Pensiones, bomba de relojería en Argentina y Brasil

El presidente argentino, Mauricio Macri, ha advertido en numerosas ocasiones que los argentinos deben cuidarse de no endeudar a las generaciones futuras. Pero en lo que va de año su gobierno ya se endeudó por valor de 9.000 millones de dólares más, el primer tramo (30%) del volumen total de bonos soberanos que Argentina proyecta emitir este 2018.

En los dos años que lleva en la Casa Rosada, el gobierno de Macri ha contraído deuda en pesos y divisas por valor de 121.588 millones de dólares. Es el precio del gradualismo, que a través del endeudamiento busca evitar un ajuste fiscal draconiano que tendría un coste político prohibitivo. Aun así, el gobierno ha anunciado un nuevo recorte de los subsidios al transporte metropolitano de Buenos Aires. El gasto público supone el 42% del PIB, niveles casi europeos para un Estado que ofrece a cambio solo servicios públicos caros e insuficientes, pero que explican gran parte del déficit.

Para contener una parte considerable de ese gasto y moderar los aumentos de las pensiones, Macri se empeñó en sacar adelante una reforma previsional. La primera sesión parlamentaria para aprobar la ley, sin embargo, desató tal oleada de violencia en las calles porteñas que el gobierno se vio obligado a modificar la propuesta para lograr el apoyo de los peronistas en el Congreso y el de sus gobernadores, que pidieron a cambio más presupuesto para sus provincias.

Fuente: populationpyramid.net

Brasil, adiós a la bonificación demográfica

El reto de Michel Temer en Brasil es todavía mayor porque no tiene la legitimidad política de Macri, por lo que pocos creen que pueda aprobar su tímida reforma previsional antes de las elecciones del próximo octubre. El gasto público en Brasil también ronda el 40%, una cifra desorbitada para un país de su nivel de desarrollo y la calidad de sus escuelas, hospitales, transporte público y fuerzas policiales. En Chile esos servicios son bastante mejores con una presión fiscal del 21%, si bien se trata de un país más pequeño y con un sistema sanitario y previsional básicamente privatizado.

El acelerado envejecimiento de la población brasileña complica aun más las cosas. El declive de la tasa de mortalidad que impulsó el rápido crecimiento demográfico de la mayor parte del siglo XX ha sido sobrepasado por una drástica caída de la tasa de natalidad: de una media de seis hijos por mujer en edad fértil en los años sesenta, a menos de dos en esta década.

El país aún goza de una “bonificación demográfica”: la población en edad de trabajar es proporcionalmente mayor que la dependiente. Pero ya este año comenzarán a cambiar las cosas. Según datos del Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ya a mediados de la próxima década, la fuerza laboral comenzará a descender en términos absolutos. Mientras que a la población mayor (65 años o más) de Francia le tomó más de un siglo pasar del 7% al 14% de la población total, ese cambio lo experimentará Brasil en solo dos décadas (2011-2031), de acuerdo a estimaciones del Banco Mundial.

El mayor problema es que un Brasil aún relativamente joven gasta casi tanto en pensiones en relación a sus ingresos como las geriátricas sociedades del sur de Europa. Hoy solo un 11% de los brasileños tiene más de 65 años. Sin embargo, las pensiones de jubilación devoran una parte tan alta del PIB como en Grecia, donde la población de esa edad ronda el 29% del total.

La Constitución de 1988 consagró previsiones generosas para los pensionistas y pensiones no contributivas para los trabajadores rurales. A muchos funcionarios de la administración se les permite retirarse antes de cumplir los 60 años con la casi totalidad de su último sueldo. En la práctica, la edad media de jubilación en el país es de 54 años y el valor medio de una pensión equivale al 70% del salario final.

Entre los miembros de las fuerzas armadas los hijos de los oficiales fallecidos tienen derecho a pensiones de orfandad. Las pensiones son además automáticamente indexadas a los aumentos del salario mínimo. Según cálculos de Fabio Giambiagi, uno de los mayores especialistas brasileños en el asunto, por cada aumento del 5% del salario mínimo el gasto del INSS, el organismo de la seguridad social del sector privado, aumenta un 2% sobre su tasa de crecimiento vegetativo.

El resultado es fácil de adivinar: el gasto en pensiones pasó del 2% del PIB en 1998 al 11,2% en 2010. El INSS recaudó el 5,8% del PIB en cotizaciones 2012, pero pagó pensiones y beneficios equivalentes al 7,3% del PIB. El gobierno federal, los estados y los ayuntamientos pagan alrededor del 4% del PIB cada año a extrabajadores del sector público, pero un 1,7% de esa cifra requiere financiación extraordinaria. Es decir, el sistema de pensiones ya exige que los contribuyentes lo subsidien con el 3,2% del PIB.

A pesar de las reformas parciales del sistema de 1999 y 2003, que entraron en vigor en 2012, el Banco Mundial advierte que el gasto en pensiones se duplicará en relación al PIB –hasta el 22,4%– en 2050. El número de pensionistas, a su vez, crecerá un 4% al año durante la próxima década, una tasa mayor que la del crecimiento económico proyectado.

El sistema está diseñado para beneficiar a los más ricos. El 20% de los sectores de mayores ingresos recibe 3,6 veces más en gasto público –educación, sanidad, pensiones y programas sociales– que el 20% más pobre, en estimaciones del Banco Mundial. Y sobre eso Brasil gasta más en sus mayores que en sus niños. Las transferencias per capita netas a los mayores de 65 años es 10 veces mayor que las que se dirigen a los menores de 15, frente a las dos veces más de Suecia, España o Finlandia.