Según Claudia Gazzini, experta del International Crisis Group en Trípoli, detrás de la Operación Amanecer había tres motivos: la necesidad de debilitar la ciudad de Ras Lanuf (en la media luna petrolera) antes de que se convirtiese en una base para atacar Trípoli; la idea de que controlar los campos petrolíferos conduciría al reconocimiento internacional del gobierno de Trípoli; y enviar al gobierno de Tobruk una señal de que nunca se haría con todos los ingresos del petróleo.

La guerra institucional

La Operación Amanecer vino a sumarse a los intentos de controlar algunas instituciones clave relacionadas con el petróleo y los fondos públicos, que en Libia están estrechamente conectados, ya que la práctica totalidad de los ingresos del gobierno procede del sector de la energía.

El primer campo de batalla de la “guerra institucional” son las instituciones políticas. La coalición Amanecer ha creado sus propios Parlamento y gobierno alternativos con la esperanza de deslegitimar a sus equivalentes en Tobruk. El intento ha sido un fiasco, ya que ni un solo país ha reconocido las instituciones de Trípoli. No obstante, un veredicto del Tribunal Supremo con sede en Trípoli, emitido el 6 de noviembre, dictaba que el mapa constitucional que conducía a las elecciones a la Cámara de Representantes (el Parlamento de Tobruk) era ilegítimo. El veredicto se convirtió en parte de la batalla institucional entre los dos bandos, pero cambió poco en lo que respecta al reconocimiento internacional del gobierno de Tobruk.

El segundo frente institucional es la Compañía Nacional de Petróleo, que gestiona la producción y la comercialización del crudo. Tiene su sede en Trípoli y lucha por mantener su independencia de las fuerzas que controlan la ciudad. El gobierno de Tobruk ha nombrado una dirección rival que nunca ha controlado realmente la organización. Los ingresos del petróleo benefician a una tercera institución, que ha sido el blanco de enfrentamientos entre los dos bandos: en Libia, el Banco Central está funcionando como Tesoro Público, recibiendo los ingresos y pagando los gastos del gobierno. También en este caso el Parlamento de Tobruk ha nombrado a un gobernador rival que, sin embargo, nunca ha tomado el control de la institución que sigue estando dirigida desde Trípoli por el antiguo gobernador.

Esta batalla institucional ha contribuido a ahondar la crisis, con la economía libia y los presupuestos gubernamentales inmersos en una espiral descendente debido a la combinación de diferentes factores: la falta de claridad institucional respecto a quién está al timón, la caída de la producción de crudo, y el desplome de los precios del petróleo. Según John Hamilton, director de Cross Border Information, parece que entre el bloqueo del petróleo de 2013 y la guerra civil de 2014 se han consumido alrededor de dos tercios de las reservas líquidas del país (aproximadamente 40.000 millones de dólares), ya que el Banco Central las ha utilizado para pagar salarios y subsidios a falta de los ingresos del crudo previstos.

Los servicios públicos de Libia ya están sufriendo las consecuencias de esta crisis financiera, con hospitales que carecen de medicamentos básicos, cortes del suministro eléctrico y una crisis humanitaria en potencia si el Gran Río Artificial, que abastece de agua corriente a la mayor parte del país, queda interrumpido, una eventualidad que no se debería descartar dado que, a consecuencia de la guerra y de la crisis institucional, no se han llevado a cabo tareas de mantenimiento en la mayoría de las infraestructuras del país.

Al nivel actual de gasto del gobierno y si la crisis institucional no se resuelve, es probable que Libia se enfrente a una grave crisis presupuestaria que desembocaría rápidamente en una crisis humanitaria en caso de que aumentase el alcance del colapso de los servicios públicos y de que el gobierno dejase de pagar los salarios, lo cual afectaría a más del 80% de la población activa que los percibe.

La inminente crisis presupuestaria podría contribuir aún más a la escalada bélica por diversas razones. La primera, porque el colapso de los servicios públicos y el impago de los servicios recibidos puede empujar a los dos gobiernos rivales bien a enfrentarse por el control del Banco Central, bien a pedir un gran préstamo internacional. Dicho sea de paso, la sede del Banco Central en Bengasi fue atacada a mediados de enero por fuerzas próximas al general Haftar. Al mismo tiempo, el Banco Central en Trípoli podría verse impelido a una politización aún mayor, con más presión por parte del gobierno de la ciudad para que desembolse más dinero público.

La segunda razón es que la batalla por los campos y los puertos petroleros podría continuar o incluso aumentar de intensidad si los bandos contrarios decidiesen hacerse con el control directo de instituciones independientes ya existentes, como la Compañía Nacional de Petróleo. Eso haría que la producción de crudo del país descendiese aún más y, en última instancia, desanimaría también a los exportadores de productos refinados de hacer entregas en los puertos libios, la mayoría de los cuales han sido blanco de duros combates o de bloqueos aéreos, como en el caso de Misrata. Paradójicamente, esto podría hacer que la guerra perdiese intensidad por falta de combustible, aunque hasta el momento los dos bandos han sido muy eficaces a la hora de comprar armas del extranjero a pesar del embargo, y, en consecuencia, encontrarían algún modo de llenar de combustible sus tanques y sus aviones de combate.

Mientras tanto, los avances de las conversaciones auspiciadas por la ONU y lideradas por el diplomático español, Bernardino León, serán lentos en el mejor de los casos. Últimamente, Estados Unidos y Reino Unido han centrado sus esfuerzos en los aspectos económicos del actual enfrentamiento, intentando garantizar la independencia del Banco Central y de las instituciones relacionadas con el petróleo. Es una batalla ardua pero con grandes posibilidades de evitar una crisis humanitaria en Libia que afectaría severamente al sur de Europa.

Por Mattia Toaldo, especialista en política del Programa de Oriente Próximo y Norte de África del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

Este es un anticipo del próximo de Afkar/Ideas 45, primavera 2015, número del que este artículo formará parte. La revista la editamos de manera conjunta con el Instituto Europeo del Mediterráneo.