¿Odebrecht en México?

Antes de renunciar a su cargo al frente de la Procuraduría General de la República (PGR) de México, Raúl Cervantes aseguró que la investigación sobre “uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y en México se hayan visto” estaba lista. Poco después, Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), fue destituido de su cargo tras abrir un expediente a Emilio Lozoya, en ese momento director de Petróleos Mexicanos (Pemex). Como quedó claro en una entrevista en el diario Reforma (y en su libro Memorias de un fiscal incómodo), cuando estaba al frente de la Fepade, Nieto denunció presiones por parte de Lozoya, quien fue acusado por tres exdirectivos de la constructora brasileña Odebrecht por recibir millones de dólares en sobornos entre 2012 y 2016. Según el testimonio de los directivos de la constructora brasileña, las fechas de algunos de los sobornos coincide con la campaña electoral de 2012, en la cual Lozoya colaboró como coordinador de vinculación internacional, en unas elecciones que le devolvieron al Partido Revolucionario Institucional (PRI) la presidencia de la República después de dos sexenios en la oposición y tras la primera alternancia en el ejecutivo federal. La concordancia entre algunas operaciones presuntamente vinculadas a Odebrecht y el ciclo electoral de 2012 deja lecturas interesantes. Da la oportunidad de analizar temas como la rotación de las élites, la financiación de campañas electorales, el vínculo entre el sector público y el privado o el tipo de carrera política desarrollada por actores vinculados con tramas de corrupción.

Pese a que Emilio Lozoya desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en el sector privado (participó en la creación de los fondos de inversión JF Holding con sede en Luxemburgo; en la fundación de la consultoría de negocios Cormus Capital y su presidencia en Albacap Holdings; creó su propio fondo de inversión; formó parte del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras actividades), fue una figura clave del gobierno anterior, tras formar parte de la campaña electoral que llevó a Enrique Peña Nieto a la presidencia y ocupar la dirección de Pemex durante su gestión. Entre 2009 y 2012 orientó a Luis Alberto de Meneses Weyll, en ese momento superintendente de Odebrecth en México, quien luego narró a la justicia brasileña su intención de mantener una relación “más estrecha” con Lozoya, dado su interés por ganar la licitación de la refinería Hidalgo de Tula, así como por su cercanía con el equipo de Peña Nieto, quien se perfilaba para ganar las elecciones presidenciales. Cuando Peña Nieto nombró a Lozoya parte de su equipo de gobierno, en pleno año electoral, este renunció al consejo de administración de la constructora española OHL México. Esta última ha sido acusada de utilizar determinados arreglos para beneficiarse y financiar ilegalmente las campañas del PRI, así como de pagar sobornos para hacerse con obra pública en el llamado Caso Lezo en España.

En México, la plataforma Ahora, una entidad federativa que nunca ha tenido alternancia dirigida por Emilio Álvarez Icaza, exdirector de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ha denominado a este arreglo de rotación de élites “El ciclo”. Según los informes presentados por este colectivo, el arreglo entre OHL y el PRI ha sido utilizado como un mecanismo de financiación electoral para garantizar la permanencia del partido en el poder en distintas elecciones, incluidos los últimos comicios de 2017, en los que Alfredo del Mazo ganó una polémica contienda por la gubernatura frente a Delfina Gómez, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Este “ciclo” podría haber sido replicado en otros procesos electorales, incluidas las elecciones federales o locales de distintos niveles en 2012 y 2018.

Bajo esta lógica, y a la luz de modelos de operación para la corrupción como los documentados por Animal Político en las “empresas fantasma” de Javier Duarte o la “Estafa Maestra” –a través de los cuales se ha desviado millones de pesos del erario público–, se observan pautas de concordancia que pueden extrapolarse a otros casos a nivel nacional o internacional, con el objetivo de evaluar sus implicaciones en los procesos electorales a partir de los cuales determinadas élites son elegidas. Paralelamente, estos casos pueden arrojar elementos para reflexionar sobre fenómenos como la “captura del Estado”, las “puertas giratorias”, o la organización de las élites empresariales (“interlocking directorates”). Sobre lo primero, Julián Cárdenas asegura que, para que este fenómeno suceda tienen que darse por lo menos tres condiciones: alta concentración del ingreso, intereses bien organizados y bajas barreras de entrada de las élites empresariales a la política. La captura del Estado, como argumenta Gerardo Esquivel en Desigualdad extrema en México: concentración del poder económico y político, ha sido posible en México ya sea por la falta de regulación o por el exceso de privilegios fiscales que han tenido determinadas élites que han hecho su fortuna a partir de sectores privados regulados o concesionados por el Estado (Carlos Slim en la telefonía; Germán Larrea y Alberto Bailleres en industria minera, por ejemplo). Así, un caso de corrupción a nivel regional como Odebrecht representa una posibilidad para indagar con respecto a estos elementos y arrojar luz sobre las posibilidades de incidencia que han tenido las élites empresariales en determinados procesos electorales.

