El narco, poder paralelo en México

El primer año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha sido el más violento de la historia de México, como no han dejado de recordar CNN, Fox News o The New York Times. La guerra contra el narco de los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) dejó unos 250.000 muertos y más de 40.000 desaparecidos. Entre enero y septiembre de este año, según cifras oficiales, se registraron ya 25.890 asesinatos, un 1,3% más que en el mismo periodo de 2018, con lo que la marca anual de 2019 superará la de 2018, que ya estableció un récord. En cifras brutas, son más víctimas civiles que las que causó la guerra en Irak en 2006, su peor momento.

Así, no extraña que un 56% de los mexicanos perciba al crimen organizado como una “institución” más fuerte que su desorganizado Estado (33%). De hecho, el presupuesto para seguridad interna no llega al 1% del PIB. Un 40% de las 1.450 empresas que integran la American Chamber of Commerce of Mexico dedican más del 5% de su presupuesto a seguridad.

Un problema geopolítico

Tras el asesinato el 4 de noviembre de tres mujeres y seis niños de una familia mormona mexicano-americana en un desolado tramo del desierto de Sonora, el problema ha adquirido un cariz geopolítico. Lindsey Graham, senador republicano por Carolina del Sur, ha advertido a sus votantes que algunas zonas de México, donde el turismo mueve unos 20.000 millones de dólares anuales, son más peligrosas que Siria.

La tasa de homicidios mexicana ronda los 25 por 100.000 habitantes, frente a los cinco de Estados Unidos. En 2018, un 25% de los asesinatos se concentraron en cinco ciudades: Tijuana, Ciudad Juárez, Cancún, Acapulco y Culiacán.

Los carteles narcos más violentos están Sinaloa y Tamaulipas. Según Falko Ernst, analista para México de Crisis Group, en cada vez más regiones el Estado tienen que negociar casi en igualdad de términos con grupos criminales. El cartel del Noreste, por ejemplo, prohíbe a las gasolineras de Nuevo Laredo servir a vehículos militares o policiales.

Ante el fracaso del gobierno mexicano, Donald Trump ha propuesto una intervención militar para someter a los carteles. Es hasta cierto punto lógico. La violencia amenaza con retrasar la ratificación del nuevo acuerdo comercial con México y Canadá, el USMCA, lo que está ya inhibiendo la inversión exterior en el país en un momento en el que el crecimiento económico es casi nulo. México es el segundo socio comercial de EEUU. Compañías como General Motors, Honeywell, Nordman Group o Medtronic dependen de componentes clave fabricados en México cuyos precios las hacen competitivas a escala global. Trump ha dicho que EEUU va a calificar oficialmente a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, algo que por sus consecuencias jurídicas está lejos de ser un asunto puramente semántico.

Los cárteles mexicanos no tienen reivindicaciones ideológicas o religiosas. Aunque realizan actos de terror –como el ataque con granadas en la plaza mayor de Morelia en 2008 o el coche bomba detonado en Ciudad Juárez en julio de 2010–, no es un rasgo que defina su conducta.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ha declarado que su gobierno consideraría esa decisión como una injerencia. Arturo Sarukhán, exembajador de México en Washington, cree que ese paso permitiría a EEUU, entre otras cosas, limitar la cooperación bilateral y reducir sus importaciones provenientes de México. Empresas que pagan extorsiones y cupos a los carteles podrían incluso ser acusadas de colaborar con el terrorismo.

Todo va a depender de que la opinión del departamento de Estado coincida con la de los del Tesoro y Justicia, y que el Congreso no observe su decisión. La lista negra está integrada por unas 60 organizaciones, la mayoría yihadistas.

El Estado capitula en Cualicán

La batalla del 17 de octubre de Culiacán, la capital sinaloense que fue tomada por unos cuatro centenares de sicarios del narcotráfico para liberar a Ovidio Guzmán López –hijo del exjefe del cartel de Sinaloa, el chapo Guzmán, que hoy cumple cadena perpetua en una prisión de alta seguridad de Colorado–, mostró que el senador Graham no exageraba sobre México.

Guzmán López había sido capturado pocas horas antes por efectivos del ejército y la Guardia Nacional, que movilizaron para la operación a 150 soldados de una unidad de élite, dos helicópteros y siete vehículos blindados. En una ciudad de casi un millón de habitantes, los narcos, armados con fusiles de asalto y moviéndose en convoyes de Hummers blindados, cerraron los accesos a la ciudad, tomaron el aeropuerto y secuestraron a militares y a sus familias exigiendo la liberación de Guzmán. El Estado capituló.

