Nicaragua: ¿Qué oportunidades tiene su sistema político?

Nicaragua ha ido gradualmente perdiendo capacidad democrática. El país se estancó en una semidemocracia hasta 2011 por la dificultad de crear una democracia de alta calidad. A partir de ese año dio paso a un autoritarismo competitivo.

El comportamiento intolerante del gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) frente a opositores y la decisión de reelección indefinida del presidente Daniel Ortega ha hecho que germinaran dinámicas de confrontación y polarización que se evidenciaron y profundizaron con el estallido violento del 18 de abril de 2018. Esta coyuntura inauguró el ambiente de desconfianza institucional, pérdida de legitimidad y depresión de la economía existentes, a pesar de los esfuerzos del incumbent (sin consenso), como intentar mantener a flote la economía con reformas de la seguridad social y de la fiscalidad; retomar junto a la Organización de Estados Americanos (OEA) un programa de reformas a la Constitución; y promover una política de paz, después de encarcelar a los “terroristas”, como los definió Ortega.

A casi un año desde el inicio de la crisis del 18A se ha acordado, con unánime apoyo social, establecer, ahora sí, un diálogo político, en el que el gobierno del FSLN y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia tendrán que ceder. Hasta ahora se conoce que se han aprobado cuestiones en 9 de 12 puntos discutidos por las partes, aunque no se han hecho públicos los detalles, y han sido liberados un centenar de opositores. Pienso, como otros tantos, que la experiencia de la década de 1980 y la crisis aguda en Venezuela han influido. La realidad y los intereses se han impuesto. Por un lado, Nicaragua no soporta una brutal caída de la economía sin que haya una gran convulsión social; por otro, muchos tienen bastante que perder: unos dinero, otros poder — obtenerlo nuevamente o adquirirlo de una vez— o ambos. Además, algunos sopesas la posibilidad de ser juzgados.

Cuando se está a las puertas del diálogo, esta nota ofrece un panorama del contexto previo a la crisis del 18A proporcionada por los actuales legisladores, lo que contribuye a comprender el por qué de la evolución del sistema político nicaragüense. Seguidamente, analiza las actitudes de estos actores hacia la democracia, a partir del radicalismo político y la preferencia normativa por la democracia.

La democracia nicaragüense desde los ojos de los diputados

Cuando se pregunta a los ciudadanos por el principal problema de Nicaragua, la respuesta mayoritaria es el desempleo seguido por la pobreza. En la encuesta del proyecto Élites Parlamentarias (PELA) de la Universidad de Salamanca, realizada entre agosto y septiembre de 2017, la última en este país, los diputados electos para el período 2017-2021, nuevamente declararon lo anterior. Y lo que es más importante para este análisis: no dijeron advertir que el sistema político estaba al límite del colapso, habida cuenta de la crisis, desencadenada tan solo siete meses después de realizar la encuesta.

En la valoración grosso modo de la democracia que hicieron estos representantes, el 74,1% de los encuestados aseguró que la democracia era muy estable, siendo miembros del partido de gobierno todos los que respondieron de forma positiva. Por su parte, un 8,6% del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) apuntó la ausencia de estabilidad democrática.

Un segundo factor importante para conocer la valoración del sistema por sus parlamentarios es el de la confianza en las elecciones de 2016. Así, el 81,4% de los encuestados expresó su confianza máxima en dicho proceso (72,9% pertenecía al FSLN). En este punto, la exclusión de organismos nacionales e internacionales de observación electoral y su sustitución por unos aparentemente afines solo ha inducido a dudas, y no nos permite atenernos del todo a las respuestas registradas.

Finalmente, un tercer factor esencial para valorar el ejercicio democrático en Nicaragua es la independencia judicial. Casi un 70% de los consultados afirmó que existe máxima independencia en el poder judicial (67,2% pertenecía al partido de gobierno), mientras un 24,1% opinó lo contrario. Sin embargo, en este tema salta la evidente politización de la justicia, confirmada por el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís, que pretende ser naturalizada con el argumento de la libertad político-ideológica de los magistrados.