Odebrecht en México

Según la acusación de la Corte de Nueva York contra la constructora brasileña, después de Brasil (349), los países que recibieron más sobornos –en millones de dólares– fueron Venezuela (98), República Dominicana (92), Panamá (59), Angola (50), Argentina (35), Ecuador (33,5), Perú (29), Guatemala (18), Colombia (11) y México (10,5). En Brasil las operaciones involucran a exmandatarios tanto del Partido de los Trabajadores (PT) como del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), y los escándalos han salpicado al poder ejecutivo y a las más altas esferas en países como Colombia, Argentina, Ecuador, Guatemala, Panamá y Perú. Por consiguiente, aunque la reciente orden de aprehensión representa el primer hecho de relevancia para el caso Odebrecth en México como hecho puntual arroja una serie de interrogantes. Junto con Venezuela, México era hasta ahora el único país sin consecuencias en los más altos niveles en términos de combate a la impunidad por este caso.

Por un lado, surge la duda de hasta qué nivel llegó en México y a través de qué redes operó una trama de sobornos que en otros países ha terminado directamente en el suicidio o encarcelamiento de miembros del poder Ejecutivo, como en Brasil, Perú o Ecuador. En este sentido apuntan algunas de las afirmaciones realizadas por el abogado de Lozoya, quien dijo que, “sin imputar a nadie, debe citarse al expresidente de México Enrique Peña Nieto para que declare como testigo qué instrucciones dio a los funcionarios”. Asimismo, en esta dirección apuntan las indagaciones realizadas recientemente por el periodista de El País Joaquín Gil, quien sostiene que el abogado de Peña Nieto, Juan Ramón Collado, movió entre 2006 y 2015 –periodo que coincide con los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto– alrededor de 107 millones de euros en Andorra. Por un supuesto delito de blanqueo de capitales, una juez andorrana embargó los fondos del abogado, pero la investigación se archivó por los informes remitidos por el entonces gobierno de Peña Nieto decretando el no ejercicio de la acción penal contra Collado, detenido finalmente el pasado 9 de julio por blanqueo. Esta misma figura fue utilizada para favorecer al actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, quien ocultó en 2012 una cuenta con 1,5 millones de euros en Andorra.

Por otro lado, figuras como la de Carlos Romero Deschamps, director del sindicato de Pemex –símbolo de impunidad heredada de los gobiernos anteriores–, plantean serias dudas a la opinión pública sobre la posibilidad de una justicia selectiva, como se señaló por diversos analistas respecto al caso del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil, en el marco de la operación Lava Jato. Además, figuras como la de Deschamps representan un reto serio para la coherencia discursiva del nuevo gobierno, aprobado por 8 de cada 10 mexicanos tras prometer acabar con la corrupción y la impunidad. De la mano de otros grandes problemas nacionales como la inseguridad y la Guardia Nacional, los resultados en términos sustantivos de estos casos tendrá una influencia en la percepción por parte de la opinión pública de qué representa el régimen actual. Como apunta el último informe preliminar de LAPOP (2018/2019), pese a que la percepción sobre que “todos los políticos son corruptos” ha disminuido (65,4%) con respecto al informe anterior (2016/2017) (con 84,7%), México ocupa el primer lugar en el ranking de países de Latinoamérica donde el soborno se encuentra más extendido.

Finalmente, visto en retrospectiva, el caso Lozoya despierta sospechas y remite a lo ocurrido al inicio de sexenios anteriores: el encarcelamiento de Jorge Díaz Serrano, director de Petróleos Mexicanos en el sexenio de José López Portillo (1976-1982); el encarcelamiento de Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, líder sindical de Pemez tras la llegada a la presidencia de Salinas de Gortari en 1994, o el encarcelamiento de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente, durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000). La diferencia estriba en que esta vez la detención se da a partir de un caso retomado por la Fiscalía General de la República (FGR), tras una nueva alternancia en el ejecutivo federal y a partir de una investigación iniciada por el procurador Raúl Cervantes durante el sexenio pasado. Así, la continuidad de este y otros casos pondrá a prueba la coherencia discursiva de la nueva administración, que reiteradamente ha asegurado que representa un »cambio de régimen y no solo de partido».