El hijo de El chapo fue liberado para “evitar una matanza”, según la versión oficial. Las fuerzas de seguridad se metieron en la boca del lobo sin prever cómo reaccionaría la bestia acorralada. Durante los tiroteos se fugaron 49 presos del penal vecino de Aguaruto. La batalla dejó ocho muertos y 19 heridos. Las fachadas de edificios, comercios y viviendas quedaron agujereados por las balas.

A la mañana siguiente, AMLO insistió en que “no puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas” y que la decisión fue difícil pero “humana”. Entre el 18 y el 19 de octubre fueron registrados 38 niños con el nombre de Ovidio en Sinaloa.

En Culiacán se mezclaron la ineptitud, las medias verdades, la dilución de responsabilidades, la ruptura de las cadenas de mando y la debilidad del Estado. Gustavo Mohar, consultor de asuntos de seguridad, cree que lo que ocurrió fue una derrota política y policial, pero sobre todo de imagen, porque a partir de ahora los mexicanos ya no podrán percibir a su gobierno del mismo modo. Otro experto mexicano en seguridad, Alejandro Hope, cree que lo único peor a intentar capturar a un capo sin planeación indebida y detonar una batalla campal es hacerlo y acabar liberándolo. En Culiacán las huellas del narco están por doquier: la cadena de gasolineras propiedad de un notorio traficante, los edificios vacíos que sirven de vehículos para lavar dinero, los clubes de golf y resorts custodiados por guardas privados…

Y con el dinero viene la violencia. Unos días antes de la batalla de Culiacán, 14 policías fueron abatidos a tiros en una emboscada en Aguililla, Michoacán, por sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación. Antes, un incendio provocado en un club de Veracruz mató al menos a 27 personas. Y la lista sigue.

‘Abrazos no balazos’

En su campaña, AMLO propuso cambiar “balazos por abrazos”. El problema es que esos lemas pueden ser más o menos efectivos políticamente, pero son inútiles sin una estrategia clara detrás. La Guardia Nacional de 60.000 efectivos creada por el gobierno para sustituir a la desprestigiada policía federal se dedica más a detener y deportar a inmigrantes centroamericanos irregulares que a otra cosa.

La mayor parte de sus miembros proviene del ejército, por lo que no están entrenados para labores policiales. El gobierno parece creer que si reduce la presión policial, los carteles declararán una tregua de facto que le serviría para ganar tiempo mientras la erradicación de la pobreza hace sus supuestos efectos milagrosos sobre la violencia. Pero el negocio del crimen está tan diversificado –con múltiples organizaciones de diverso tamaño dedicadas al secuestro, el contrabando, la prostitución, el chantaje y el tráfico de armas, combustibles y personas– que es ilusorio esperar que vayan a actuar con una mínima cohesión o coherencia.

Los carteles pueden haber sacado de la debacle de Culiacán una lección: si aprietan lo suficiente, el Estado terminará sometiéndose a su voluntad. Calderón se pasó todo su mandato arrestando a capos, como a Edgar Valdez Villareal, o eliminándolos, como a Arturo Beltrán Leyva, con lo que solo logró fragmentar y atomizar sus antes monolíticas organizaciones.

Sin un sistema de justicia que reduzca la impunidad, los narcos seguirán proliferando en los vacíos de poder. Según el Council on Foreign Relations, los consumidores gastaron en 2016 en EEUU unos 150.000 millones de dólares en cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana, un 50% más que en 2010. Gran parte de esas drogas pasan por México. Cada año mueren unas 30.000 personas en EEUU por sobredosis de fentanilo. En los últimos seis años, las capturas de ese narcótico opioide han aumentado exponencialmente en la frontera. En 2018, la US Customs and Border Protection incautó 2.000 libras. En 2013, apenas dos.

Potencia de fuego

El poder económico de los carteles les permite adquirir un poder aun más importante: la potencia de fuego. Desde hace décadas, el país solo tiene una armería administrada por el ejército en Ciudad de México. Los civiles pueden comprar armas en ella, pero a precios muy caros. El rifle más potente que se puede comprar tras pasar estrictos exámenes para obtener la licencia, es de calibre 22.

Pero esas restricciones sirven de poco en un país que tiene un gigantesco mercado negro de armamento de todo tipo. Entre 2007 y 2018, la policía mexicana incautó unas 150.000 armas de fuego cuyo rastro conducía a armerías de Texas, Colorado o Arizona, donde un AK-47 o un AR-15 vale lo mismo que un iPhone.

En 2018, el 70% de las armas capturadas por la policía mexicana fueron fabricadas o vendidas en EEUU. Entre ellas se encuentran fusiles de calibre .50 que disparan balas del tamaño de cuchillos capaces de penetrar blindajes de acero. Una de ellas amputó una pierna a un soldado en Culiacán.