Pasaron 100 días: Argentina con Macri

Mauricio Macri asumió la presidencia de la nación argentina el 10 de diciembre de 2015, con grandes auspicios, pero no sin algunos contratiempos formales. Entre las promesas de la campaña electoral, las más relevantes fueron la eliminación de las trabas cambiarias, la inflación, el sinceramiento de las estadísticas públicas (es decir, reformar el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC), la “pobreza cero” y el arreglo con los holdouts (tenedores de deuda externa argentina en default) como condición necesaria para el ingreso de capitales al país y el crecimiento económico.

Todo gobierno goza de cierto margen de maniobra en los primeros tiempos. En Argentina, se habla de los 120 días de “romance”. En los primeros días, el flamante gobierno, dado el receso del Congreso Nacional hasta marzo de 2016, emitió más de 30 decretos. Estos gozan de fuerza legal hasta que el Parlamento se reúna y los refrende o rechace. En estas medidas hubo aciertos y errores. Además del nombramiento de su equipo de gobierno, los decretos trataron acerca de la intervención en el INDEC, el derogamiento de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, la reducción de impuestos a los agroexportadores y empresas mineras, la intervención en diversos organismos del Estado, y hasta el nombramiento de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De todas las medidas, la que más resistencia provocó fue esta última, que fue retirada por Macri.

Uno de los mayores éxitos fue la eliminación de las trabas cambiarias o “cepo”. Con ello se ganó el aplauso de amplios sectores de la sociedad. Pero no fue un salto macroeconómico al vacío; las reservas del Banco Central fueron reforzadas con dinero “fresco”, y los exportadores se comprometieron a liquidar operaciones pendientes (por más de 4.000 millones de dólares). Si es posible medir el éxito, este sin duda está en que el precio del dólar de mercado descendió de 15$ a menos de 13$, durante diciembre. Si bien implicó una devaluación implícita de la moneda argentina, desde el punto de vista de los mercados financieros se trató de un sinceramiento. Con respecto al INDEC, el funcionario que fue nombrado a cargo de la intervención prometió sanear las estadísticas rápidamente.

A nivel macroeconómico, el mayor problema heredado es el déficit fiscal. A diciembre de 2015 era casi un 8% del PBI, cifra cercana a una crisis. El gobierno atacó el problema del gasto público tanto desde el discurso político como económico. Hasta el momento, redujo la planta de empleados públicos en más de 30.000 trabajadores. Pero la explicación central fue de corte político: los despidos corresponderían a personas que no trabajan efectivamente o que fueron nombradas por cuestiones políticas.

Las decisiones del gobierno son leídas desde las dos perspectivas. Desde la política, aún está activa y movilizada parte de la sociedad que apoya al anterior gobierno, y rechaza de plano sus desiciones. Desde la economía, aún no se han tomado medidas antiinflacionarias. La inflación durante los tres meses de gobierno ha superado el 4% mensual, incrementando el efecto inercia. Con la reducción del empleo público, el aumento en el impuesto a las ganancias, y la caída en el empleo privado (el doble de despidos que el sector público) por la contracción en el consumo y en la economía, en los papeles y en la calle, la economía argentina está en recesión y al borde la depresión. El éxito en la reducción del déficit fiscal, la reducción de impuestos a los exportadores y la liberalización de la economía no garantizan el crecimiento.

Durante la campaña electoral, se vislumbraba que un triunfo de Macri era bien visto por los mercados locales e internacionales. La importancia de ambos apoyos era evidente. A nivel local, se pretendía sostener el tipo de cambio y reducir la inflación. Sin embargo, ya desde enero el peso inició un espiral en caída, que es difícil de frenar por el Banco Central. Y la inflación incrementó su ritmo de crecimiento. Otro punto oscuro del es la demora en la normalización del INDEC.

A grandes rasgos, para salir de la recesión la economía argentina necesitaría un ingreso neto de capital mayor a los 20.000 millones de dólares. Dado el déficit fiscal y de balanza comercial, ese flujo no es posible ni desde el Estado ni desde el mercado local. Pero los mercados internacionales tampoco han respondido. Durante el nuevo gobierno, ha habido una salida neta de 4.000 millones de dólares. En ese contexto se esta dando la pelea política y económica actual. El gobierno propone que un acuerdo con los acreedores es una señal positiva a los mercados internacionales, que lograría obtener financiación para el déficit fiscal y las inversiones necesarias.

Al día de hoy, la prioridad del gobierno parece estar en lograr que el Congreso Nacional, donde no tiene mayoría, apruebe el acuerdo con los acreedores. Y urgente, ya que el pre acuerdo firmado en Nueva York vence el 14 de abril. Por lo pronto, consiguió la aprobación en la Cámara de Diputados, gracias a los votos de varios legisladores de la oposición. Ahora toca negociar en el Senado, cuya sesión esta prevista para el 30 de marzo. A grandes rasgos, se espera que el Senado apruebe, contando con el voto de senadores opositores.

Para algunos sectores opositores el acuerdo es la suma de todos los males, un epifenómeno de la “antipatria”. El oficialismo, por otra parte, anuncia que de no lograrse el acuerdo, la amenaza es un ajuste económico severo o la hiperinflación. En sí, el desafío del oficialismo es doble. Por un lado, demostrar capacidad política para aprobar leyes clave en un Parlamento donde no tiene mayoría. Por otro, el acuerdo podría ser un “gatillo”. De tener éxito, lograría la financiación necesaria para reactivar la economía y salir de la recesión. Así, parte de los conflictos políticos quedarían relegados en la expansión económica.