Compromiso democrático del parlamento nicaragüense

Al estudiar el surgimiento, supervivencia y caída de las democracias y dictaduras en América Latina, la Academia sostiene que los actores radicales incrementan el riesgo de quiebre de un régimen competitivo, mientras la preferencia de estos por la democracia reduce la probabilidad de ruptura. El enfoque teórico y los datos del PELA aportan para una oportuna reflexión.

En cuanto a la relación inter-partidos en la Asamblea Nacional, el 88,1% de los consultados dijo estar muy de acuerdo con que en una democracia es importante lograr consensos entre distintos puntos de vista (69,5% pertenecía al partido de gobierno) frente a un 10,2% que admitió estar simplemente de acuerdo (5,1% eran diputados del FSLN). Aunque esta lectura es la de un parlamento respetuoso y tolerante con los opositores, no concuerda del todo con los hechos, más allá de que se alegue la participación en la Asamblea Nacional de pequeños partidos sin capacidad de alcanzar el poder.

En el ámbito intrapartido de cara al cumplimiento de la función pública, el 57,6% respondió que vota de acuerdo a las posiciones de su partido ante un conflicto entre las posiciones de este y las necesidades de su departamento (50, 8% pertenecía al FSLN). Este partido es el más disciplinado en el sistema de partidos nicaragüense. El 28,8% del total de diputados consultados dijo atender a las necesidades de su departamento en la labor parlamentaria, y un 10, 2% expresó decidir su voto a partir de la naturaleza de los temas.

Del grupo que admite que su líder es muy poderoso (26,7%), el PLC en comparación con los otros partidos se atreve más a admitir que el poder del líder Arnoldo Alemán es fuerte (10%) mientras un 15% de sandinistas asienten respecto a esta cualidad del también presidente del país Daniel Ortega. Del 75% de sandinistas consultados, el 50% rechazó tal atribución de su dirigente. Esto puede deberse a que quieran evitar que lo etiqueten de autoritario.

Por último, en el grupo de los partidarios por el balance de poderes entre legislativo y ejecutivo (40,7%), el 35,6% pertenecía al FSLN, lo que es interesante si se tiene en cuenta la disciplina partidaria antes mencionada. A pesar de lo anterior, aparece un importante número de funcionarios sandinistas (22,1%) en el grupo que se manifiesta a favor de que el incumbent concentre el poder (23,8%), mientras un 18,7% (PLC y otros) tomó partido por la Asamblea (35,7%). (Consultar gráfico).

En conclusión, mientras en la primera parte del artículo se observa que en Nicaragua los representantes dieron un testimonio sesgado sobre un país estable democráticamente y con jueces independientes, en la segunda destaca, a pesar de ciertas inconsistencias entre lo afirmado (preferencias declaradas) y los hechos acontecidos previos y post crisis del 18A, la honestidad de los parlamentarios al admitir la disciplina partidaria sin renunciar a su preferencia por el balance de poderes entre ejecutivo y legislativo, y a ser partidarios del consenso y la inclusión de otros grupos. De imponerse estas actitudes en el encuentro recién iniciado, en el que participan los dos jefes de bancada del FSLN en el parlamento, habrá más probabilidad de un cambio positivo en el sistema político nicaragüense.

Al diálogo es fundamental ir con un compromiso real por la democracia, sin que nada abone las encuestas que valoran bien la gestión gubernamental pasada y la gestión de la crisis. Los actores deben negociar por encima de sus intereses políticos y económicos. Si como resultado de la negociación, no solo se acuerdan reformas políticas a corto plazo y/o graduales a la Constitución y ley electoral, sino también se corrige el fondo del tema judicial, más allá de un beneficio de arresto domiciliario a presos por delitos menos graves, y se ofrece la posibilidad de plantear reformas a las leyes económicas aprobadas tan solo días atrás, la gobernabilidad y el retorno a la democracia serán posibles. Los ciudadanos, por nuestra parte, debemos estar ojo avizor.