Perú: reforma política y elecciones

En enero de 2019, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, constituyó una Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política que propuso reformas electorales, así como otras que incidían en los partidos políticos y en el sistema de gobierno, para ser aplicadas en el proceso electoral de 2021. Para la comisión, la política peruana enfrentaba cuatro ejes de problemas: a) partidos políticos precarios y poco representativos; b) política vulnerable a prácticas de corrupción y con escasa rendición de cuentas; c) diseño del sistema de gobierno y gobernabilidad, y d) limitaciones a la participación política de los ciudadanos.

Partidos políticos

La legislación establecía entre los requisitos para la inscripción de una organización política una relación de adherentes en número cercano al millón de ciudadanos, identificados con firma y número del documento. Los adherentes no asumían ningún compromiso con el partido cuya inscripción apoyaban. Este requisito formal no era prueba de enraizamiento social, más bien era una barrera de entrada al sistema. La legislación mantenía la inscripción de partidos sin apoyo electoral que no participaban en elecciones y que facilitaban candidaturas improvisadas, funcionando como franquicias o “vientres de alquiler”. La comisión planteó eliminar ese requisito, exigir la participación de los partidos en todos los procesos de elecciones generales y contar con un padrón de al menos 15.000 afiliados. El número iba acompañado de la exigencia de presentar, de entre ellos, al 80% de candidatos en todo proceso electoral.

Democracia interna y cancelación de la inscripción de partidos

La ley precisa que la realización de elecciones internas es requisito para la inscripción de candidatos. Sin embargo, la organización o supervisión de los organismos electorales no es obligatoria. La comisión propuso elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias organizadas por las instituciones electorales. Las elecciones primarias así planteadas aplicarían paridad, alternancia y voto preferencial, que se eliminaría de las elecciones parlamentarias. Para participar en el proceso electoral, debían lograr en las primarias una votación no menor al 1,5% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional. El objetivo de la medida es acreditar que las organizaciones políticas cuentan con un mínimo de respaldo electoral de la ciudadanía.

La norma se aprobó, pero debido a la pandemia se ha suspendido para el proceso electoral de 2021. Las elecciones internas se realizarán a través de delegados partidarios.

Impedimentos para ser candidatos

En los últimos procesos electorales se observó un creciente número de candidatos, tanto al Congreso como a cargos regionales, que contaban con procesos penales o sentencias por delitos dolosos vinculados a actos de corrupción. Estos hechos socavan la confianza ciudadana en la política y debilitan la democracia. Por estas razones, la comisión propuso una medida que funcione como un filtro, a fin de contar con candidatos idóneos. Planteó, en la línea de lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos –que admite limitaciones a los derechos políticos por condena por juez competente en proceso penal–, el impedimento para postularse en un proceso electoral específico a quienes tengan en ese momento sentencia en primera instancia por delitos graves.

Si bien esta propuesta constituye una limitación al ejercicio del derecho de ser elegido, debe ser evaluada en el marco de una interpretación constitucional sistémica, ya que ningún derecho es absoluto. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que los derechos fundamentales pueden ser limitados, restringidos o intervenidos en alguna medida cuando dicha limitación, restricción o intervención resulten justificadas en la protección proporcional y razonable de otros derechos fundamentales. Esta limitación se daría en defensa del sistema democrático como bien colectivo y no sería permanente.

La reforma la Constitución Política ha sido aprobada en primera votación y de confirmarse en septiembre o antes, se aplicaría en 2021.

Inmunidad parlamentaria

En Perú existen dos instituciones que protegen a los parlamentarios frente a posibles denuncias con motivaciones políticas. La inmunidad, para delitos comunes; el antejuicio, para delitos de función. En los últimos años, la inmunidad de arresto y de proceso por hechos y juicios anteriores a la elección, ha generado incentivos perversos para convocar a quienes querrían entorpecer sus procesos penales. A la luz de la información disponible, la Comisión propuso eliminar la inmunidad, mantener el antejuicio y establecer un fuero especial ante la Corte Suprema.

En primera votación, se aprobó un texto que no fue aprobado en comisiones. Se eliminó la inmunidad a los congresistas, pero se extendió la inviolabilidad a los magistrados del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, garantías esenciales para el ejercicio del cargo en el Estado Constitucional de Derecho. La eliminación de privilegios se extiende al antejuicio para ministros de Estado y una ampliación de delitos por los que se permite acusar al presidente de la República durante su mandato, inclusive por delitos menores cometidos con anterioridad a su elección. Quedó pendiente una segunda votación que, razonablemente, no se dará.

Otro asunto en debate fue el de las reglas de financiación de la política. Las personas jurídicas están impedidas de financiar campañas ni candidaturas. Se prohibió la publicidad en radio y televisión, salvo aquella que provenga de franja electoral. Se aprobaron delitos de financiación ilícita, pero faltan los apercibimientos y fiscalización de las reglas aprobadas.

El debate por la reforma se dio en un contexto de polarización política y conflicto entre el poder ejecutivo y el legislativo que concluyó con la disolución del Congreso y nuevas elecciones parlamentarias. Instalado el nuevo Congreso durante el estado de emergencia a causa de la pandemia, el debate de las reformas políticas apunta a facilitar las elecciones del próximo año. Se ha aprobado la paridad y alternancia en todos los procesos electorales, pero se mantiene el voto preferencial. Las elecciones ya fueron convocadas para el 11 de abril y quienes lideran las encuestas no están afiliados a ninguno de los 24 partidos inscritos. En los próximos meses podrían ampliarse los plazos para inscribir nuevos partidos y establecer otras reglas. En setiembre, con la primavera, concluye el plazo fijado para la reforma electoral aplicable a 2021.