El segundo gobierno de Dilma Rousseff se inició en 2015 en medio de una doble crisis política y económica. La amenaza del impeachment de la presidenta fue consumada y el proceso se encuentra hoy en sus etapas preliminares, con bastantes dudas sobre su constitucionalidad que deben ser dirimidas por el Tribunal Supremo Federal de Brasil. En cuanto a la economía, el PIB se contrajo un 3,8%, la moneda se ha depreciado más de un 40% en un año y el desempleo ha subido del 5% al 9%.

Bajo estas pésimas circunstancias cabe preguntarse si 2016 volverá a ser otro annus horribilis en la política brasileña, si la retracción económica continuará perjudicando la valoración de las instituciones democráticas y, al mismo tiempo, si la parálisis decisoria del ejecutivo continuará alejando las posibilidades de salida de la crisis. Por tanto, se trata de dilucidar si la crisis afectará simplemente al gobierno de Rousseff o si puede tener consecuencias más profundas, deteriorando las instituciones o incluso las bases de legitimidad del régimen democrático.

Por lo que respecta a perspectiva económica, las previsiones no son halagüeñas. Según el informe del Fondo Monetario Internacional del 19 de enero, la recuperación todavía está lejos. Después de confirmar la contracción del PIB brasileño en 2015, el organismo pronostica una nueva recesión de un 3% para 2016, crecimiento cero para 2017, y señala que solo se retomará el crecimiento en 2018. Además, la falta de crecimiento económico está generando una escalada de destrucción de puestos de trabajo. Según la Organización Internacional del Trabajo, entre 2016 y 2017 serán un total de 70.000 brasileños los que se sumarán a las filas del desempleo, lo que supone una quinta parte del total de empleos destruidos en el mundo durante este periodo.

La parálisis política no puede resolverse por otro medio que no sea la renuncia del presidente o su juicio político

En cuanto a la situación política, 2016 estará marcada por  el proceso de impeachment y por las investigaciones de la Operación Lava Jato. Por lo que se refiere al primero, su origen está en una situación de gobierno dividido, en la que Rousseff no tiene la mayoría necesaria en el legislativo que dé sustento a su gobierno. Dado que esta parálisis decisoria no puede resolverse por otro medio que no sea la renuncia del presidente o su juicio político, la oposición ha elegido la segunda vía, a pesar de que existen suficientes dudas de que la acción sea legal. En cualquier caso, la decisión de iniciar el proceso de impeachment ya ha sido tomada por el presidente del Congreso de los Diputados, el opositor Eduardo Cunha. Así pues, el único motivo para el optimismo es que, sea cual sea el resultado, el desenlace estará cercano y acabará con las incertidumbres respecto a la continuidad del gobierno que han dominado el último año.

Por otro lado, la Operación Lava Jato, el mayor caso de corrupción de la historia del país, ha contribuido a extender la judicialización de la política más allá del conflicto entre los poderes del Estado derivado del proceso de impeachment. De esta forma, actualmente la agenda política está a merced de las decisiones judiciales. Hasta la fecha están implicadas tanto Petrobrás, la mayor empresa del país, como las nueve compañías concesionarias más grandes.

Además, al menos 13 senadores y 24 diputados, incluyendo a los presidentes de las dos cámaras, han sido investigados en 2015. Algunas delaciones hechas en el proceso de instrucción apuntan que el escándalo afectaría a los gobiernos de Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso, de diferentes signos políticos. Es plausible pensar que las investigaciones acaben revelando que la relación entre grandes empresarios y política son una nueva versión de un “capitalismo de amigos” que desde décadas atrás venía operando a través del favoritismo y la corrupción.

Desconfianza

Sin embargo, la crisis desatada por el deterioro de la situación económica y política, y agravada por los escándalos de corrupción, es solo la parte más visible de una crisis más profunda, como es la falta de confianza de la ciudadanía. Según datos de Latinobarómetro, el grado de aprobación del gobierno ha caído de un 86,6% en 2010 a un 29% en 2015. Lejos de tratarse simplemente de un problema imputable al gobierno, un 71% de los entrevistados afirman desconfiar del Estado, un 79,8% desconfían del poder ejecutivo, un 76,8% del legislativo, un 63,9% del judicial, un 87,5% de los partidos políticos, un 57,9% de los sindicatos, un 50,7% de las empresas privadas, un 59,2% de los bancos, y un 50,8% de los medios de comunicación. Además, de entre los principales problemas que afectan a los brasileños, la corrupción se ha convertido en el primero de ellos.

Estos datos muestran que se está asistiendo a algo más grave que al rechazo del gobierno. Por mucho que la estrategia opositora intente culpar exclusivamente a  Rousseff y al Partido de los Trabajadores de la situación actual, existen elementos para pensar que el problema afecta también a las principales instituciones económicas y políticas, al Estado y a la propia legitimidad del sistema. Por tanto, no parece que ni la mejora de la coyuntura económica ni el cambio de gobierno puedan resolver las principales amenazas para la democracia brasileña.

La salida de la crisis que vive el país no se reduce a un simple juego de estrategia para conservar o conquistar el poder, como diagnostican las élites políticas. La situación en realidad exige con urgencia, y en primer lugar, una reforma política que acabe con la fragmentación partidaria y la financiación privada de las campañas electorales, poniendo fin a la falta de gobernabilidad y a los incentivos que favorecen la corrupción. Asimismo, sería urgente una reforma de las instituciones que regulan las relaciones entre los poderes públicos y las grandes empresas, evitando comportamientos rentistas, y propiciando un Estado realmente capacitado para establecer con autonomía sus objetivos de desarrollo político y social.