Otro cambio de guardia en Perú

Martín Vizcarra ha estado al frente de la presidencia en Perú durante 19 meses, su antecesor Pedro Pablo Kuczynski no llegó a los 21 meses y su sucesor, Manuel Merino, debe desempeñar el cargo por ocho meses. La crisis política en Perú luce peor que la ocasionada en la salud y en la economía del país por una pandemia que ya suma noventa mil muertes “en exceso” y que se estima que ocasionará este año un decrecimiento económico de 14%.

El artículo 113 de la Constitución peruana establece que “la Presidencia de la República vaca por […] su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso”. Esta causal se ha incluido en varias de las 12 constituciones que ha tenido el país a lo largo de su historia, pero solo había sido utilizada en una ocasión, cuando en noviembre de 2000 el Congreso vacó al entonces presidente Alberto Fujimori, que había huido a Japón luego de asociársele con varios escándalos de corrupción.

La causal de “incapacidad moral o física” no ha sido desarrollada por otra norma y, en consecuencia, debe entenderse que queda a criterio del Congreso su interpretación y aplicación en cada caso. El 9 de noviembre, 105 congresistas declararon la incapacidad moral de Vizcarra para el desempeño del cargo –con solo 19 votos en contra y 4 abstenciones–, lo que implicó su sustitución por el presidente del Congreso, Merino, un empresario agrícola del norte del país.

La base de la vacancia se halla en una sucesión de revelaciones acerca de actos de corrupción de Vizcarra. Las más recientes sugieren que habría cobrado comisiones a empresas constructoras a las que se adjudicó obras públicas durante su gestión como presidente regional de Moquegua, entre 2011 y 2014. El Congreso procedió a admitir la solicitud de vacancia y luego a aprobarla, contando solo con la filtración de declaraciones de “colaboradores eficaces” no identificados que habrían atestiguado ante fiscales, sin que estos hayan recabado documentación que respalde los cargos. El ministerio Público, cuya lentitud e ineficacia en los procedimientos judiciales está en discusión en el país, acostumbra filtrar a los medios de comunicación determinadas piezas de sus investigaciones con el objetivo de generar un clima de opinión favorable a su deficiente gestión.

Vacado al segundo intento

Durante su presidencia, Vizcarra levantó la bandera de la lucha contra la corrupción. En septiembre había superado una primera moción de vacancia, también motivada en presuntos actos de corrupción, que fue mayoritariamente rechazada por el Congreso. A fines de octubre contaba, según las encuestas, con aprobación mayoritaria en el país. Sin embargo, existía el temor de que, de no ser apartado del cargo y dadas las investigaciones en curso sobre sus presuntos actos de corrupción, que habrían de ser materia judicial una vez acabado su periodo el 28 de julio de 2021, usara el poder para eliminar pruebas –amedrentando testigos, por ejemplo– y pusiera los recursos estatales a disposición de quien candidatee en las elecciones presidenciales del 10 de abril y le ofreciese garantías de impunidad.

Una vez aprobada la segunda moción de vacancia el 9 de noviembre, el presidente vacado se reunió con su gabinete en medio de rumores que adelantaban un recurso de Vizcarra ante el Tribunal Constitucional o aseguraban que él trataba de ponerse en contacto con las jefaturas militares. Sin embargo, al final del mismo día, Vizcarra abandonó el palacio gubernamental, con lo que evitó una escalada de la crisis.

Determinados sectores han protestado por la vacancia, en las redes sociales y, en menor medida, en las calles. El diario La República, cercano a las posiciones de Vizcarra mientras fue presidente, editorializó al día siguiente a favor de una insurgencia ciudadana: “No le debemos obediencia a un gobierno usurpador”. Significativamente, Jason Day, un actor y director de cine de origen social alto –“pituco” en Perú, “pijo” en España–, lanzó un tuit que recuerda el desdén oligárquico por las mayorías al preguntarse si “vamos a tener que salir a las calles a recordarle a esa manga de mediocres quienes [sic] mandan en el Perú”. A las protestas se han sumado varios precandidatos presidenciales, entre ellos dos que, según se especulaba, contaban con el favor de Vizcarra: George Forsyth y Julio Guzmán.

¿Se viene Antauro?

Antes de asumir la presidencia, Merino anunció que constituirá un “gabinete ministerial de ancha base”, esto es, que represente a diversos sectores, y que las elecciones generales convocadas para abril de 2021 no serán postergadas. Asimismo, minutos antes de la ceremonia en la que tomó posesión del cargo, se reunió con los comandantes generales de las fuerzas armadas, que no han intervenido en la crisis.

El gobierno que preside Merino surge de una concertación de intereses particularistas representados en el Congreso, que coincidieron en la necesidad de vacar a Vizcarra, instrumentalizando para ello la causal establecida en la Constitución. Algunos de esos intereses responden a cálculos electorales y otros corresponden a negocios de diverso tipo; unos son legales pero indeseables, como es el caso del lobby de universidades privadas de ínfima calidad pero estupendos dividendos, que se vieron afectadas por el gobierno de Vizcarra; otros son ilegales y nocivos, como la minería que daña el medio ambiente en varias partes del país. Y varias decenas de congresistas que votaron a favor de la vacancia tienen investigaciones abiertas en la justicia por actos delictivos o irregulares.

Es probable que esos intereses “cobren” el apoyo a la vacancia en las próximas semanas. Además, se procurarán una garantía mediante la designación de seis de los siete miembros del Tribunal Constitucional, cuyo periodo ha caducado, mediante un concurso para el que han sido considerados aptos postulantes con pocos méritos y escaso reconocimiento.

Pero la decisión más trascendente que podría adoptar Merino es el indulto de Antauro Humala. El hermano menor del expresidente Ollanta Humala está en prisión desde 2005 y cumple una condena de 25 años de prisión por el asalto de una comisaría policial al frente de un grupo armado, episodio en el que murieron cuatro policías y dos atacantes. Es el líder del movimiento “etno-cacerista”, que agrupa a miles de hombres que prestaron el servicio militar y están organizados bajo su conducción. Indicadores fiables muestran que el etno-cacerismo –forma de nacionalismo que reivindica el incario y el papel de las fuerzas armadas en el país– tiene impacto en ciertas zonas del país. De hecho, en el Congreso actual, la representación de Unión por el Perú-UPP, la agrupación política en la que están situados, tiene 13 de los 130 escaños.

El programa de Antauro Humala incluye un amplio plan de nacionalizaciones que devuelva al Estado las empresas que se privatizaron durante el gobierno de Fujimori (1990-2000), la reimplantación de la pena de muerte para determinados delitos, la legalización de los cultivos de coca a la par que el combate al narcotráfico, la obligatoriedad del quecha como lengua oficial y el hacer frente a la “amenaza” que representa Chile, así como la recuperación de las provincias de Arica y Tarapacá que fueron peruanas hasta la guerra del Pacífico.

Este programa puede provocar sonrisas en los sectores cultos y ciertamente minoritarios del país. No obstante, la propuesta cuenta con un aparato organizativo eficaz y puede ser la base de un competidor de importancia en las elecciones de 2021. Un posible indulto de Antauro Humala –que, según se especula, es el precio a cobrar por UPP a cambio de apoyar la vacancia de Vizcarra– lo colocaría, pues, en un lugar protagónico en la carrera hacia la presidencia.